El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente directamente del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, ha adjudicado por 6.273.270 euros a una empresa sanitaria privada la prestación de la hemodiálisis ambulatoria extrahospitalaria y la diálisis peritoneal domiciliaria para los pacientes de la sanidad pública de Ceuta. La importancia del contrato no reside únicamente en su cuantía, sino en la justificación aportada por el propio organismo: INGESA reconoce que no dispone en Ceuta de instalaciones, equipamiento ni personal médico suficiente para prestar directamente un tratamiento esencial para los enfermos renales.
La adjudicataria es RTS Servicios de Diálisis, S.L., que fue la única empresa que presentó una oferta al procedimiento convocado por la Gerencia de Atención Sanitaria de INGESA en Ceuta. El contrato fue formalizado en agosto de 2025 por un periodo de 36 meses, prorrogable durante otros 24, y su valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, alcanza los 11.434.200 euros.
INGESA admite que no puede prestar el servicio con medios propios
La memoria justificativa del expediente expone con claridad las carencias del sistema. Según la documentación difundida sobre la contratación, INGESA no dispone de una sala adecuada ni del equipamiento necesario para realizar la hemodiálisis, incluidos puestos de tratamiento, monitores y el material especializado requerido para atender de forma continuada a los pacientes.
La insuficiencia afecta también a la plantilla. El organismo reconoce que no cuenta con personal médico suficiente y dispone únicamente de dos nefrólogos, una dotación considerada claramente insuficiente para asumir con medios propios toda la actividad de hemodiálisis y diálisis peritoneal que necesitan los pacientes de Ceuta.
La consecuencia es que uno de los tratamientos más sensibles y recurrentes de la sanidad pública ceutí depende de una compañía privada contratada por el propio sistema público. No se trata de una prestación complementaria menor: la diálisis sustituye la función renal en pacientes con insuficiencia renal crónica y requiere atención periódica durante largos periodos.
El contrato incluye tanto la hemodiálisis ambulatoria extrahospitalaria como la diálisis peritoneal domiciliaria, en sus modalidades automática y continua. La adjudicataria debe garantizar instalaciones específicas, personal especializado y disponibilidad médica durante las sesiones, además de una dotación mínima de puestos de diálisis.
Más de seis millones para garantizar un servicio esencial
La contratación garantiza la atención de alrededor de 90 a 95 pacientes renales que reciben tratamiento en Ceuta. La asistencia se presta en un centro especializado de la ciudad y exige la participación de nefrólogos, personal de enfermería formado específicamente en diálisis y auxiliares sanitarios.
El importe adjudicado asciende a 6,27 millones de euros para tres años, pero la posibilidad de prorrogarlo durante otros dos eleva el volumen económico potencial por encima de los 11,4 millones. Se trata, por tanto, de uno de los contratos sanitarios externalizados de mayor importe de los localizados en la sanidad ceutí.
La contratación muestra además hasta qué punto la colaboración con proveedores privados puede resultar indispensable cuando la Administración carece de recursos suficientes. En la documentación del expediente, el propio INGESA justifica la externalización por la imposibilidad de prestar el servicio con medios propios y por el carácter imprescindible del tratamiento para los pacientes afectados.
La sanidad de Ceuta depende directamente de Mónica García
La adjudicación adquiere una relevancia política adicional porque Ceuta es, junto con Melilla, uno de los pocos territorios españoles cuya sanidad no está transferida a una comunidad autónoma. Su gestión corresponde directamente a INGESA y, en última instancia, al Ministerio de Sanidad.
Eso significa que las carencias reconocidas en el expediente —dos nefrólogos, ausencia de equipamiento suficiente y falta de capacidad para asumir directamente la diálisis— afectan a una sanidad gestionada por la Administración central.
El contrato fue formalizado durante el mandato de Mónica García, que ha convertido la defensa de la gestión pública directa y la crítica a determinadas fórmulas de colaboración público-privada en uno de los principales ejes de su política sanitaria.
La situación de Ceuta introduce, sin embargo, un contraste evidente: cuando el sistema gestionado directamente por el Ministerio no dispone de los médicos, las instalaciones o el equipamiento necesarios, recurre a una empresa privada para garantizar la atención de los pacientes.
La colaboración privada, necesaria cuando faltan medios públicos
El caso de la diálisis no es aislado. INGESA utiliza proveedores privados para distintas prestaciones diagnósticas y asistenciales en Ceuta, incluidos servicios de resonancia magnética, endoscopias y determinadas pruebas especializadas.
Pero la externalización de la diálisis destaca por su volumen económico y, sobre todo, porque la propia Administración reconoce expresamente que carece de capacidad para ofrecerla con recursos públicos propios.
La paradoja resulta especialmente significativa en un momento en el que el Ministerio impulsa normas destinadas a reforzar la gestión directa y limitar determinadas fórmulas de colaboración público-privada.
En Ceuta, sin embargo, la realidad asistencial obliga a aplicar justamente la fórmula que el discurso político de Mónica García cuestiona con frecuencia: contratar a una empresa privada para prestar un servicio esencial que el sistema público no puede asumir por sí solo.
La conclusión que deja el expediente es difícil de obviar. La sanidad gestionada directamente por el Ministerio de Sanidad reconoce que dispone únicamente de dos nefrólogos, que carece de sala y equipamiento suficiente para la diálisis y que necesita contratar a una empresa privada por 6,27 millones de euros para garantizar la atención a los pacientes renales de Ceuta.
Más que una cuestión ideológica, el propio contrato muestra que, cuando faltan profesionales y medios públicos, la colaboración con la sanidad privada se convierte en una solución asistencial imprescindible.
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