Pleno del Congreso, en directo | Debate y votación del decreto anticrisis por la guerra en Irán

Aunque su voto ya no es determinante, después de que Junts anunciara su 'sí', el Partido Popular sigue sin aclarar qué votará este jueves al decreto anticrisis del Gobierno. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, señala que ya hay pistas, y recuerda que el PP "jamás" ha apoyado un decreto social del Ejecutivo.

"Da igual si estamos hablando de la DANA, da igual que hablemos de la crisis del COVID, da igual que sea el volcán de La Palma, da igual que sean las medidas para solucionar los impactos de la guerra de Ucrania que tenemos en España, o da igual lo que pase ahora con la guerra de Irán", lamenta Mínguez, quien cree que este "historial" es una "pista" de lo que "va a pasar hoy".

El primer punto del órden del día del Pleno del Congreso este jueves ha terminado. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anuncia que propondrá "que se puedan presentar las enmiendas" al decreto que contempla indemnizaciones para fallecidos y heridos en el tardofranquismo, antes de que se tramite como proyecto de ley.

La Cámara Baja debate ahora la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución, que contempla que la isla de Formentera tenga un senador propio al márgen del que elija la isla de Ibiza.

El Gobierno está estudiando ya medio centenar de peticiones para que se repare e indemnice a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, como recoge el Real Decreto-Ley que se está debatiendo en el Congreso, y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la Cámara Baja.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, sindicalista asesinado a tiros por la Policía Armada cuando tenía 18 años el 4 de diciembre de 1977, durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

El texto de Memoria Democrática que se está debatiendo este jueves en el Congreso se aprobó el pasado 3 de marzo, y es un ejercicio del Gobierno para tratar de ampliar la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo a aquellas que sufrieron la represión en los últimos años de la dictadura o en los posteriores.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 ya contemplaba compensaciones para los fallecidos por defender la democracia entre 1968 y 1977. Sin embargo, estas quedaron sin efecto en 2022, cuando la Ley de Memoria Democrática anuló la anterior, por lo que el Ejecutivo introdujo en este decreto una disposición adicional para extender el periodo hasta el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor la Constitución.

De esta manera, la reparación no solo vuelve para las víctimas en los últimos años de vida de Francisco Franco, sino que se extiende a los que fueron reprimidos por los organismos de la dictadura, como la Policía Armada -los grises-, durante la Transición. Este es el caso de Manuel García Caparrós un sindicalista malagueño asesinado a tiros en 1977, con tan solo 18 años, por luchar en las calles por la autonomía andaluza, y cuya historia contó Ivan Jiménez en este artículo.

La diputada de Podemos, Martina Velarde, pide que las indemnizaciones a las víctimas que recoge el real decreto de Memoria Democrática que se está debatiendo en el Congreso "no impida el ejercicio de las acciones judiciales", para evitar que la reparación económica no sustituya "el derecho a la Justicia". Los morados piden también que la fecha que recoge el texto -que ampara a fallecidos y heridos hasta el 29 de diciembre de 1978- se amplíe hasta 1983.

Antes del punto que más interés centra del día, la votación del decreto anticrisis, el Congreso debate otros textos y mociones. La sesión arranca con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendiendo el Real Decreto-Ley 6/2026, de 3 de marzo, sobre el "reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia".

El texto fija indemnizaciones de hasta 500.000 euros para reparar el daño de los familiares de fallecidos o personas que sufrieran lesiones hasta el 29 de diciembre de 1978 a causa de los organismos policiales y militares del franquismo. Un reconocimiento a los que lucharon para "que hoy todos nosotros disfrutemos de un sistema democrático, dejando atrás la ingominia de la dictadura", en palabras del ministro.

"Victor Manuel Pérez, 23 años, asesinado en Portugalete con dos disparos por la espalda por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga", es uno de los ejemplos de víctimas de la represión que está narrando Torres, y cuyos familiares verán reconocida su lucha por la democracia.

Con los diputados sentados y varias votaciones clave por delante, arranca el Pleno en el Congreso.

El "sí" de Junts al decreto anticrisis llega tras un intercambio estratégico con el Ejecutivo. Los de Puigdemont han condicionado su apoyo a la aprobación de una moción para eximir de IVA a los autónomos con menores ingresos.

Según Míriam Nogueras, las negociaciones han sido fructíferas, logrando un paquete de medidas fiscales que satisface las exigencias de su partido.

El nuevo decreto pone el foco en el tejido productivo con una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, lo que supondrá un ahorro estimado de 200 millones de euros.

Además, la norma introduce por ley una mayor flexibilidad en los contratos energéticos para que empresas y autónomos puedan adaptar su suministro a las necesidades reales.

El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio se aprobó el pasado viernes, y en él el Gobierno incluyó 80 medidas para empezar a movilizar 5.000 millones de euros y paliar los efectos de la guerra en Irán. Entre ellas están rebajas fiscales, por ejemplo, a la electricidad, pasó de un 21% a un 10% de IVA, o a los hidrocarburos, que también se beneficiaron de esa bajada. Calcula el Ejecutivo que esto ayudará a reducir el precio del carburante hasta 30 céntimos por litro. Estas y otras medidas que están en juego este jueves están detalladas en el artículo de Roberto Ugena.

El Ejecutivo estima que el nuevo plan abaratará el combustible hasta 30 céntimos por litro. Para los sectores profesionales (transporte, agricultura, ganadería y pesca), se añade una bonificación de 20 céntimos por litro y ayudas directas para fertilizantes.

Además, el decreto blindará durante todo 2026 los descuentos del bono social eléctrico, reforzará el térmico y mantendrá la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables.

El Gobierno quiere sacar adelante un paquete de 80 medidas que asegura que beneficiará directamente a las 3 millones de empresas y a los 20 millones de hogares de España.

“El mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea”, dotado con 5.000 millones de euros, incluye medidas como la bajada los impuestos de la electricidad en un 60%, pasando del 21% al 10% de IVA. Además, también se contempla la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). También en materia de IVA, se reduce hasta el para el gas natural, los pellets y las leña.

El decreto contiene la congelación del precio máximo de venta del butano y propano. Además, junto con la bajada en el tributo de la luz, una de las medidas estrella es la bajada del IVA al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos.

El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves el Real Decreto-ley de respuesta a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El Ejecutivo ha negociado con los diferentes grupos parlamentarios para reunir los apoyos suficientes. Podemos confirmaba el lunes su abstención por recurrir, el decreto, a las rebajas fiscales y no topar el precio de los carburantes, energía y alimentos, garantizando así que acaben engrosándose de nuevo los márgenes empresariales. Por su parte, el Partido Popular (PP) ha renegado a lo largo de revelar el sentido de su voto.

El Gobierno ha conseguido el 'sí' de Junts. A cambio, apoyará su moción para rebajar el IVA de los autónomos.