Este jueves, 12 de marzo, se cumplen 40 años de una de las consultas más trascendentales de la historia reciente de España. Aquel día de 1986, millones de ciudadanos acudieron a las urnas para decidir si el país debía continuar dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar en la que España había ingresado formalmente apenas cuatro años antes, en 1982. La votación pretendía cerrar un intenso debate político y social que atravesó la Transición democrática y que hoy vuelve a resonar con fuerza en un contexto internacional marcado por un renovado espíritu imperialista de los Estados Unidos de Donald Trump y que conduce a un nuevo orden mundial.
Más de 17,2 millones de españoles participaron en aquella consulta, lo que supuso algo menos del 60% del censo electoral. Contra lo que pronosticaban varias encuestas previas - algunas de ellas apuntaban a una clara ventaja del rechazo - el resultado final inclinó la balanza hacia la permanencia en la Alianza Atlántica. El 56,85% de los votantes optó por el “sí”, frente a un 43,15% que apoyó la salida.
“OTAN no, bases fuera”
La consulta se celebró tras semanas de movilizaciones sociales y campañas políticas intensas. En muchas ciudades, las fachadas aparecían cubiertas por el lema que se había convertido en símbolo de la oposición a la alianza militar: “OTAN no, bases fuera”. Aquella consigna sintetizaba la preocupación de una parte importante de la sociedad española ante el papel que el país podía desempeñar en el tablero estratégico de la Guerra Fría.
En aquel momento el mundo estaba dividido en dos grandes bloques. La Unión Soviética todavía existía y Europa seguía siendo uno de los principales escenarios de la confrontación entre Estados Unidos y el bloque socialista. La decisión sobre la permanencia en la OTAN se interpretaba, por tanto, como una cuestión estratégica que definía la posición internacional de España tras su salida de la dictadura.
El ingreso formal del país en la Alianza Atlántica se había producido el 30 de mayo de 1982, durante el Gobierno de la Unión de Centro Democrático presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo. En su discurso de investidura de 1981, el dirigente centrista ya había anunciado la voluntad de integrar plenamente a España en el sistema de seguridad occidental.
La decisión provocó una rápida reacción política. El Partido Socialista Obrero Español, entonces en la oposición, impulsó una campaña crítica con el proceso bajo el conocido lema “OTAN, de entrada, no”. Sin embargo, el escenario cambió tras las elecciones generales de octubre de 1982, cuando el PSOE llegó al Gobierno con una amplia mayoría parlamentaria.
El referéndum
Una vez en el poder, el Ejecutivo de Felipe González optó por congelar temporalmente la integración plena en la estructura militar de la alianza y anunció la convocatoria de un referéndum que permitiera resolver el debate de forma directa en las urnas. El resultado de la consulta se vinculó además a dos cuestiones políticas de gran peso: la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea —que se formalizaría también en 1986— y la continuidad del propio presidente del Gobierno, que dejó abierta la posibilidad de dimitir en caso de derrota.
La pregunta planteada a los ciudadanos incluía tres condiciones concretas que el Gobierno defendía como marco para la permanencia en la OTAN. España no se incorporaría a la estructura militar integrada de la organización, se prohibiría la instalación de armas nucleares en territorio nacional y se reduciría progresivamente la presencia militar de Estados Unidos en el país.
El resultado favorable al ‘sí’ permitió cerrar formalmente el debate político de aquel momento, aunque algunas de esas condiciones evolucionaron con el paso de los años. En 1999, durante el Gobierno de José María Aznar, España se integró plenamente en la estructura militar de la OTAN, un paso que reforzó su participación en las operaciones y estructuras de mando de la alianza.
El imperialismo de Trump reabre el debate
Cuatro décadas después, el contexto internacional en el que se produjo aquella consulta ha cambiado profundamente. La desaparición de la Unión Soviética transformó el equilibrio de poder global, mientras que nuevas potencias y alianzas han ido configurando un escenario geopolítico mucho más complejo.
En los últimos meses, el debate sobre el papel de la OTAN ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política española e internacional. La tensión en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha reavivado la discusión sobre el papel de las alianzas militares y sobre el margen de actuación de los países europeos dentro de la estrategia atlántica.
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido su posición dentro de la OTAN mientras mantiene un pulso político con Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha incrementado la presión sobre los socios europeos para elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, una exigencia que España rechaza.
Trump ha llegado a calificar a España como un socio “muy hostil a la OTAN”, mientras el Ejecutivo español sostiene que sigue siendo un aliado “leal” y “fiable”. Al mismo tiempo, el Gobierno ha evitado que las bases militares de Rota y Morón sean utilizadas para operaciones contra Irán, una decisión que ha situado a España en una posición diferenciada dentro del debate estratégico occidental.
El escenario también refleja divisiones dentro del propio espacio político español. Mientras el Partido Popular defiende el alineamiento pleno con los aliados y con la estrategia de la OTAN, algunos socios parlamentarios del Gobierno han reabierto el debate sobre el papel de la alianza en el nuevo contexto internacional.
Desde el espacio de Sumar se ha planteado la necesidad de revisar la relación con la organización, mientras que otras fuerzas como Izquierda Unida o Podemos han reclamado directamente la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases militares estadounidenses en territorio nacional.
La discusión se desarrolla además en un momento en el que Europa observa con atención la evolución de la política exterior estadounidense. Las decisiones de la administración Trump han acelerado el debate sobre la autonomía estratégica del continente y sobre la necesidad de redefinir el sistema de alianzas en un mundo en el que nuevas potencias, como China, amplían su influencia en el equilibrio global.
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