El PP agita la crisis del Gobierno para bloquear la renovación del Constitucional

El bucle que no cesa. Ya ocurrió con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora se vivirá un escenario similar con el Tribunal Constitucional. El mandato de su presidente, Cándido Conde Pumpido, y de otros tres miembros del órgano elegidos por el Senado (de un total de 12 que lo componen) caduca la próxima semana. El Gobierno lleva semanas urgiendo al Partido Popular a negociar la renovación de la Corte de garantías, pero los conservadores han optado por hacer oídos sordos a las propuestas de Moncloa, con el consiguiente enfado del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ya se vio en la última sesión de control al Ejecutivo esta semana, donde chocó con el número dos de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, quien agitó la corrupción y la “descomposición” de la coalición como excusa para no atender a la llamada de los socialistas.

La situación es familiar en la política española, ya que no hace tanto, Partido Popular y Partido Socialista tuvieron sus más y menos a colación de la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces. Un escenario de bloqueo que perduró durante más de un lustro (unos 2.000 días) y que derivó en un acuerdo a las puertas del verano de 2024. España, más bien la Justicia, vive su particular día de la marmota. Esta vez con el Tribunal Constitucional y una nueva excusa a la que se aferra el Partido Popular y que levanta sospechas en el PSOE. Los conservadores se han negado abiertamente a atender la llamada del ministro Bolaños. Lo han hecho incluso públicamente, apostados bajo el mantra de la corrupción que atribuyen al ala socialista de la coalición y a la proliferación de presuntos casos de acoso sexual en alguno círculos de poder de Ferraz y Moncloa.

Negativa 'popular'

Así respondió Tellado este pasado jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación, a la oferta que Bolaños le trasladó en sede parlamentaria un día antes. El ministro de Justicia emplazó a los conservadores a fijar fecha exacta para iniciar las negociaciones de renovación de los cinco puestos que caducan este próximo 17 de diciembre. Propuesta que, por otro lado, descolocó al Partido Popular, habida cuenta de que en su fuero interno sospechaban que el PSOE trataría de postergar al máximo la remodelación del Constitucional. Tanto es así que, a última hora, algunas voces conservadoras transmitían en privado que era luz de gas y que no había nada que hablar.

Posición refrendada por el propio Tellado en público 24 horas más tarde, cuando justificó que con “este Gobierno no se puede pactar nada”.  Y menos aún – continuó – en un escenario como el actual, en el que afloran informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las tramas de José Luis Ábalos, Koldo, Santos Cerdán o la más reciente detención de Leire Díez. Según publica el diario El País, en Génova incluso utilizan la palabra “descomposición” para atribuírsela al Ejecutivo y refrendar su posicionamiento. En otras palabras, no hay intención por parte del PP para negociar absolutamente nada.

Los populares se escudan en que la renovación del Constitucional ahora no supone un aliciente ni un impulso electoral cuando el foco está centrado en los escándalos que salpican a sus adversarios. Máxime en un escenario demoscópico de crecimiento de Vox, a quienes los conservadores tratan de contener para frenar la sangría que recopilan algunas encuestas – aunque parece haberse frenado en las últimas semanas -. Además, también en este sentido, saben que suscribir cualquier pacto con el PSOE en estos momentos proporcionaría más munición en su contra para los ultraderechistas. Así que, la tesis en Génova es que no se puede llegar a ningún acuerdo con un Ejecutivo que “está volando por los aires”.

Sospechas en Moncloa

El ministro de Justicia pilló desprevenidos a los conservadores en sede parlamentaria, urgiéndoles a buscar un hueco en la agenda para concertar la primera toma de contacto para renovar el órgano constitucional. Lo hizo, además, con un recordatorio repleto de ironía y cierta malicia, al evocar los más de 2.000 de bloqueo al que sumieron al Consejo General del Poder Judicial. Así, subrayó que PP y PSOE están “obligados por la Constitución” a alcanzar un pacto y aprovechó para tirarla con onda a Génova: “No es un partido de incumplir la Constitución cinco años y medio. Es de cumplirla a rajatabla y en plazo”.

Pero ironías aparte, fuentes del Gobierno consultadas por ElPlural.com apuntan a que la posición el Partido Popular se basa en el puro tacticismo político. Es más, las tesis de los socialistas sugieren que los conservadores han apostado por el bloqueo hasta después de las próximas elecciones generales, previstas para 2027, porque se aferran al deterioro progresivo de la izquierda para aspirar a disponer – junto con Vox – de los 3/5 del Senado que necesitan para quedarse con los cuatro miembros elegidos por la Cámara Alta y, así, voltear la mayoría progresista que impera en la Corte de garantías. Hasta la fecha, esos puestos siempre han nacido fruto de un pacto entre los dos grandes partidos tradicionales.

El juego de mayorías

El tablero de juego en el Constitucional cambia cada nueve años, con la renovación de los dos magistrados designados directamente por el Gobierno. Los otros diez que componen el órgano se reparten con un equilibrio entre progresistas y conservadores (5 a 5). Es precisamente la elección de Moncloa la que provoca que la balanza se decante, como en el supuesto actual, con una mayoría de miembros progresistas tras la renovación de 2022. Pero antes de ella, durante la etapa de Mariano Rajoy en el Ejecutivo, los conservadores tenían la mayoría.

El escenario es especialmente sensible para el Gobierno, habida cuenta de que si PP y Vox logran una mayoría clara en las próximas generales, los conservadores controlarían prácticamente todas las instituciones, lo que les concedería un boleto directo para hacer lo propio con el Constitucional, el último reducto de tintes progresistas. De ahí que en el fuero interno de Moncloa existan las sospechas de que los conservadores busquen replicar su estrategia de bloque perenne como hicieran con el CGPJ. No obstante, de no producirse la renovación, tanto Conde-Pumpido como el resto de magistrados seguirán en sus puestos con el mandato prorrogado y con legitimidad para resolver cuestiones de calado nacional, como el eventual amparo a la amnistía a Carles Puigdemont, movimiento que puede ser crucial para que la coalición recupere la mayoría en el Congreso.