La reforma de la Ley de Dependencia es una de las cuestiones políticas que ha traído consigo un fuerte choque en las últimas horas entre el Gobierno y la oposición del Partido Popular. El equipo de Alberto Núñez Feijóo, junto a Vox, votó en contra este jueves en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados la modificación de la normativa, aunque la medida sí salió adelante para su próxima votación en Pleno. Sin embargo, esta negativa ha generado brechas en las filas de Génova, puesto que era una demanda sostenida en el tiempo por el propio partido y por algunas de sus comunidades autónomas en los últimos años.
Pese a que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, más concretamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, ha logrado así blindar la financiación estatal en dependencia al 50%, alcanzando el objetivo de incrementar la aportación a 6.200 millones de euros a las comunidades autónomas y en aras de evitar posibles y futuros recortes del PP, los conservadores decidieron votar en contra.
La hemeroteca política de los últimos años viene a reflejar que Génova no siempre se posicionó en estos términos sobre la financiación de la dependencia y, sin ir más lejos, hasta hace poco tiempo, defendía incrementarla al 50%, una meta ahora conseguida de la que se han desmarcado.
Voces como la portavoz parlamentaria en la Cámara Baja, Ester Muñoz, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, venían reprochando a Sánchez no elevar la inversión estatal al 50%: “El Gobierno tiene que cumplir la promesa de cofinanciar junto a las comunidades autónomas el sistema de dependencia, el Gobierno se comprometió a soportar ese 50%”, esgrimió la primera.
La hemeroteca del PP retrata al propio PP
Allá por abril de 2022, cuando recién Feijóo aterrizó en el mando nacional de Génova, desde el Congreso de los Diputados, impulsaron una proposición de ley para modificar la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia con la que buscaban blindar, precisamente, que el Estado cubriese el 50% de la financiación.
En la exposición de motivos de los populares hace cuatro años atrás, defendían que “los años de vigencia de esta importante normativa han demostrado la carga mayoritaria del mantenimiento del sistema ha recaído en las comunidades autónomas”, por lo que reprochaban al Gobierno central que “nunca ha aportado la misma cantidad que los ejecutivos autonómicos”.
Dos años más tarde, en 2024, los de Núñez Feijóo reclamaron desde el Senado que Moncloa cumpliese con la financiación “sin excepción”. La iniciativa fue defendida por los senadores Verónica Casal y Bienvenido de Arriba: “No es de recibo que solo se comprometan con determinadas regiones apartándose del interés general por razón de una ambición personal. (…) Un Ejecutivo que se considera social debe atender al bien común, no generar desigualdades entre españoles y una desprotección sin precedentes a los más vulnerables”, subrayó.
No sólo desde el plano nacional, sino que también las comunidades autónomas gobernadas por el PP esgrimieron las mismas demandas en este sentido. Tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado en marzo de 2024, el PP exigió elevar la financiación del Estado al 50% en Dependencia, al tiempo que reprocharon que las autonomías se encontraban “asfixiadas para hacer frente a las prestaciones y derechos del actual sistema”.
Según precisaron entonces desde Génova, consideraron que el Gobierno ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema con “falsos nuevos derechos”, por lo que garantizaron comprometerse con elevar a la mitad el coste del sistema de autonomía cuando Feijóo llegase a La Moncloa.
En la misma dirección, y en casos aún más concretos, se pronunció el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. En junio del mismo año, su consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, condenó que el Gobierno de Sánchez les debe “2.300 millones de euros” en dependencia, exigiendo así el importe del 50%. “El porcentaje de financiación en la Comunidad de Madrid en la atención a la dependencia no solo no ha crecido, sino que ha disminuido. Está en un 27% en el año 2024. Esto supone que, desde que gobierna, Sánchez debe a la dependencia de los madrileños más de 2.300 millones de euros”, estimó, en claro reproche al Ministerio de Bustinduy.
Pese a esta memoria política, ahora que la fase de tramitación parlamentaria se ha materializado y tan sólo queda llegar a la votación, el PP, en nombre del diputado Enrique Belda en la Comisión de Derechos Sociales, defendió este jueves que su voto en contra se debía a la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, aunque no descartaron el apoyo en el Pleno si esta cuestión se resolviese. “Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar incluso antes que el Pleno”, refirió.
La hoja de ruta en dependencia del Gobierno
Como reacción a la postura de Génova, las fuentes de Bustinduy lamentaron esta postura porque “numerosas comunidades autónomas del PP llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%” y es ahora cuando “se convertirá en norma”. Sin olvidar, bajo el mismo marco, que una década atrás, durante el mandato de Mariano Rajoy, se recordaron “en más de 5.000 millones de euros” el sistema.
Sánchez, por su parte, también lamentó la posición adoptada por la oposición, acusando así a Feijóo de “ir contra las personas en situación de dependencia”, además de la reciente polémica sobre las bajas laborales: “La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia. No son lapsus, son sus ideas”, reprochó en redes sociales.
El ministro de Derechos Sociales ha venido apelando en todo momento al consenso político, aunque no ha terminado por darse. Precisamente, el Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con “la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia”: 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Entre las mejoras que prevé la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, destaca la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012. También establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio, incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos, como la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad y contempla que amigos y vecinos puedan ejercer como cuidadores formales, permitiendo que reciban la prestación por cuidado en el entorno familiar.
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