El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ratificó el pasado lunes de manera telemática la denuncia contra Miguel Frontera, el instigador de las protestas que desde hace unos meses se producen a las puertas de la vivienda del líder de Unidas Podemos y de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Ambos reconocieron tener "miedo" y declararon que el acoso sufrido altera la normalidad en la vida de sus hijos, que tienen que escuchar "cómo insultan a su padre", así como en la suya, ya que son varios los amigos que han dejado de visitarles debido a las protestas.
La propia ministra señaló también que hay noches en las que le cuesta concebir el sueño debido a este acoso perpetrado por algunos grupos, en su mayoría radicales. Situación que, dice, le está afectando incluso al trabajo.
El denunciado está llamado a declarar este martes de manera presencial por delito de coacciones, acoso, desobediencia a la autoridad y revelación de secretos e injurias graves al asegurar que Pablo Iglesias es "hijo de terrorista". Este último delito ha sido interpuesto por la Fiscalía.
El vicepresidente segundo se defendió de esta acusación señalando que su padre, vinculado al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), "luchó contra el franquismo".
La jueza preguntó también al vicepresidente segundo por qué no había contratado una mayor seguridad alrededor de su vivienda y si no consideraba que las concentraciones a las puertas de la misma podría quedar amparadas por la libertad de expresión como lo estaban, según el propio Iglesias, los escraches que en su día se perpetraron contra la exdiputada del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.
El líder de Podemos negó que el acoso hacia él y su familia pudiera quedar recogido en este derecho, ya que no se trata de algo esporádico, sino que el denunciado acude a su casa "todos los días de manera ininterrumpida".