La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha intervenido este martes en el Senado durante la sesión de control al Gobierno. Y como era fácil de prever, la dirigente de Unidas Podemos ha tenido que responder sobre la polémica de la ley del ‘solo sí es sí’ y la reforma presentada por el PSOE para corregir algunos aspectos de esta norma.

En concreto, Montero ha tenido que responder a la pregunta de la senadora del Partido Popular Patricia Rodríguez, que ha cargado contra la titular de Igualdad acusándole de mentir sobre la tramitación de la norma: "¿Qué balance hace de su ley de la que sólo usted y el señor Sánchez son culpables? ¿Cómo aborda su reforma?".

Unas críticas ante las que se ha defendido Montero asegurando que “hay que pisar mucho el acelerador” para “especializar la justicia” e “implementar la ley del ‘solo sí es sí’”. “Que las violencias sexuales se juzguen en juzgados especializados, como ocurre con la violencia de género, que las competencias para las violencias de género las tenga la fiscal de sala de violencia sobre la mujer, para que haya más psicólogas especializadas y más policías para proteger a las mujeres”, ha explicado.

En este sentido, Montero ha mostrado su “preocupación” por las “resistencias a la aplicación correcta” de la norma, y que “esas decisiones judiciales están bajando las penas a agresores sexuales” -más de 400 han visto reducidas sus penas desde la implantación de la ley-.

“La mayoría de los jueces están aplicando bien la ley y no bajan las penas como ayer vimos de un juez que decidió mantener la pena a uno de los agresores de La Manada”, ha subrayado Montero, lamentando que haya “una minoría que está decidiendo resistirse a la aplicación de la ley”, lo que ha generado “desgraciadamente un debate en nuestro país sobre el consentimiento en el centro del Código Penal”.

Por todo ello, la ministra de Igualdad ha vuelto a repetir que con la reforma planteada por el PSOE “estamos en serio riesgo de volver al Código Penal de La Manada, al de la violencia y la intimidación”, y ha explicado que su “función” es “garantizar que el consentimiento siga en el centro del Código Penal”.