El Partido Popular, que ha convertido las críticas al gasto público y a los denominados "chiringuitos" del Gobierno en uno de sus argumentos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, encabeza el reparto de las subvenciones destinadas a fundaciones políticas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes un real decreto que reserva un máximo de 350.000 euros para financiar actividades de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos con representación en las Cortes Generales. Las entidades relacionadas con el PP podrán acceder a 119.605,43 euros, la mayor cantidad prevista, por delante de las vinculadas al PSOE, con 96.735,38 euros.
La coincidencia se produce después de que los populares hayan cuestionado reiteradamente determinadas estructuras y partidas financiadas con dinero público. El pasado 16 de septiembre, el diputado Sergio Sayas denunció lo que calificó como "chiringuitos inmobiliarios" del Gobierno y criticó el gasto asociado a sus políticas de vivienda. Meses antes, en junio, la diputada Pilar Alía había acusado al Ejecutivo de utilizar empresas públicas como "chiringuitos políticos". Ambas declaraciones fueron difundidas por el propio PP.
Las críticas, sin embargo, no se referían a las subvenciones para fundaciones políticas que ahora regula el Ministerio de Cultura. Tampoco consta que el PP haya solicitado su supresión o rechazado esta línea de financiación. El contraste está en el discurso de la formación sobre determinados gastos públicos y su posición en un reparto que se establece por ley, en función de los resultados electorales y con independencia de las valoraciones políticas de los beneficiarios.
El Real Decreto 852/2026, de 21 de octubre, aprobado a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, regula la concesión directa de estas ayudas para financiar los gastos de funcionamiento derivados de actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social. Las cuantías corresponden a las entidades vinculadas a cada formación y se calculan proporcionalmente a la representación obtenida en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Casi 120.000 euros para las fundaciones vinculadas al PP
Las fundaciones y asociaciones relacionadas con el PP podrán recibir hasta 119.605,43 euros, mientras que las del PSOE tienen reservados 96.735,38 euros. El reparto contempla por separado otros 17.899,92 euros para las entidades vinculadas al PSC, de manera que la suma de ambas asignaciones socialistas alcanza los 114.635,30 euros, ligeramente por debajo de la cantidad prevista para las organizaciones relacionadas con los populares.
Figuran a continuación las entidades vinculadas a Vox, con 44.803,47 euros, y a Sumar, con 44.627,54 euros. La diferencia entre ambas asignaciones no llega a los 176 euros. También podrán optar a estas subvenciones las organizaciones relacionadas con partidos de ámbito territorial que obtuvieron representación parlamentaria en 2023.
Así, las entidades vinculadas a ERC tienen asignados 6.830 euros; las de Junts, 5.795,42 euros; las de EH Bildu, 4.911,65 euros; y las del PNV, 4.063,95 euros. El reparto se completa con 2.256,95 euros para las fundaciones y asociaciones del BNG, 1.705,42 euros para las de Coalición Canaria y 764,87 euros para las relacionadas con UPN.
La norma fija los importes máximos a los que podrán acceder las entidades beneficiarias. No significa que las cantidades hayan sido ya concedidas ni abonadas, puesto que las organizaciones interesadas deberán presentar sus solicitudes y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Cultura.
El reparto tampoco supone un incremento respecto a ejercicios anteriores. Las normas que regularon estas ayudas en 2024 y 2025 establecieron las mismas cantidades, tomando como referencia los resultados de las últimas elecciones generales. Por tanto, la publicación de este viernes regula la financiación correspondiente a 2026, pero no introduce una modificación en los criterios de distribución ni en los importes previstos.
Qué actividades pueden financiar las fundaciones políticas
El real decreto establece que las entidades beneficiarias deberán incluir entre sus fines estatutarios de interés general el desarrollo de actividades culturales, incluido el estudio y desarrollo del pensamiento político y social. Además, tendrán que acreditar su vinculación con una formación parlamentaria y estar inscritas en los registros correspondientes.
Los fondos podrán financiar programas de investigación, cursos, seminarios, conferencias, actividades de formación, exposiciones, congresos y reuniones. También se contemplan el mantenimiento de centros de documentación, la edición de publicaciones y otras iniciativas relacionadas con los objetivos culturales y de investigación de las organizaciones.
Entre los gastos admitidos figuran determinados costes de personal, viajes, alojamiento, alquileres de locales, servicios técnicos y difusión de las actividades. Por el contrario, quedan excluidos con carácter general las obras en inmuebles, la adquisición de equipamiento que incremente el patrimonio de las entidades y los gastos de amortización.
El Gobierno justifica la concesión directa de las ayudas, sin concurrencia competitiva, por razones de interés público, social y cultural. El decreto señala que los Presupuestos Generales del Estado ya delimitan las características de las entidades destinatarias y vinculan el reparto a la representación parlamentaria de los partidos. De ahí que el Ejecutivo considere que no procede aplicar el sistema ordinario de competencia entre solicitantes.
Esta financiación tiene una finalidad específica y no debe confundirse con las subvenciones ordinarias que reciben directamente los partidos políticos, ni con las ayudas destinadas a sufragar campañas electorales. En este caso, los fondos se dirigen a asociaciones y fundaciones vinculadas a las formaciones políticas para cubrir gastos relacionados con las actividades previstas en la norma.
Diez días para solicitar las subvenciones
Las entidades interesadas dispondrán de diez días desde la entrada en vigor del decreto para presentar sus solicitudes ante el Ministerio de Cultura. Deberán acompañarlas de una memoria de actividades, un presupuesto detallado de ingresos y gastos y la documentación que acredite su vinculación con el partido correspondiente.
Cuando una misma formación tenga varias fundaciones o asociaciones que opten a las ayudas, deberá especificarse qué porcentaje de la cantidad asignada corresponde a cada una. La Subsecretaría de Cultura será la encargada de resolver las solicitudes en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma.
Las entidades beneficiarias también tendrán que justificar el destino del dinero público, conservar la documentación acreditativa de los gastos y someterse a los controles de la Administración y del Tribunal de Cuentas. El incumplimiento de las condiciones podrá dar lugar a la devolución de las cantidades percibidas.
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