España está cruzando una línea peligrosa. No es una metáfora ni una exageración retórica, sino una constatación política y social visible para cualquiera que quiera mirar. La violencia política no comienza con los golpes ni con las agresiones físicas: empieza mucho antes, cuando el insulto, el acoso y la mentira se utilizan de forma sistemática como armas políticas, y se normalizan como herramientas legítimas contra el adversario.

Este fin de semana, una concejal del Partido Popular de Valencia viajó expresamente para acosar e insultar al presidente del Gobierno en un acto en Aragón. No se trata de una anécdota ni de un exceso individual, sino de un síntoma más de una estrategia consciente de deshumanización política que la derecha española viene desplegando desde hace aproximadamente siete años. Ya escribí anteriormente sobre cómo la mentira, la desinformación y la persecución del adversario constituyen la antesala de la violencia política.

Hoy hemos avanzado un paso más. Del silencio ante la violencia se ha pasado al acoso directo, al insulto sistemático y a la persecución personal por parte de cargos del PP. Incluso se ha atacado a víctimas del terrorismo, como ocurrió este mismo fin de semana con Consuelo Ordóñez, a través de Javier de Andrés. Esta estrategia es conocida y se repite siempre: primero se señala, luego se insulta y se acosa, mientras se miente y se desinforma para generar miedo, inseguridad y desconfianza hacia las víctimas. El adversario deja de ser percibido como una persona y pasa a convertirse en algo peligroso y prescindible. La deshumanización transforma al adversario en residuo, y contra el residuo todo vale.

Para muchos, esto no es nuevo. A quienes vivimos en Euskadi durante los años de la llamada “socialización del sufrimiento”, lo que hoy ocurre nos resulta inquietantemente familiar. El mecanismo no es idéntico, pero sí muy parecido. Primero se señalaba a los adversarios políticos —socialistas y populares, entre otros—; después se les despreciaba, insultaba y acosaba en la vida cotidiana: en la calle, en el trabajo, en el barrio, en los bares, en los centros educativos. También se acudía a los mítines para gritar e intimidar. Incluso entonces hubo militantes y simpatizantes que hacían kilómetros para insultar a otros. Resulta estremecedor que el PP permita hoy comportamientos similares sin condenarlos ni tomar medidas, y que no haga memoria digna en honor a sus propios compañeros vascos perseguidos en aquellos años de miedo.

Ese mismo esquema está hoy en marcha a escala estatal. Se percibe en los insultos normalizados en el Congreso y el Senado, en los ataques a sedes socialistas —casi 300 el año pasado—, en las agresiones verbales y físicas en la calle, en la celebración de actos y “premios” de influencers con estética y discurso abiertamente fascistas, donde se insulta y amenaza al presidente del Gobierno entre risas, aplausos o silencios cómplices.

También se manifiesta en la persecución sistemática de periodistas y opinadores señalados como “enemigos”, sometidos a campañas de acoso, deslegitimación, insultos y amenazas que alcanzan incluso a sus familias. La persecución del periodista nunca es un detalle menor: es siempre un síntoma temprano de lo peor. Ya ocurrió en Euskadi, y todos recordamos lo que les sucedió a Gorka Landaburu, José Mari Calleja y tantos otros por contar lo que pasaba con ETA.

Pese a que el insulto, el acoso, la mentira y el bulo proceden de manera sistemática de la derecha y la ultraderecha, seguimos escuchando el mismo mantra anestesiante: “polarización”. No, no hay polarización. La polarización implica dos bandos equivalentes radicalizándose de forma simétrica. Aquí no hay simetría. No todos somos iguales ni todos somos igualmente responsables. Lo que existe es una estrategia de persecución política de la derecha y la ultraderecha contra quienes no son ellos —socialistas, progresistas y nacionalistas—, con especial saña contra el PSOE. Repetir que “todos fuimos culpables” recuerda peligrosamente a la forma en que se blanqueó la violencia franquista antes, durante y después de la Guerra Civil. No es cierto que entonces todos lo fuéramos, ni lo es ahora.

Desde Pablo Casado hasta Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular ha profundizado en esta estrategia. Feijóo no es un moderado atrapado por las circunstancias, sino el líder del PP en su fase más peligrosa. Bajo su dirección, el partido no contiene a la ultraderecha: la integra, la blanquea y adopta su marco mental.

Ayer, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la DANA, con la tragedia aún muy presente en la conciencia colectiva, Feijóo recurrió a ETA. Manoseó su memoria y la utilizó para golpear políticamente al Gobierno, mezclando a las víctimas del terrorismo con las de una catástrofe climática. No fue un error, sino una decisión calculada, una doble deshumanización: de los muertos de la DANA y de las víctimas de ETA.

Usar ETA fuera de contexto, como insulto o recurso retórico, es ejercer violencia política. Es degradar la memoria de quienes fueron asesinados y normalizar la idea de que todo dolor es utilizable si sirve para destruir al adversario. Cuando no hay límites morales, todo vale.

Ante esta indecencia, repartir culpas es complicidad. Callar, empatar responsabilidades o refugiarse en la equidistancia contribuye a entregar el país a quienes no respetan el sistema si no gobiernan. No todos fuimos culpables entonces, ni todos somos responsables ahora. Negarlo es repetir una de las grandes mentiras históricas de España.

La historia europea ha mostrado demasiadas veces cómo comienzan los procesos autoritarios. Hoy, voces antifascistas advierten de estos patrones no por alarmismo, sino por memoria democrática. Ha llegado el momento de rebelarse contra la costumbre española de taparlo todo con palabras amables. Basta de absolver a una derecha cainita que demuestra, una y otra vez, que si no tiene el poder, todo vale para conseguirlo.

Se acabó el engaño: ni todos fuimos culpables, ni todos somos responsables, ni todos somos iguales. Decirlo no es radicalismo. Es una obligación democrática.

Rafaela Romero, 
Diputada del PSOE por Guipúzcoa en el Congreso de los Diputados