En la segunda reunión mantenida este miércoles entre el Gobierno con el Partido Popular a cuenta de la guerra arancelaria declarada por Donald Trump a la comunidad internacional, la brecha se ha abierto aún más entre las partes. Los populares, en voz de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, han acusado a Moncloa de haberles "dejado fuera" del plan y advierten de que, si no se produce un cambio de rumbo, no apoyarán el decreto.
“Donde está el Partido Popular, hay propuestas y soluciones. Donde está el PSOE, hay muros. (...) No se puede pedir nuestro respaldo cuando no se acepta ni una sola propuesta de las que reclaman empresas, autónomos y trabajadores", ha esgrimido.
De esta manera, Génova da prácticamente por rotas las negociaciones con el Gobierno tras la reunión de Bravo con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles al considerar que no han aceptado ninguna de sus medidas propuestas. “No hemos venido a ser la muleta del Gobierno, sino que nuestro objetivo era ser capaces de trasladar al BOE las propuestas a los sectores que nos habían reclamado cuestiones importantes en materia de política energética, infraestructuras, energía y agua”, ha valorado tras el encuentro.
Y es que ha suscrito que el PP remitió hace 23 días un plan al Gobierno central en medidas de energía, ayudas, agua y fiscalidad, lamentando así que se han encontrado un “no a todo” como respuesta, lo que aducen a un “bloqueo”.
Asimismo, y con el telón de fondo del reciente apagón masivo, los de Alberto Núñez Feijóo continúan defendiendo el plan estratégico de la energía nuclear para la seguridad energética de España.
La hoja de ruta del PP, al detalle
La batería de medidas planteada por el PP pretende "mejorar" el texto del Gobierno de Pedro Sánchez ante la ofensiva arancelaria de la Administración Trump; una hoja de ruta que incluye medidas fiscales y energéticas destinadas a reforzar la competitividad de las empresas y proteger a los sectores más expuestos, como el industrial y el primario.
En concreto, el plan del PP plantea eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética -la aplicación de ambas supondría 16.000 millones de euros para hogares e industria en los precios de la energía en los próximos cinco años-, elaborar un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua, y ampliar la vida útil de las nucleares.
Este último aspecto es clave para el PP. De hecho, a primeros de abril el Grupo Popular registró en el Congreso una proposición de ley para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, empezando por Almaraz (Cáceres), y defender así la soberanía energética de España. Los 'populares' subrayan que, tras el apagón, el tema de las nucleares es más relevante aún, según fuentes de la formación.
"Nosotros hemos hecho nuestro trabajo cuando se nos ha llamado hemos estado cuando hemos estado hemos hecho propuestas", ha defendido Bravo.
Próximo debate en el Congreso
Bajo este telón de fondo, remarcar que el Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo jueves el Real Decreto-Ley impulsado por el Gobierno para proteger a la economía del posible impacto de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos.
El presidente Sánchez anunció a principios de abril la movilización de un total de 14.100 millones de euros con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la guerra comercial emprendida por Estados Unidos "y tejer un escudo" que proteja a la economía española. Dentro de todas las medidas que incluye el plan, las que se activan con el real decreto-ley ascienden a un total de 7.720 millones de euros.
Entre otras medidas a tener en cuenta, se activará una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades que vayan a tener una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado de Estados Unidos.
También se reforzará el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con un margen adicional de 720 millones, en aras de conseguir que las empresas puedan diversificar o reforzar su presencia en Estados Unidos y diversificar sus exportaciones para disminuir el riesgo para ser más resilientes.
Por último, se activan 2.000 millones también para el esfuerzo de internacionalización, a través del CESCE y su sistema 'CARI', que asemeja a un seguro de tipo de interés, para el apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios.