La Administración Trump ha situado el foco en España con motivo de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven que luchó durante dos años contra su padre y Abogados Cristianos en los juzgados para conseguir una muerte digna; un caso por el que han solicitado una investigación, según ha avanzado este miércoles The New York Post.
Sobre esta noticia ha reaccionado el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Sanidad, por el que ha enfatizado su titular, Mónica García, que en Estados Unidos “mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de Derechos Humanos entre Gaza e Irán”.
A través de redes sociales, la ministra de Sanidad ha instado al mandatario de la Casa Blanca a que “deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”, reiterando que la competencia del caso de Noelia es española.
En estos términos, le ha recordado al mandatario norteamericano que “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”, ha subrayado García.
La eutanasia de Noelia, a ojos de Estados Unidos
El citado medio estadounidense recoge que funcionarios anónimos de la Administración Trump informaron de que el Departamento de Estado dio órdenes a su Embajada en Madrid para recabar datos sobre cómo se llevó a cabo el caso de la joven catalana y las decisiones que declinaron en la eutanasia. Estas fuentes llegaron a cuestionar la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal y patologías psiquiátricas.
Teniendo en cuenta el arduo debate sobre la aplicación de la eutanasia que despertó en España a nivel político, mediático y judicial hace apenas unos días atrás, ahora, Trump trata de llevar este escrutinio a ojos internacionales, debido a que los funcionarios consultados por el medio han desgranado sus “dudas” por el procedimiento, pese a que fue avalado por distintas entidades.
Cabe recordar que la joven Noelia falleció la pasada semana en Sant Pere de Ribes, en Barcelona, tras recibir una muerte digna después de dos años de batalla judicial, puesto que su padre y su defensa, encabezada por Abogados Cristianos, se opusieron por todos los medios a que se le aplicase la eutanasia a la joven, que sufría dolosas consecuencias físicas después de haber quedado parapléjica tras un intento de suicidio y de haber sufrido un episodio de agresión sexual.
Pese a que se le concedió la eutanasia en julio de 2024, no ha sido hasta casi dos años después cuando la joven vio cumplido su deseo de morir dignamente. En este sentido, el proceso fue avalado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, mientras que los recursos del progenitor y Abogados Cristianos fueron tumbados hasta tres veces por un mismo juzgado, incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El caso de Noelia, además de probar la eficacia de la ley que se aprobó en 2021, dejó entrever las deficiencias del sistema cuando una decisión íntima, como la fue la de la joven catalana, queda supeditada a designios ideológicos, familiares y mediáticos. Tras su fallecimiento, incluso el Ministerio de Sanidad movió los hilos para agilizar los procedimientos urgentes en casos similares y corregir algunas grietas existentes, todo ello en aras de evitar una espera tan prolongada como la que tuvo que afrontar Noelia.