La investigación sobre lo que pudo ocasionar el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz que acabó con la vida de 46 personas sigue su curso. Pero ahora es la Policía Judicial de la Guardia Civil la que requiere a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que amplíe detalles sobre las supuestas “incongruencias” que esta detectó en el informe sobre las soldaduras de los dos raíles de la vía donde tuvo lugar el accidente.
Fue el pasado 10 de febrero cuando el presidente de la CIAF, Íñigo Barrón, advirtió a la Guardia Civil que había detectado “incongruencias” en los documentos que le envió Ayesa, la empresa responsable de certificar que las soldaduras del tramo del accidente se habían realizado debidamente. Sin embargo, en el atestado remitido a la jueza de Montoro (Córdoba) que instruye la investigación, Cristina Pastor, el pasado 18 de febrero, no se especifica cuáles son esas “incongruencias” entre lo que la comisión detectó y lo que Ayesa les envió.
Con todo ello, mientras la Policía Judicial queda a la espera de conocer con mayor detalle las incoherencias alegadas por la CIAF, lo cierto es que los agentes de la Guardia Civil ya han identificado al operario que unió los dos carriles de la vía en la renovación del tramo donde descarriló el Iryo, instantes antes de colisionar con el Alvia que circulaba en sentido contrario. Esta soldadura se llevó a cabo el 24 de mayo de 2025 por la empresa Maquisaba SL. Tras ello, Ayesa fue la empresa que revisó las soldaduras. Al hilo de todo ello, la Guardia Civil subraya en su informe el traslado de material que llevó a cabo ADIF a la base de Hornachuelos, sin -según señalan- contar con su permiso.
En este orden de cosas, los agentes han solicitado a la magistrada que lleva el caso que pida a los técnicos de la CIAF que analice cuatro muestras de soldaduras que se extrajeron de la zona del accidente, correspondientes tanto a la vía 1 con dirección a Madrid, como de la vía 2, con dirección a Córdoba. Por su parte, el informe descarta las hipótesis de sabotaje o atentado terrorista, lo que considera como “altamente improbable", y avanzan que siguen a la espera de los resultados del análisis de la soldadura solicitado, por si se diera el caso de encontrar restos de explosivos o material corrosivo.
Todo ello sucede mientras la Guardia Civil sigue en la senda de la investigación con el interrogatorio a todos los maquinistas que aquel 18 de enero circularon por el tramo de Adamuz. De los 19 conductores solo uno aseguró haber sentido “un golpe en la lado derecho” cuando pasó por ese tramo, mientras que el resto “no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña”. Con respecto a las posibles causas del accidente, los agentes subrayan en el informe al fallo en la soldadura como la opción más probable, pese a que contempla otras. Entre ellas destaca un posible incidente de un tren anterior o del Iryo -algo que no se podrá conocer hasta que no se abran las cajas negras-, y descarta también la “conducción negligente o imprudente”.
La jueza autoriza la apertura de las cajas negras
De forma paralela a la investigación, el Tribunal de Instancia de Montoro ha autorizado este lunes el acceso, extracción y análisis de las cajas negras de los trenes accidentados, así como la apertura de los datos de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.
En un auto fechado el pasado viernes y notificado este lunes, la magistrada que instruye el caso autoriza el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés". Cabe destacar que el proceso de extracción y análisis deberá llevarse a cabo en presencia de agentes de la Policía Judicial “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia para continuar con la investigación y entregando otra copia al órgano judicial.
Todo ello tendrá lugar este próximo jueves 5 de marzo en las dependencias de la CIAF. Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa. Así, la instructora indica en su auto que "para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos" considera justificado que se realice en el lugar en el que se encuentran.
Para llevar a cabo todo ello, el Tribunal de Instancia de Montoro ha remitido una petición al Juzgado de Guardia de Madrid para que comisione un Letrado de la Administración de Justicia con el objetivo de que pueda personarse en dicha diligencia junto con la Policía Judicial, "todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción".