La crisis de la vivienda abre una nueva brecha en el el seno del Partido Popular. Mientras el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo y sustentado por Coalición Canaria y el PP, ha defendido limitar la compra de inmuebles para proteger a los residentes, la dirección nacional popular mantiene sus reservas ante las fórmulas que restringen el mercado y apuesta por la línea expuesta por Alberto Núñez Feijóo durante la campaña: construir más.
La propuesta canaria va más allá de los incentivos a la construcción o de las medidas fiscales. El Ejecutivo autonómico ha remitido al Gobierno central un borrador legislativo que plantea exigir diez años de residencia ininterrumpida en las islas, o quince de forma discontinua, para poder adquirir una vivienda. También propone limitar a dos el número de inmuebles que puede comprar una misma persona, con la condición de que estén situados en municipios diferentes. La iniciativa busca frenar la presión de la demanda sobre un territorio con suelo limitado y dificultades crecientes para que sus habitantes puedan comprar una casa en el contexto actual.
La propuesta de Clavijo pone al PP ante una disyuntiva incómoda: darle luz verde a la iniciativa, que propone respaldar una intervención que considera necesaria en el territorio insular, o mantener una posición coherente con el discurso económico de Génova, más favorable a ampliar la oferta y no aplicar restricción alguna sobre el mercado.
Una medida que se sale de la norma en el PP
El argumento del Ejecutivo de Clavijo parte de una realidad territorial difícil de ignorar. Canarias no puede ampliar indefinidamente su superficie urbanizable y soporta una demanda residencial vinculada tanto al crecimiento demográfico como al atractivo turístico y a la llegada de compradores extranjeros. Según los datos recogidos en la información publicada sobre la propuesta, el 27,4% de las compraventas de vivienda en el archipiélago corresponde a extranjeros no residentes, un porcentaje que alcanza el 34% en Santa Cruz de Tenerife.
Para el Gobierno autonómico, esa presión contribuye a encarecer el acceso a la vivienda y desplaza a parte de la población local hacia municipios periféricos o soluciones residenciales cada vez más precarias. La iniciativa pretende reservar las oportunidades de compra, al menos parcialmente, a quienes mantienen un vínculo estable con las islas. El borrador incorpora además restricciones para las personas jurídicas, de manera que las empresas solo puedan adquirir viviendas cuando su finalidad sea venderlas o alquilarlas a personas físicas. También contempla que los ayuntamientos puedan regular determinadas operaciones en función de la residencia y establecer limitaciones al alquiler vacacional en zonas concretas. El propósito declarado es evitar que el parque residencial quede subordinado a usos turísticos o inversiones ajenas a las necesidades habitacionales de la población.
Para que se apruebe, Canarias necesita el respaldo del Estado para impulsar los cambios legislativos y, además, pretende abrir una vía en el ámbito europeo que permita excepciones específicas para territorios ultraperiféricos. El Gobierno autonómico defiende que la insularidad y las limitaciones físicas justifican un tratamiento singular, pero la libre circulación de capitales y las normas comunitarias suponen claros obstáculos estructurales para la aprobación de una medida de esta índole.
La postura de Génova
La posición de la dirección nacional del PP responde a otra interpretación de la crisis. Alberto Núñez Feijóo ha defendido un modelo centrado en aumentar la oferta, rebajar la fiscalidad y facilitar la construcción de nuevas viviendas. Entre las propuestas populares figuran impulsar la edificación de un millón de casas en cuatro años, reducir impuestos asociados a la compra y facilitar avales públicos para que los jóvenes puedan acceder a su primera propiedad, pero en ningún caso establecer una regulación de precios o un límite sobre la cantidad de inmuebles que pueda poseer una persona. El partido también plantea eliminar las zonas tensionadas y cuestiona las políticas que, a su juicio, reducen la oferta disponible o generan inseguridad jurídica para los propietarios.
Su rechazo a los recientes decretos estatales de vivienda responde a esa misma orientación: el PP considera que las medidas intervencionistas no solucionan el desequilibrio entre oferta y demanda. Así las cosas, la diferencia con Canarias es significativa. Allí, el problema se presenta como una emergencia territorial que podría exigir actuar también sobre quién compra y con qué finalidad.
El dilema de un partido con responsabilidades distintas
La discrepancia ilustra una dificultad habitual en los partidos que gobiernan simultáneamente en distintos niveles administrativos. Las recetas económicas defendidas desde la oposición nacional no siempre encajan con las necesidades que afrontan sus representantes territoriales cuando deben responder a problemas concretos, y en Canarias, el PP participa en un Ejecutivo que considera necesario explorar restricciones excepcionales para proteger el acceso residencial. Apartarse de esa estrategia podría debilitar su posición para con del Gobierno autonómico y alejarlo de una preocupación que afecta directamente a numerosos ciudadanos, pero darle respaldo sin matices haría a Génova incurrir en una contradicción clara con su discurso nacional.
La cuestión resulta especialmente delicada porque la propuesta de Clavijo no distingue exclusivamente entre compradores españoles y extranjeros, sino que se centra en la residencia prolongada, lo que permitiría presentar la medida como una protección de quienes viven habitualmente en las islas, independientemente de su nacionalidad. Aun así, las restricciones podrían afectar a personas que desean trasladarse al archipiélago y plantear dudas sobre su proporcionalidad y compatibilidad con el derecho europeo. A su vez, la medida es una por sí sola, pero para que tuviera efectos duraderos, tendría que acompañarse de nueva construcción, vivienda pública, rehabilitación de inmuebles vacíos y una regulación eficaz de los usos turísticos.
La vivienda como prueba política
El enfrentamiento entre Canarias y Génova trasciende una discusión técnica sobre el mercado inmobiliario. La vivienda se ha convertido en una cuestión central para la ciudadanía y en un terreno de competencia electoral donde las declaraciones generales deben traducirse en soluciones concretas. El Gobierno canario quiere que el Estado y la Unión Europea admitan que determinadas circunstancias territoriales justifican intervenir sobre la demanda, remando a la contra de la dirección nacional del PP, que sigue enrocado en sus visiones sobre el libre mercado y las reducciones fiscales.
Por ahora, el borrador es una propuesta política y legislativa pendiente de aprobación, y su futuro dependerá de la respuesta del Gobierno central, de la viabilidad jurídica y de la capacidad de Canarias para demostrar que las restricciones serían proporcionadas y eficaces. Pero el debate ya ha dejado una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿puede el PP defender la libertad del mercado en toda España y admitir excepciones cuando sus propios gobiernos consideran que ese mercado deja fuera a sus residentes?
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