Hay historias que parecen construidas alrededor de una contradicción. Esta tiene varias.
La primera está en la política. El Partido Popular ha convertido la okupación en una de sus grandes batallas de los últimos años. Ha reclamado leyes más duras, desalojos más rápidos y mayor protección para aquellos propietarios que no consiguen recuperar sus viviendas.
Y, sin embargo, uno de los hombres que integró una candidatura del PP madrileño protagoniza hoy una historia difícil de encajar con ese discurso.
Se llama Jorge Barba Bucero. Y no es simplemente un antiguo candidato del Partido Popular, su vinculación con el partido se ha mantenido durante años. En 2019 integró la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea de Madrid, fue miembro durante varios años de la Ejecutiva del PP de Moncloa y actualmente ocupa la Secretaría de Comunicación y Redes Sociales del PP de Moncloa-Aravaca. En sus redes sociales, además, prácticamente todo el contenido que comparte está relacionado con el partido.
Y, al mismo tiempo, continúa viviendo en un chalé del Señorío de Illescas, en Toledo, que tiene otros propietarios y por el que, según estos, no paga desde noviembre de 2025.
Además, no es una casa cualquiera. Tiene 330 metros cuadrados construidos y parcela de 400 metros. Tiene cuatro habitaciones, una de ellas tipo suite, cuatro baños, bañera de hidromasaje, garaje, porche, jardín y piscina privada. Sus propietarios calculan que ronda el medio millón de euros. Ellos, sin embargo, no pueden vivir allí.
Un juez determina que no tiene derecho a permanecer en la vivienda
Para entender cómo se llega hasta aquí hay que retroceder más de una década.
Barba Bucero no accedió inicialmente a la vivienda rompiendo una cerradura ni entrando clandestinamente en una casa vacía. Ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Illescas presentó dos contratos de arrendamiento, fechados el 15 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2017.
La vivienda quedó posteriormente afectada por un procedimiento de ejecución hipotecaria y la situación de Barba Bucero acabó ante el juez. El auto, fechado el 26 de enero de 2022, es muy contundente. Determina que Jorge Barba Bucero “no tiene derecho a permanecer” en la finca. Contra aquella resolución no cabía recurso.
Y ahí aparece la segunda contradicción: en agosto de 2023, más de un año y medio después de aquella resolución, Barba Bucero seguía viviendo dentro.
Comprar una casa con alguien dentro
A finales de agosto de 2023 la vivienda volvió a cambiar de manos. Sobre el papel los nuevos propietarios habían comprado un chalet. En la práctica tenían una casa en la que no podían vivir porque había un ocupante. Es la tercera contradicción de esta historia: ser propietario de una casa de medio millón de euros y necesitar otra para poder vivir.
Los propietarios comenzaron a negociar directamente con Barba Bucero hasta que, según su relato, dejó de responder a sus llamadas. Entonces recurrieron a APD Security Iberia, una empresa especializada en este tipo de conflictos. Las partes acabaron firmando un “Pacto de espera para la recuperación y entrega de llaves de vivienda”.
Mientras permanecía en el inmueble, Barba Bucero abonaba 1.750 euros mensuales en virtud del acuerdo alcanzado.
Había una fecha para marcharse. Pero Jorge alegó que quería comprar la casa y pidió una prórroga. Y otra. Y otra. Lo que debía ser una solución provisional terminó prolongándose durante años.
La última prórroga expiró en noviembre de 2025. Los propietarios sostienen que desde entonces Barba Bucero dejó de realizar los pagos acordados y también de responder a sus comunicaciones. “Ni paga ni coge el teléfono”, aseguran.
Las cantidades que le reclaman ascienden ya a aproximadamente 48.000 euros. No son solo mensualidades pendientes. El acuerdo contemplaba una penalización económica en caso de incumplimiento que comenzó a acumularse cuando, según los propietarios, Barba Bucero dejó de pagar sin entregar la vivienda.
“Con el PP, con el PP y con el PP”
Pero el PP no aparece en esta historia solo por el pasado político de Barba Bucero. Según los propietarios, durante las negociaciones, especialmente en la última prórroga, comenzó a hacer referencias reiteradas a su vinculación con el Partido Popular.
“Utilizaba palabras relacionadas con el PP, con el PP y con el PP”, recuerdan.
Según su versión, Barba Bucero se habría referido también al respaldo que podía encontrar dentro de la formación para solucionar su situación. “Siempre se ha apoyado en el PP desde el principio”, sostienen los propietarios, quienes aseguran que durante las conversaciones llegó a hablarles de apoyos y avalistas de la formación para una eventual compra de la vivienda. “En las últimas conversaciones ya como que hacía presión con eso”, relatan.
Esa percepción, aseguran, se veía reforzada por la imagen pública de Barba Bucero en redes sociales, donde gran parte de su contenido está relacionado con el PP y aparece fotografiado junto a dirigentes como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida o Esperanza Aguirre.
Pagar una casa para que viva otro
“Es una ruina estar pagando una vivienda de este perfil y que la esté disfrutando otro. También tenemos que pagar otra residencia en paralelo para poder vivir”. Si la vía judicial se prolonga cuatro o cinco años, explican los propietarios, tendrán que seguir pagando los gastos de esta vivienda y, al mismo tiempo, los de la casa en la que realmente viven.
En medio quedan procedimientos judiciales, contratos, acuerdos privados, prórrogas y penalizaciones. Pero cuando se pregunta a los propietarios por qué quieren recuperar la vivienda, hablan de algo bastante más sencillo. “Yo quiero recuperar la vivienda para poder disfrutarla con mi hija”.
En la película Gordos, Daniel Sánchez Arévalo planteaba que las contradicciones no tienen por qué ser negativas. Hay que afrontarlas y descubrir a dónde conducen porque, quizá, dentro de ellas esté la respuesta que buscábamos.
Esta historia está llena de contradicciones pero en ella también hay algunas certezas.
El chalé en el que vive Jorge Barba Bucero tiene cuatro habitaciones, cuatro baños, jardín y piscina. Tiene propietarios. Tiene un auto judicial que dice que Barba Bucero no tiene derecho a permanecer en él. Y, según sus dueños, desde noviembre de 2025 tampoco paga por vivir allí.
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