El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, es una de las figuras más interesantes a la hora de estudiar las tramas Gürtel y Kitchen del Partido Popular. Su más reciente declaración en la Audiencia Nacional, en el marco del juicio de la segunda trama mencionada, ha dejado sendos titulares que ejemplifican los medios bajo los que operaba el Partido Popular en pleno apogeo de estos casos de corrupción.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal fue la encargada de investigar, en primera instancia, los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas en el marco de la trama Gürtel. Sin embargo, cuando el PP llegó al Gobierno, las capacidades y el alcance de esta unidad se vieron severamente mermados en el marco de la trama Kitchen, con el fin de que la investigación no siguiera adelante. "Cuando el PP entra en el Gobierno y toma la batuta de la policía, nombrando a sus responsables, hay un salto de calidad en las presiones. Desmembraron mi unidad", declaraba Morocho ante la justicia.
"Aquello se dinamitó porque aparecían nombres de cargos del Partido Popular y ya hubo una involución pública notoria en contra de la investigación de toda la juez fiscal y unidad investigativa, que fue continuada en el tiempo", explicaba en el interrogatorio en la Audiencia Nacional. "Había un montón de comisiones rogatorias que analizar sobre flujos de dinero. Había mucha información que vino de cuentas bancarias en el exterior, que no hubo capacidad de analizar porque no teníamos el personal", reconocía sobre los recortes en su plantilla como parte de la mecánica de la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy para dinamitar esta investigación. En 2013, ese núcleo de trabajo sobre la Gürtel lo formaban 11 policías. Dos años después, Morocho ha denunciado que se redujo a solo cinco: "Se desmembró el grupo. ¿Cómo? Pues evidentemente fue una estrategia buscada. Te ofrecen un puesto de trabajo mejor, con una remuneración, un puesto más singularizado. Yo no podía retener a nadie y el grupo quedó absolutamente sin capacidad investigativa".
Presiones sobre su persona y espionajes
Ante las presiones, ofertas y otros mecanismos puestos en marcha desde la cúpula de la Policía y la falta de éxito de las mismas, optaron por otra estrategia: alejarle. Morocho ha declarado que le ofrecieron puestos en una embajada en Lisboa, un curso del FBI en Quántico, un puesto en la Comisión contra la Impunidad de la ONU, en Guatemala, con la intención de que no pudiese declarar en el juicio sobre sus informes.
"Me ofrecieron el puesto por orden de Eugenio Pino, me dice que no me puede garantizar que pueda venir a los juicios. Entonces ya le digo, pero ¿usted sabe quién soy yo? Le dije al inspector jefe, ¿me está diciendo que yo no voy a poder venir a los juicios? Hombre, por favor. Yo no me fui, evidentemente, a Guatemala", argumentaba ante el juez. Junto a esas presiones, también ha denunciado haber sido víctima de acoso, con vigilancias intensivas tanto en su despacho como en su coche cuando acudía a la Audiencia Nacional a rendir cuentas sobre sus informes en la UDEF.
Los 'tres niveles' de la Kitchen
Morocho, en sus informes, fue capaz de estratificar la operación del Partido Popular para sustraer documentos sensibles a Luis Bárcenas en hasta tres niveles. Si bien la expresión de los tres niveles nace de la boca de García Castaño en una de sus declaraciones, la tesis la acuña y la desarrolla en el informe Morocho, dotándola de un esquema analítico y pormenorizado. Según consta en el escrito, la estructura de actuación se cimentaba "indiciariamente" por tres entornos o estratos distintos, como si fueran círculos concéntricos.
El primero de ellos se sitúa en la capa más alta: la pata política. Sobre él pivota el entorno del Partido Popular, a quien el informe atribuye la capacidad de coadyuvar a la definición de los objetivos estratégicos y a la propia puesta en marcha del operativo. Es decir, el mero funcionamiento general de la trama.
En el segundo nivel actuaba el poder ejecutivo. Es decir, en las cañerías del Ministerio del Interior que entonces capitaneaba uno de los acusados, Jorge Fernández Díaz, junto al secretario de Estado del ramo, Francisco Martínez. Esta, según refleja Morocho en su informe, era la instancia encargada de transmitir órdenes y de activar recursos materiales y financieros. En este punto se sitúa a Andrés Gómez Gordo por su capacidad de influencia y su conexión con el entorno de María Dolores de Cospedal.
Y el tercer y último engranaje, más en las profundidades del Estado, corresponde al ámbito policial, que sería el ejecutor sobre el terreno de las actuaciones concretas para conseguir los objetivos marcados. El comisario jubilado José Manuel Villarejo encabezaría este engranaje, operando con una red propia de interlocución e incluso con un intermediario hacia Mariano Rajoy.
Esta esquematización no responde a una mera conjetura teórica, dado que Morocho recoge en el informe, citando palabras textuales de García Castaño, que este último percibía hasta "tres personas y que cada uno íbamos por un lado diferente". Ello conduce, así, a una de las claves sobre las que orbita el informe, que no presenta los estratos como compartimentos estanco, sino que la UDEF estimaba que estaban interrelacionados entre sí a través de canales formales e informales. Un doble circuito de información dentro del Ministerio del Interior y otro de carácter puramente político. Ahí es donde la trama se aleja de la concepción de una operación policial irregular. El botín y el objetivo último de todo: los documentos en poder de Bárcenas que afectaran a cargos públicos o responsables políticos del Partido Popular, para evitar que esa información llegara a la justicia.
En ese punto aparecen una y otra vez los discos duros, las grabaciones y la documentación ligada a la financiación opaca del partido. El informe recoge que a García Castaño se le trasladó desde Interior que lo importante era averiguar si Bárcenas se había llevado soportes de la sede del PP con información sobre donaciones, sobresueldos y pagos en B. Y también subraya el papel de Gómez Gordo, presentado como la persona que llega a la DAO ofreciendo dos cosas: la colaboración del chófer Sergio Ríos y la información de que los discos duros no se habían destruido y los tenía el extesorero.