El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha encontrado en la derecha un recibimiento mucho más matizado de lo que podría sugerir la satisfacción por el final anticipado de la legislatura.
El Partido Popular celebra la convocatoria porque llevaba tiempo reclamando que los españoles acudieran a las urnas, pero sus principales dirigentes han comenzado a introducir cautelas, advertencias y reproches sobre las condiciones en las que se desarrollará el proceso.
En paralelo, Vox ha elevado todavía más el tono: Santiago Abascal no solo ha evitado dar por descontado un determinado resultado, sino que ha sembrado dudas sobre el procedimiento electoral y ha advertido de posibles “trampas” del Gobierno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes que los ciudadanos no recurran al voto por correo en los comicios del 29 de noviembre ante la posibilidad, según su interpretación, de que puedan producirse “adulteraciones”.
La dirigente madrileña ha vinculado esta advertencia con la evolución del censo y con las consecuencias electorales que atribuye a las regularizaciones de ciudadanos españoles residentes en el extranjero, al tiempo que ha anticipado un posible crecimiento de la representación madrileña de hasta siete escaños.
Ayuso ha sostenido que España dispone, “en teoría”, de un sistema de recuento de votos garantista, pero inmediatamente después ha alertado sobre las modificaciones del censo y ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo estará “pendiente de la adulteración" y dispuesto a librar "todas las batallas” que considere necesarias en defensa de la democracia.
Abascal, por su parte, ha optado por una estrategia distinta, aunque coincidente en un punto esencial: rebajar cualquier expectativa de victoria anticipada y mantener activado el estado de alerta de su electorado. “Van a ser muy inciertas”, ha advertido sobre las elecciones en una entrevista en Espejo Público. El dirigente de Vox ha recordado el precedente de 2023 para justificar su cautela: las encuestas pronosticaban entonces un escenario que finalmente no se tradujo en una mayoría de Gobierno de PP y Vox.
El voto por correo, terreno de sospecha
Ayuso ha situado el voto por correo en el centro de sus advertencias. La presidenta madrileña ha reclamado a los españoles que no utilicen esta modalidad de sufragio y ha relacionado su petición con las eventuales alteraciones que, según sostiene, podrían producirse durante el proceso.
Su argumento se apoya en una cuestión real —la evolución del censo electoral y las modificaciones derivadas de las sucesivas leyes de nacionalidad—, pero da un salto interpretativo al presentar esas circunstancias como una posible fuente de “adulteración” electoral. La inscripción de electores en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y las reglas que determinan la atribución de escaños son procedimientos regulados y sometidos a control institucional; convertir su mera existencia en indicio de fraude requiere pruebas que no han sido aportadas en las declaraciones citadas.
La presidenta madrileña ha puesto el acento, en particular, en la denominada “ley de nietos”. Según ha explicado, Madrid es una de las comunidades donde más habría aumentado el censo vinculado a estas regularizaciones. La Comunidad de Madrid ha trasladado esta cuestión a la Junta Electoral Central reclamando que se tenga en cuenta la última residencia y no únicamente la adscripción al CERA.
Ayuso ha ido más allá al plantear un supuesto efecto sobre el reparto de escaños. Ha explicado que una variación relativamente pequeña del número de votos podría resultar determinante en circunscripciones donde la distancia entre partidos es reducida y ha cuestionado que el elector pueda quedar adscrito a una determinada circunscripción cuando no elige expresamente cuál.
La consecuencia política de esta argumentación es relevante: el debate deja de situarse exclusivamente en las propuestas electorales y se desplaza hacia la legitimidad del mecanismo mediante el que se contabilizan los votos. Es una frontera especialmente delicada, porque la confianza en las elecciones constituye uno de los elementos esenciales de la estabilidad democrática.
Ayuso: del entusiasmo por las urnas a la advertencia sobre el censo
La dirigente madrileña también ha defendido que Madrid podría incrementar notablemente su representación parlamentaria. Ha situado el posible crecimiento en hasta siete diputados, tres de ellos vinculados, según su interpretación, al impacto de las regularizaciones.
En paralelo, ha denunciado que algunas personas pueden terminar vinculadas a la comunidad autónoma que consideren más conveniente y ha señalado a Madrid como destino especialmente atractivo por su dimensión y por la calidad de sus servicios públicos.
Pero el argumento electoral de Ayuso no se limita a las reglas censales. La presidenta ha utilizado además el contexto político para justificar su desconfianza. Ha hablado de una sucesión de “siete escándalos diarios” protagonizados por el Gobierno y ha advertido de una suerte de habituación colectiva a lo que denomina una “decadencia” que considera “infecciosa”.
El mensaje combina, de esta forma, dos planos diferentes: una reivindicación de controles sobre el censo y una acusación política de deterioro institucional. La primera cuestión puede ser objeto de revisión administrativa y jurisdiccional; la segunda pertenece al terreno de la confrontación partidista. La separación entre ambas resulta esencial para no convertir una discrepancia política en una imputación de fraude sin acreditación.
Abascal: ni euforia ni confianza en las encuestas
Santiago Abascal ha optado por no dejarse arrastrar por los sondeos favorables a la derecha. Preguntado por la posibilidad de convertirse en vicepresidente, ha respondido que ha aprendido a “no ponerse en posiciones inadecuadas” y a “no vender la piel del oso antes de cazarlo”.
El recuerdo de 2023 vertebra su prudencia. Abascal sostiene que entonces las encuestas dibujaban un escenario semejante al actual y que Pedro Sánchez terminó articulando una mayoría parlamentaria con sus socios. La advertencia tiene una finalidad evidente: mantener movilizado al electorado de Vox y evitar que una expectativa elevada de cambio produzca desmovilización.
Pero el dirigente ultraderechista acompaña esa cautela de una ofensiva verbal contra Sánchez. Ha definido al presidente como un “personaje psicopático” y ha cuestionado frontalmente el balance ofrecido por el jefe del Ejecutivo durante su declaración institucional.
Frente al relato de Sánchez sobre los avances sociales, Abascal ha contrapuesto una España en la que, a su juicio, las familias tienen dificultades para llegar a final de mes. También ha convertido la vivienda en uno de los principales campos de batalla y ha afirmado que desde 2018 los precios de compra habrían aumentado un 74% y los alquileres un 40%.
La vivienda como arma contra Sánchez
La coincidencia en la vivienda como asunto central de la campaña resulta significativa. Sánchez la ha situado entre los principales problemas que su próximo Gobierno debería abordar, mientras Abascal pretende utilizar la evolución de los precios como argumento contra la gestión socialista.
El líder de Vox ha acusado al Ejecutivo de presentar un “cuadro de color rosa” alejado de la realidad de las familias y ha invertido el diagnóstico presidencial: si Sánchez considera que ha tenido la peor oposición de la historia, Abascal responde preguntando si España ha tenido el mejor Gobierno de la historia.
La disputa sobre la vivienda queda así integrada en una batalla más amplia sobre el balance de la legislatura. Para el Gobierno, constituye uno de los principales desafíos pendientes; para Vox, evidencia el fracaso de las políticas desarrolladas durante estos años.
El fantasma de la “trampa” electoral
La ofensiva de Abascal alcanza directamente al proceso electoral. “Cuento con cualquier cosa respecto a esa votación y el proceso electoral y a los intentos de Sánchez de hacer cualquier tipo de trampa”, ha afirmado.
La acusación se produce en un contexto de fuerte confrontación por los decretos de vivienda y por su tramitación parlamentaria. Abascal ha cuestionado la actuación del Gobierno y ha utilizado expresiones como “ilegalidad manifiesta” y “fraude de ley”, además de acusar a Sánchez de intentar “asaltar al Tribunal Constitucional”.
Ninguna de estas afirmaciones equivale, por sí misma, a la acreditación de un fraude electoral. La diferencia entre denunciar una posible irregularidad, cuestionar jurídicamente una decisión parlamentaria y afirmar que existe una manipulación de las elecciones no es semántica: afecta directamente a la confianza en las instituciones.
El mismo marco de sospecha aparece en la petición de no votar por correo. El discurso de Vox y las declaraciones de Ayuso convergen así en un terreno especialmente sensible: la presentación de un proceso electoral futuro como susceptible de ser manipulado antes incluso de que se produzca la votación.
Una campaña construida sobre la desconfianza
El adelanto electoral abre, de este modo, una campaña en la que la derecha afronta una paradoja. La convocatoria que durante meses reclamó es recibida como una oportunidad para desalojar al PSOE del Gobierno, pero el discurso que acompaña sus primeras reacciones introduce una cautela creciente: las encuestas no bastan, la movilización será decisiva y las instituciones deberán ser vigiladas.
La cuestión no es menor. En una contienda electoral, cuestionar al adversario forma parte de la confrontación democrática; cuestionar sin pruebas la limpieza del procedimiento puede erosionar precisamente aquello que todos los partidos están llamados a proteger. La campaña del 29 de noviembre acaba de comenzar y, antes incluso de que se abra el periodo electoral, la batalla por el relato sobre la legitimidad del resultado ya está en marcha.
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