Nuevo frenazo a la nacionalización de saharauis: la ley, al cajón hasta después del verano

La proposición de ley para facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración estatal vuelve de nuevo a su cajón en el Congreso de los Diputados. Pese a que inicialmente se había previsto que la iniciativa desembarcase en el Pleno extraordinario del próximo 23 de julio, el calendario parlamentario ha terminado por postergar su debate y posible aprobación hasta después del verano a una medida que beneficiaría a unas 100.000 personas, según los datos de las fuerzas impulsoras de la normativa.

El texto, que nació gracias a la fuerza de Sumar, llevaba más de un año varado en la Cámara Baja. Desde el pasado mes de abril, el Grupo Plurinacional trató de reactivar su tramitación a través de una propuesta de enmiendas transaccionales. Un movimiento con el que los magentas buscaban la integración de las aportaciones del resto de formaciones progresistas del arco parlamentario, incluyendo las del PSOE.

De hecho, en el mes de junio, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición limaron asperezas y alcanzaron un acuerdo sobre diversas modificaciones de la redacción inicial de la propuesta. Los cambios fueron aprobados el pasado 30 de junio por la ponencia encargada de estudiar la iniciativa. Contaron con el visto bueno de todas sensibilidades progresistas de la Cámara y la abstención de Junts per Catalunya. Partido Popular y Vox votaron en contra, aunque quedaron orillados a la minoría. Superada dicha fase, el siguiente paso de la tramitación debía ser la aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Justicia. Paso previo a la llegada del proyecto al Pleno del Congreso y, posteriormente, al Senado.

Se aplaza la comisión

El calendario que diseñó Sumar contemplaba que la Comisión de Justicia se reuniera el 14 de julio y que el Pleno extraordinario previsto para el día 23 pudiera votar ya la proposición de ley, dejando finiquitada su tramitación en la Carrera de San Jerónimo antes de las vacaciones. Sin embargo, el planning de los magentas ha sufrido un duro revés debido a que la reunión de la Comisión se ha postergado para ese mismo 23 de julio. Un cambio que impide la aprobación del articulado antes del parón estival.

Salvo que la Mesa del Congreso apruebe la convocatoria de una nueva sesión extraordinaria a finales de agosto, la iniciativa no llegaría al Pleno hasta la primera sesión ordinaria de septiembre. Después, tan sólo le quedaría el escollo del Senado, donde el Partido Popular esperará con el rodillo de su mayoría absoluta.

La demora se produce a pesar de que el Ministerio de Justicia solicitara a la Mesa la habilitación de julio para continuar con el procedimiento, habida cuenta de que tanto éste como el mes de agosto son inhábiles a efectos parlamentarios. El nuevo retraso vuelve a colocar la propuesta en una situación de espera tras más de un año guardada en el cajón, prolongando la situación de incertidumbre para las personas que podrían beneficiarse de la misma.

100.000 posibles beneficiarios

Con la proposición, el Estado busca reconocer el acceso a la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental cuando éste todavía se encontraba bajo la administración española; incluyendo también a sus descendientes. La fecha de referencia se fija en el 11 de agosto de 1976 y, según las estimaciones de Sumar, la iniciativa podría afectar de manera directa a unos 50.000 residentes en los campamentos de Tinduf.

Se establecerá que, para demostrar esa vinculación con la antigua provincia española, la aportación de documentos tales como un DNI español, aunque carezca de vigencia; certificados de nacimiento; libros de familia; documentos de escolarización; pensiones de jubilación; justificantes de hospitalización o atención médica. También se prevé como prueba la inscripción en el censo de elaborado por Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. De hecho, estos requisitos supusieron uno de los puntos de mayor fricción con los socialistas, quienes rechazaron la inclusión de los documentos expedidos por el Frente Polisario al no estar reconocido como autoridad administrativa.

La norma también contempla una vía específica para los saharauis que residen actualmente en España. Según Sumar, son alrededor de 30.000 personas. En estos casos, bastaría con acreditar dos años de residencia legal y continuada para poder solicitar la nacionalidad, en lugar de los tres exigidos actualmente. El objetivo es equiparar su situación a la de los ciudadanos procedentes de países iberoamericanos, los sefardíes y las personas originarias de otros territorios históricamente vinculados a España.

En total, los impulsores de la iniciativa calculan que la reforma podría beneficiar a cerca de 100.000 personas, si se suman los residentes en los campamentos de Tinduf, sus descendientes y quienes viven ya en territorio español. Cabe indicar que la solicitud de nacionalidad no estaría sujeta al pago de tasas. El plazo para presentar la documentación sería de tres años a partir de la entrada en vigor de la ley, prevista seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.