El Congreso una de las votaciones más relevantes de los últimos años en relación al territorio saharaui. La Cámara Baja previsiblemente dará luz verde a la ley impulsada por Sumar para facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la Administración española, una medida que llega a las Cortes en un momento especialmente sensible en la relación entre España y Marruecos, marcada todavía por la crisis de Ceuta. La iniciativa ya ha superado las principales fases de su tramitación y figura actualmente en situación de aprobación por el Pleno.
La norma pretende reparar una situación que los promotores de la norma consideran una anomalía histórica. Su ámbito podría alcanzar a entre 70.000 y 80.000 personas, entre quienes nacieron en el Sáhara Occidental cuando todavía era una colonia española y sus descendientes. Sumar lleva defendiendo esta modificación durante toda la legislatura y ha tenido que sortear las reticencias que la propuesta generaba dentro del propio Gobierno de coalición.
El PSOE ha confirmado finalmente su respaldo. Su portavoz parlamentario, Patxi López, ha defendido que los socialistas votarán a favor y ha presentado la decisión como una muestra de autonomía política frente a cualquier posible reacción del país vecino. Fuentes del Gobierno, no obstante, reconocen a El País la preocupación por el impacto diplomático que pueda tener la aprobación de la norma. Desde Exteriores se insiste en que corresponde al Parlamento español decidir sobre la nacionalidad y desvinculan esta iniciativa de las actuales controversias con Marruecos.
La incógnita se concentra ahora en el PP. Los populares han ido modificando su posición a medida que avanzaba la tramitación: respaldaron la toma en consideración de la propuesta en febrero de 2025, posteriormente votaron en contra del dictamen en junio y finalmente optaron por la abstención en la Comisión de Justicia en julio. A falta de conocer el sentido definitivo de su voto, desde el partido apuntan a El País que no descartan ninguna posibilidad. Vox, por su parte, se ha situado frontalmente en contra de la iniciativa.
Desde Sumar se ha intensificado la presión sobre los populares. La diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha reclamado que el PP abandone la abstención y apoye una ley que considera vinculada a una deuda histórica con la población saharaui. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero. Otros grupos que respaldan al Ejecutivo han aprovechado también el debate para reclamar al Gobierno la desclasificación de documentación relacionada con la ocupación del Sáhara Occidental y acontecimientos como la Marcha Verde de 1975.
La propuesta establece un mecanismo específico para quienes nacieron en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977. La fecha supone una modificación respecto al planteamiento inicial de Sumar, que situaba el límite en febrero de 1976. La nueva referencia responde al momento en el que concluyó el periodo habilitado para que los saharauis pudieran optar formalmente por conservar la nacionalidad española, un derecho que, en la práctica, quedó condicionado por la ocupación del territorio por Marruecos y Mauritania.
La acreditación podrá realizarse mediante diferentes documentos. Entre ellos figuran el antiguo DNI español, aunque esté caducado; la inscripción en el censo de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental; certificados de nacimiento; libros de familia; documentos expedidos por la Administración española, así como certificados de escolarización, pensiones, permisos de conducir o documentos sanitarios que permitan acreditar el nacimiento en la antigua colonia.
Una vez que la ley complete su recorrido parlamentario y entre en vigor, los beneficiarios dispondrán de tres años para presentar la solicitud, con posibilidad de una prórroga adicional de un año. El procedimiento podrá realizarse también de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. La norma contempla, además, una vía para los descendientes y modifica el Código Civil para incluir a los saharauis entre los colectivos a los que se aplica el plazo reducido de dos años de residencia para acceder a la nacionalidad por esta vía.
La votación del jueves pondrá así el foco sobre una reivindicación que lleva décadas presente en las asociaciones saharauis en España y que ahora encara su último tramo parlamentario. Pero también medirá hasta qué punto el Congreso está dispuesto a avanzar en una cuestión especialmente sensible para Rabat, justo cuando las relaciones bilaterales atraviesan una nueva etapa de tensión debido a la crisis que se vive en Ceuta.
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