El próximo día 30 el Consejo General del Poder Judicial elegirá al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se encarga de juzgar los casos más importantes de corrupción y criminalidad, entre estos, la causa de los ERE de Andalucía o el caso Gürtel. La candidatura del conservador Manuel Marchena, un magistrado de la órbita de Génova, y con mayores posibilidades dada la composición conservadora del Poder Judicial, es un paso más en la ‘cruzada’ del PP contra la independencia judicial.

Las otras dos candidaturas sobre la mesa, además de la de Marchena, son las del conservador Miguel Colmenero y la del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, que apoya el sector progresista, pero que no conseguirá más de siete de los 21 votos posibles, según adelanta El País.

Ficha clave contra Garzón
Marchena tomó parte de la operación contra Baltasar Garzón. Fue el magistrado que intentó condenarle por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, en 2010, por el caso de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I de España la Universidad de Nueva York, patrocinados por el Santander, entre 2005 y 2007, y que fue finalmente archivado. Era la segunda causa contra el entonces juez de la Audiencia Nacional, al que se intentaba juzgar, además, por investigar los crímenes del franquismo y por las escuchas durante la instrucción del caso Gürtel. En este último caso, con el que se consiguió inhabilitar a Garzón, Marchena también formó parte del tribunal y jugó un papel clave, como se explicará más adelante.

Su intento de sentar en el banquillo a Garzón por los cursos en Nueva York fue criticado por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que denunció que el propio Marchena se habría saltado el estatuto especial que obliga a los magistrados del Tribunal Supremo a dedicarse en exclusiva a sus funciones, con la participación en múltiples cursos y eventos remunerados en “ horario de oficina”, como recogió la web Los Genoveses.com.

Mano derecha del fiscal general con Aznar
El vínculo de Manuel Marchena con el PP viene de lejos y su ascenso tuvo lugar durante los Gobiernos de José María Aznar. Se convirtió en el hombre de absoluta confianza del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, militante del Opus Dei. Se ganó a pulso el puesto con actuaciones más que polémicas como su dictamen para evitar que se procesara al ministro Josep Pique, acusado de fraude en el caso Ertoil por sus actividades como presidente, en 1992, de la empresa ERCROS, dedicada a la fabricación de armas y explosivos.

Alineado con las acciones políticas de Génova
Otra de sus acciones discutibles fue su voto particular, en 2007, en contra de un recurso de tres policías condenados por la detención de dos militantes del PP que presuntamente habían participado en la agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante una manifestación en Madrid. Su voto particular dejó en evidencia su alineamiento con Génova, que utilizó aquel caso para atacar al Gobierno socialista.

Su extraño cambio de postura sobre las escuchas
Lo mismo ocurrió con otro caballo de batalla del PP contra el Gobierno de Zapatero, el avanzado sistema de escuchas de teléfonos móviles, llamado Sistema Integrado de Interceptación Ilegal de Telecomunicaciones (SITEL), adquirido bajo el mandato de Aznar, pero que con el caso Gürtel se volvió contra el PP. Marchena emitió un voto particular discrepante desde el Supremo cuestionando el sistema. Lo hizo a pesar de que antes había participado en una sentencia de las nueve emitidas por ese Tribunal en 2009 que lo avalaban. Fuentes judiciales, citadas por el diario El País en diciembre de 2010 apuntaron a que el cambio de postura de Marchena sobre Sitel tuvo lugar después de que el PP cuestionara las escuchas telefónicas a los cabecillas de la Gürtel, ordenadas por Garzón, y que perjudicaban al partido.

Su voto a favor de la absolución de Camps
La decisión de Marchena más reciente en el tiempo que da para pensar fue su voto a favor de la absolución de Francisco Camps en abril de 2013. El magistrado fue uno de los cuatro de la Sala del Tribunal Supremo que avaló el polémico veredicto del jurado popular en el juicio contra el expresidente valenciano, que le salvó a pesar de las numerosas pruebas contra él.