La Guardia Civil entró en juego para valorar las posibles irregularidades que se desprenden del chalet que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tiene en La Adrada (Ávila).
El denunciante de esas presuntas ilegalidades, con el que en la última semana pudo hablar ElPlural.com, remitía hace meses al órgano competente sus quejas -dirigidas especialmente por la inactividad del Ayuntamiento respecto del inmueble- y éste dejaba patente que el levantamiento del chalet “no parece ser acorde a la legalidad urbanística” y que el Consistorio no hizo lo suficiente ante las quejas.
En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el organismo jurídico cuenta que remitió el escrito al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) -perteneciente a la Benemérita- la cuestión “a fin de investigar los hechos denunciados a través de las diligencias que se encomendaron en el referido oficio de 20 de enero de 2025”.
En mayo de este año, entra en la Fiscalía el informe elaborado por el equipo, al que se añade “documentación por oficio remitido al correo electrónico de esta Fiscal el 15 de mayo de 2025”, según se desprende de las líneas consultadas, que destacan que, además del mencionado informe “se adjunta un informe del actual arquitecto Municipal de La Adrada”.
Actuación "con retraso"
El asunto de la persona que llevó a cabo la inspección también trae cola, y es que quien elevó la denuncia subraya que pudo existir un conflicto de intereses en la misma y que el trabajo lo realizó alguien que no era funcionario del Consistorio. Al margen de esta cuestión, la Fiscalía Provincial indica que el arquitecto “ha revisado toda la documentación obrante en los archivos físicos y digitales referidos a la vivienda, acompañando su uniforme de los documentos referidos en el informe”.
Con los documentos sobre la mesa, el organismo, en su respuesta al denunciante, elabora un orden cronológico de los hechos para, a continuación, referirse a una cuestión que no es menor.
“Llama la atención, así como refleja el Equipo de SEPRONA en su informe que, por un lado en el sello de visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, que consta en el Proyecto Básico que se adjunta a la solicitud de licencia, el cual es de 23 de noviembre de 1994 se consigue ‘Visado Urbanístico condicionado a ser tramitado el proyecto previamente a la licencia, como propuesta ante la Comisión Provincial de Urbanismo, debiéndose comunicar al Colegio su resolución’, trámite que no consta realizado (…) Por otro lado, el informe favorable a la construcción de la vivienda suscrito por la arquitecto municipal se limita a decir que el informe es favorable a la licencia solicitada, a falta de presentación del Proyecto de Ejecución visado, porque la construcción se ubica en un sector que permite la construcción de la vivienda, al tratarse de una zona consolidada con viviendas ya existentes”.
Es al final del texto que vuelve a aparecer el SEPRONA. Así las cosas, la Fiscalía concluye: “No contamos con indicios de que las sucesivas operaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021 y años sucesivos en los que se realizan distintas declaraciones responsables (acometida eléctrica, piscina, conexión a colector) (…) No olvidemos que consta en el expediente que se concedió licencia urbanística; es con los escritos del denunciante y con las actuaciones del SEPRONA cuando la actual corporación, con cierto retraso eso sí, comienza a estudiar el asunto, contestando al denunciante y estando acordada inspección urbanística”.
“Criminalidad urbanística, pero delitos prescritos”
La Fiscalía de Ávila percibe indicios de “criminalidad urbanística” en el chalet de La Adrada que tiene el juez que instruye la causa contra Gómez. El Ministerio Público considera que el Consistorio pudo haber incurrido en la prevaricación por permitir la construcción del inmueble de manera irregular; pero el caso ha terminado archivándose por la prescripción de los hechos. Igualmente, señala el “uso no permitido”.
En lo que se refiere a las actuaciones del equipo municipal con dicha urbanización, la responsable de estudiar el caso señala que no puso en marcha actuación alguna para cumplir la normativa urbanística pese al informe del arquitecto municipal que ya vino advirtiendo de las irregularidades, más allá de las polémicas que indica el denunciante en estos términos.
Pese a estos indicios que probarían el mencionado delito de prevaricación urbanística, debido a que los mismos habrían prescrito, el Ministerio Público ha terminado por archivar la causa. El firmante de la denuncia explica a este periódico que responderá a la Fiscalía Provincial.