La reciente imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro -durante los Gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy- arroja una irónica lección de historia. Montoro, que durante años fue una de las voces más duras del Partido Popular contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusaba de la crisis económica, ahora se ve él mismo en el ojo del huracán judicial. Un auto judicial apunta a que Montoro pudo impulsar cambios legislativos a favor de las empresas gasísticas a cambio de “importantes pagos” a su bufete de abogados, Equipo Económico. La hemeroteca recuerda como él mismo proclamó hace años que el Gobierno de Zapatero había “arruinado el Estado, metiendo mano en la caja de todos y tirando la casa por la ventana”, llegando incluso a exclamar en un mitin: “Gobierno de Zapatero, pandilla de inútiles, estáis arruinando España”. Hoy, esa narrativa retumba con distinto protagonista: Montoro acusaba de ruina al pasado, pero su propia gestión como ministro del PP dejó una pesada herencia de recortes y austeridad.
Las promesas de la Hacienda del PP bajo Montoro chocaron con la realidad. Su mandato fiscal entre 2011 y 2018 se caracteriza por drásticos ajustes presupuestarios y subidas tributarias. De hecho, 2012 fue un año emblemático: el Gobierno de Rajoy comprometió recortes del 19,9% en los Presupuestos Generales del Estado, lo que supuso detraer alrededor de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Además, Montoro lidero giros fiscales impopulares: él mismo admitió que el PP “prometió bajar los impuestos y los estamos subiendo”, elevando el IRPF, el IVA y otros tributos. También instituyó una polémica amnistía fiscal para defraudadores, justificándola con la metáfora de echar “el anzuelo” para atraer capitales fugados. La Sexta resumió en 2013 el panorama de “austeridad, recortes y aumentos de impuestos liderados por Cristóbal Montoro”, con el desempleo por encima del 27% y casi 50.000 desahucios anuales en paralelo. Estas medidas, presentadas por Montoro como sacrificios necesarios para evitar la ruina, recortaron servicios públicos básicos y tensionaron especialmente a las clases medias y bajas.
A pesar de las promesas de campaña, la Hacienda de Montoro elevó las cotizaciones del IRPF, el IVA y otros gravámenes mientras que en 2012 se aplicaba una reducción global del 16,9% en el gasto público, recortando de esta manera hasta 10.000 millones de euros destinados para servicios públicos básicos. De ser declarado culpable, Montoro y su equipo no solo serían condenados por una serie de graves delitos, sino que pondrían de manifiesto que, mientras el PP pedía a la ciudadanía calma ante la época de austeridad y recortes en la que los sumían, altos cargos de su partido se llenaban los bolsillos con el dinero de todos.
Esta combinación de sacrificios para unos y beneficios para otros alimentó la sospecha de que no todos pagaban por igual. Tras años de secreto de sumario, ha detallado como numerosas empresas gasísticas buscaban directamente al despacho Equipo Económico (fundado por Montoro) para lograr rebajas fiscales hechas “a demanda”. En concreto, ese despacho habría recibido cerca de 800.000 euros de firmas como Air Liquide, Abelló, Messer o Praxair, a cambio de que sus reclamaciones se tradujeran en cambios legales ―por ejemplo, rebajas en el impuesto eléctrico de 2013 y en le impuesto de actividades económicas en 2018―. El auto judicial habla incluso de una “organización” en la que altos cargos del Ministerio ―designados por Montoro― preparaban leyes con el fin de lucrar a terceros.
En este sentido, las imputaciones oficiales contra Montoro y su equipo no son cosa menor. Según la exclusiva publicada por La Vanguardia, Montoro podría haber cometido presuntamente los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Estos cargos coinciden con la investigación de una “red de influencias” que habría funcionado desde su propio Ministerio de Hacienda, según el auto del juez. La acusación sostiene que Montoro habría promovido leyes “a medida” para las gasísticas, implicando en ello a gente de su cúpula ministerial. Es decir, se le imputa nada menos que de haber llevado al extremo los métodos del poder económico sobre la función pública: impulsar recortes de gasto masivo como ministro, mientras después se investiga si se favorecían intereses privados.
Para el observador crítico, la secuencia resulta desoladora. Montoro era en su día quien señalaba con el dedo a Zapatero por la crisis, empaquetando sus acusaciones en consignas tajantes. Ahora, sin embargo, ha sido él quien dejó buena parte de trabajo sucio con presupuestos duros, envíos de responsabilidad al sector privado (como con la amnistía fiscal) y un escenario donde los grandes grupos pagaron para suavizar su carga fiscal. Mientras Montoro afirma que su imputación es “absolutamente anómala” y “sin ningún elemento probatorio” ―y el PP la denuncia como una “causa general” contra sus ministros―, las voces dentro del PSOE afean que la oposición les califique de “mafia” mientras demuestran tener una estructura duramente corrompida. Los socialistas no han tardado en criticar esta podredumbre dentro de la formación conservadora: “Los dos ministros de Hacienda del Partido Popular han acabado imputados”, han declarado. Además, han llegado a ironizar con el asunto publicando una foto de ambos ministros (Montoro y Rodrigo Rato) en la red social X (antes Twitter), señalando que “si llegan a poner tres, habrían sido tres”.
Al fin y al cabo, el ciclo histórico se cierra con una amarga moraleja: aquel que lanzó la consigna de que Zapatero “había echado a la ruina España” ahora se enfrenta a que le juzguen por sus propias prácticas. Ahora, la “ruina” deja de ser solo un eslogan político para volverse en su propio balance. A falta de veredicto final, la imputación de Montoro queda ya como símbolo de la crisis de credibilidad del PP. Las acusaciones de corrupción saltan de un Gobierno al otro, y las lecciones que Montoro dio sobre austeridad vuelven sobre su despacho.