Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó 17.500 euros en concepto de alquiler a Juan Carlos González Pérez, uno de sus socios empresariales recientemente detenido en Estados Unidos por la presunta comisión de los delitos de contrabando, conspiración y falsedad documental. Concretamente, y tal y como ha podido comprobar ElPlural.com accediendo al contrato de arrendamiento, este pago se formalizó por el alquiler de una oficina en el barrio de Hortaleza (Madrid) entre mayo de 2022 y diciembre de 2023 con una cuota de 875 euros mensuales.
El acuerdo, suscrito en el contrato al que ha tenido acceso este periódico, se rubricó el 1 de mayo de 2021, un año antes de la cesión usufructuaria de la oficina sita en el noreste de la capital, y fue alcanzado entre dos sociedades mercantiles, Aerofalcon SL -representada por el socio empresarial de González Amador- y Maxwell Cremona -administrada por el novio de la presidenta regional-.
Esta relación logística profundiza aún más en la estrecha vinculación entre González Amador y Juan Carlos González Pérez, partners en el mundo de los negocios cuyos hilos conductores conducen a un modus operandi por el que la pareja de la presidenta se enfrenta a importantes penas de cárcel por fraude fiscal, facturas falsas, corrupción en los negocios y administración desleal.
El alquiler de esta oficina, además, tiene tras de sí una conjunción evidente de relaciones laborales. El acuerdo no quedó en un apretón de manos el día de la firma de arrendamiento, sino que el espacio arrendado por González Amador le hacía compartir ubicación con otras empresas (todas, en aquel momento, propiedad de su socio) que tenían su sede en el mismo chalet empresarial. Se trata, por ejemplo, de las sociedades Suministros Logísticos de Maquinaria, Ideas Colectivas o Greenflag Consulting. Actualmente, todas ellas presentan síntomas de inactividad o quiebra. Misma situación que la de la empresa matriz, Aerofalcon, en concurso de acreedores desde el 7 de mayo de 2024 según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Además, como ha podido investigar ElPlural.com, ninguna de estas empresas se encuentra actualmente prestando servicio en este chalet empresarial compartimentado en oficinas como la que González Amador alquiló por 17.500 euros. En su lugar, curiosamente, actualmente ocupan el espacio una empresa de servicios energéticos, otra dedicada al comercio al por mayor y Tebas Coiduras, el bufete de abogados de Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de La Liga y representante actual del entramado de Vox en causas como la que rodean a la editorial IVAT, medio a través del que la mujer de Abascal cobró más de 60.000 euros anuales.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la defensa de González Amador para conocer cuál fue el uso que hizo Maxwell de esta oficina. También se ha preguntado a las empresas que compartieron espacio si en algún momento vieron a la pareja sentimental de la presidenta madrileña hacer uso de la misma. No obstante, en el momento de publicación de este artículo, este periódico no ha obtenido respuesta.
Los lazos de González Amador con su socio en Panamá
Los lazos entre Alberto González Amador y Juan Carlos González se remontan a años atrás. Antes de arrendar este chalet a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el dueño de Aerofalcon S.L ejerció también como director-presidente de Insumos Médicos del Pacífico S.L., una sociedad radicada en Panamá de la que formó parte también González Amador. Concretamente en 2014, cuando el comisionista actuó como secretario de esta entidad, que se disolvió en marzo de 2022, justo después del tiempo en el que el ahora novio de Ayuso habría cometido su fraude a la Hacienda española a través de Maxwell Cremona, la otra empresa que le une a González, y otras presuntas sociedades pantalla.
Insumos fue fundada el 21 de marzo de 2013 en el paraíso fiscal de Panamá. El Registro de ese país recoge que en 2014 se realizó una reestructuración en la dirección, tras la que pasaron por ella nombres como el de Alberto González Amador -que figura en los registros como secretario y director-, Juan Carlos González -director-presidente- o Vicente Brisa López, ahora concejal de Vox en el madrileño municipio de Boadilla del Monte. Según publicó en su día Eldiario.es, el novio de Ayuso dimitió de su cargo en la compañía en la víspera de su liquidación, que se aceptó en una reunión en Madrid el 15 de marzo de 2022.
Pero sus vínculos no se quedan ahí. Aerofalcon S.L, la empresa a través de la que González alquiló el mencionado chalet a la pareja de Ayuso, y la que concentra la investigación de Estados Unidos que ha llevado al empresario a prisión, abrió una sucursal en Panamá en mayo de 2017. Unos días antes, el empresario reunió a la Junta Directiva de la compañía para dar cuenta de la decisión. Allí estaba ya Alberto González Amador, que ejerció como director/secretario de esta sucursal, según publicó la Cadena SER, hasta 2018.
Poco después, en 2019, mientras la empresa eludía el embargo de petróleo de Estados Unidos a PdVSA, comenzaron las relaciones entre Aerofalcon y Maxwell Cremona. Ese año, la primera cargó una factura de 7.500 euros por “asesoramiento técnico en sector Aeronáutico ISO 9100”, a la sociedad del novio de Ayuso, según figura en la documentación que está en manos del juzgado que investiga la trama corrupta de la que este formó parte. Es en esa documentación donde figura también la factura del alquiler del mencionado chalet por 17.500 euros en 2021.
Juan Carlos González, detenido en EEUU por contrabando
Toda esta documentación acredita la relación del novio de Ayuso con Juan Carlos González, que este 12 de marzo ha sido encarcelado en Estados Unidos por formar parte de una presunta trama de contrabando de petróleo. El empresario se enfrenta a 35 años de prisión por, supuestamente, haberse saltado el embargo de la Administración norteamericana a Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), la empresa estatal petrolífera del país caribeño. La Corte del Distrito de Florida del Sur abrió la causa en diciembre de 2021, pero González ha eludido a la Justicia hasta este mes, cuando ha sido detenido en Republica Dominicana y encarcelado en una prisión de Miami.
La acusación estadounidense apunta directamente a la empresa que le une al novio de Ayuso. Según el escrito de acusación, “desde 2019 los acusados conspiraron y confabularon para exportar, transferir y comerciar repuestos de aviones procedentes de los Estados Unidos a la empresa venezolana PdVSA”, algo para lo que Aerofalcon era “utilizada como intermediaria”. La compañía, apuntan, habría vendido piezas de aeronaves al régimen de Maduro “ocultando el verdadero usuario y el destino final de las exportaciones mediante declaraciones falsas y documentos fraudulentos, incluyendo la presentación de información electrónica de exportación falsa”.