El número de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil implicados en tramas de narcotráfico crece. En las últimas semanas se ha conocido la detención de tres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la presunta comisión de delitos graves relacionados con las drogas y las alarmas se han vuelto a encender en el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, donde todavía resuenan los datos anuales conocidos hace escasos meses.
El pasado 2025, último año del que se disponen datos, fueron detenidos un policía nacional y un guardia civil cada mes, de media, por su presunta implicación en tramas de narcotráfico. Un total de 24 agentes que, en teoría, debería combatir la delincuencia relacionada con la droga y que, por el contrario, contribuían y se beneficiaban de ella. El reparto, según los propios datos facilitados por el departamento de Interior, son equitativos: 12 policías nacionales y 12 guardias civiles fueron detenidos o investigados el año pasado por este motivo, la mayor cifra de la serie.
Los datos no mejoran echando la vista atrás. Entre 2021 y 2025, la suma de agentes detenidos o investigados -Interior no diferencia entre ambas situaciones- asciende a los 106. En 2021 fueron 22, cifra que se redujo hasta los 16 al año siguiente, pero que volvió a ascender a los 24 en 2023. Hace dos años se notificaron 20 caso y el curso pasado, único que diferencia entre policías nacionales y guardias civiles, se volvió a marcar el récord de 24. En total, más de un centenar de implicados en delitos relacionados con el narcotráfico.
Casos aislados o mal endémico
Esta semana, dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron detenidos en Asturias, acusados tráfico de drogas, blanqueo de capitales y revelación de secretos, por ser parte de una red criminal de drogas. Hace dos semanas, el responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, Miguel Ángel Barbero, quien ya fuera investigado hace nueve años por cinco delitos relacionados con el narcotráfico, pero cuyo caso fue sobreseído por la Justicia, ha sufrido la misma suerte.
En su momento, en Valladolid fue detenido el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, Luis Fernández. Lo mismo sucedió con su homólogo en Baleares, Faustino Nogales, o en el Estrecho de Gibraltar, David Oliva. Aunque, entre todos, el caso más sonado es el de Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la UDEF en Madrid al que encontraron 20 millones de euros emparedados en su vivienda y despacho y a quien relacionan con la incautación de 13 toneladas de cocaína, la mayor operación de la historia de España.
Sánchez Gil, que se enfrenta a cargos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos, podría convertirse, de ser condenado, en el mayor traficante de la historia del país. Un hombre que contaba con una gran responsabilidad en la Policía Nacional, razón por la que pudo realizar las presuntas actividades que se le imputan, y que en su declaración judicial fue contundente sobre el proceder de sus compañeros: “La Brigada de Estupefacientes crea informes falsos y se lo oculta a los jueces”.
Estos son solo algunos de los múltiples casos que se han dado en España. La colaboración policial, como es de sobra conocido, es indispensable para que los narcotraficantes puedan actuar y, a la luz de los datos, el Ministerio del Interior no ha sido capaz de frenar estas actuaciones. En 2025 se batió el récord de agentes detenidos por estar relacionados con el narcotráfico y en unos pocos ya se supera la centena, lo que parece requerir una actuación que vaya algo más allá de la clásica explicación de los “casos aislados”.
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