El Juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado investigar a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, por usar, presuntamente, un bolígrafo grabador para captar conversaciones de sus compañeros de partido. Una investigación abierta tras el hallazgo de un dispositivo de grabación oculto en las dependencias del grupo parlamentario de la formación y presentar dos diputados y dos asesores de la formación política la denuncia un día después de encontrar el dispositivo.
La decisión del magistrado se recoge en un auto difundido este jueves, en el que considera que existen indicios suficientes para dirigir el procedimiento contra ella y citarla a declarar en calidad de investigada. El instructor fundamenta esta decisión en el contenido de varias grabaciones localizadas en el dispositivo, así como en el contexto político de posible rivalidad política a nivel interno en la formación y en la relación de la portavoz con el asesor que presuntamente utilizó el bolígrafo para registrar conversaciones.
Según detalla la resolución judicial, el dispositivo contenía un total de 25 archivos de audio. Tras el análisis de su memoria, los investigadores comprobaron que en tres de esas grabaciones aparece una mujer cuya voz ha sido identificada por tres personas como la de Leticia Díaz. Para el magistrado, esas conversaciones evidencian que la portavoz conocía la existencia del bolígrafo grabador, sabía cómo funcionaba y era consciente del uso que se pretendía dar al aparato.
Uno de los elementos que más peso tiene en el auto es una conversación en la que la mujer pregunta: "¿De ahí vamos a sacar grandes cosas?", una frase que el juez interpreta como un indicio de que esperaba obtener información de interés mediante las grabaciones. En otro de los audios, ambos interlocutores comentan el funcionamiento del dispositivo. El asesor pregunta si el aparato está encendido y la mujer responde que acaba de activarlo tras comprobar que se ha iluminado una luz roja. En una tercera conversación, el trabajador le explica paso a paso cómo iniciar y detener la grabación, mientras ella sigue atentamente las instrucciones.
El magistrado considera que estos diálogos no pueden analizarse de forma aislada, sino que deben ponerse en relación con el ambiente de enfrentamiento interno que atravesaba entonces el Grupo Parlamentario de Vox en Cantabria. Tras las elecciones autonómicas de 2023, la formación obtuvo cuatro escaños y, desde los primeros meses de la legislatura, comenzaron a aflorar importantes discrepancias entre sus representantes. Según recuerda el auto, la rivalidad política enfrentaba principalmente a Leticia Díaz con los diputados Cristóbal Palacio y Armando Blanco, un conflicto que también acabó trasladándose a los asesores del grupo.
Precisamente fueron Palacio, Blanco y dos asesores quienes presentaron la denuncia en 2024, un día después de encontrar el bolígrafo grabador sobre la mesa del despacho ocupado por el asesor que trabajaba para la portavoz parlamentaria. En su escrito sostuvieron que sospechaban que el dispositivo se había utilizado para registrar de manera clandestina conversaciones mantenidas entre los trabajadores del grupo, con el propósito de obtener información que pudiera perjudicar a algunos de ellos en el marco de la pugna interna que vivía la organización.
Durante la investigación, tanto los dos diputados como los asesores denunciantes coincidieron en señalar que el trabajador investigado desarrollaba su labor prácticamente en exclusiva para Leticia Díaz. Ese extremo es considerado por el instructor un elemento relevante, ya que refuerza la hipótesis de una posible actuación coordinada entre ambos.
En consecuencia, el juez entiende que la suma de los indiciosresulta suficiente para atribuir provisionalmente a Leticia Díaz una posible participación en los hechos. Por ese motivo, acuerda ampliar la investigación contra ella y citarla a declarar como investigada para que pueda ofrecer su versión de lo ocurrido.
La resolución judicial no implica, en cualquier caso, un pronunciamiento sobre su culpabilidad, sino que responde a la necesidad de esclarecer los hechos y determinar el grado de implicación de cada una de las personas investigadas. El procedimiento continúa en fase de instrucción y será el desarrollo de las diligencias el que determine si existen pruebas suficientes para continuar con el proceso.
El auto no es firme y contra él cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días o un recurso de apelación en el de cinco, por lo que la decisión del magistrado todavía puede ser revisada por una instancia superior.
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