No es magia, son tus impuestos: Vox quiere compensar fiscalmente a las víctimas de la “inquiocupación”

Repatriar españoles retenidos en Israel con dinero público, malversación de caudales públicos. Y dedicar fondos públicos a compensar a quienes padecen problemas de “inquiocupación”, prioridad estratégica para solucionar la “emergencia habitacional” de España y dar más seguridad a los propietarios de vivienda.

Vox parte y reparte su hucha de dinero público en función de su propia agenda ultra y de ahí su última idea patriótica para compensar a quienes quieren convertir el denominado fenómeno de la “inquiocupación” en uno de los principales problemas de este país.

Vox acaba de registrar esta idea en una Proposición no de Ley presentada en el Congreso en la que ellos mismos reconocen que en España no hay datos objetivos o pormenorizados de cuántas personas pueden ser afectadas por este problema.

“Encontramos que los datos escasean y las cifras oficiales son prácticamente inexistentes”, reconocen. “Según fuentes extraoficiales, los casos de inquiocupación han crecido un 75% en la Comunidad de Madrid en 20254. Otras fuentes afirman que en el año 2023 se produjeron en España unas 61.000 inquiocupaciones, pero las operaciones realizadas para llegar a esta cifra son de dudosa veracidad”.

Para Vox, las cifras totales del fenómeno “se antojan incompletas y no reflejan la situación real a la que nos enfrentamos”, siendo “previsiblemente mucho más preocupante de lo que el Gobierno y entidades propagandísticas afines promulgan”.

Pues bien, a pesar de esa, los de Abascal quieren ayudar fiscalmente a quienes tengan a inquiocupas en sus viviendas y no hayan podido arreglar el problema con arreglo a lo que la Ley mandata. ¿Cómo? Compensando fiscalmente “a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por el fenómeno de la ocupación y cuyas situaciones no se hayan resuelto satisfactoriamente con motivo de las leyes que protegen y defienden al ocupador en detrimento del propietario”.

La redacción es vaga y en ella Vox no concreta cómo llevaría a cabo esta rebaja fiscal ni qué impacto económico podría tener sobre las cuentas públicas ni sobre quienes tienen problemas de “inquiocupación”. Tampoco se detalla si se aplicaría solo a pequeños arrendatarios o también a grandes tenedores o a grandes empresas de inversión inmobiliaria, dueñas de muchos de los pisos del mercado del alquiler.

“Lo cierto es que, lo que el Gobierno solo se atreve a decir en privado, se ha convertido en un problema de primer nivel por la tolerancia con la que la ocupación es admitida por la práctica totalidad de los partidos políticos”, argumenta la formación ultra. “Las consecuencias de tolerar la ocupación afectan a las normas de convivencia y urbanidad de la comunidad, el bloque o el barrio en el que hay una vivienda ocupada, que se convierte en un foco de inseguridad, delincuencia, venta y consumo de drogas o degradación. Los pisos ocupados son, en la amplia mayoría de los casos, un refugio para los delincuentes, pese a los relatos que quiere vender la izquierda”, añaden.

Definir la “inquiocupación” y elaborar un registro

La propuesta de Vox también insta al Gobierno a “definir legalmente” qué es la “inquiocupación” para poder así registrar datos contrastables. Igualmente, los de Abascal quieren “elaborar un registro nacional, riguroso, veraz y accesible de los casos de ocupación e inquiocupación, con el fin de adoptar las medidas necesarias que conduzcan a la erradicación de este fenómeno”. Y entre otras medidas, abogan por “desarrollar reformas legislativas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y fomenten la oferta de vivienda”.