Moncloa pone toda la carne en el asador de la vivienda para intentar abrochar la legislatura

Vivienda se ha convertido en la palabra maldita de la legislatura. El clamor ciudadano ante la durísima situación del mercado inmobiliario ha activado las palancas en el Ejecutivo para hacer algo al respecto, pero hasta la fecha, ha llegado mal, tarde o ni siquiera ha llegado. Desde hace meses se viene anticipando un puñetazo en la mesa que ayude a los españoles con el principal problema que tienen en su día a día, pero no terminan de materializarse cambios sustanciales, ya sea por falta de voluntad o de entendimiento entre los responsables de que salga adelante. Con todo este telón de fondo, el Gobierno ha intentado un último movimiento para sacar adelante un amplio paquete de medidas frente a la situación inmobiliaria antes de que acabe la legislatura. Que caiga en saco roto o no dependerá del diálogo entre las partes.

En primera instancia, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo dentro de la coalición para impulsar un decreto de gran alcance en el Consejo de Ministros antes de que concluya julio. Sumar, con el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como principal impulsor, ha logrado fijar este calendario y ha situado en el centro de la negociación la prórroga extraordinaria de los alquileres. Esta iniciativa decayó el pasado 28 de abril tras ser rechazada por Junts con el respaldo de PP y Vox. No obstante, el Ejecutivo considera que una nueva formulación del texto, acompañada de otras concesiones, podría facilitar el apoyo de la formación conservadora catalana, poco susceptible de apoyar reformas progresistas en el mercado de la vivienda. El futuro decreto incluirá un conjunto amplio de medidas diseñado para atraer a distintos grupos parlamentarios y aumentar las opciones de convalidación. A diferencia del texto anterior, rechazado por el Congreso y compuesto únicamente por dos artículos, la nueva propuesta abordará cuestiones que van desde la fiscalidad de los pisos turísticos hasta mecanismos para reforzar la empresa pública de vivienda Casa 47.

Paralelamente, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, encargada de coordinar las conversaciones, se encontraría trabajando junto a Sumar en la elaboración de un paquete maleable para negociar con casi todas las formaciones del arco parlamentario, en una fórmula en la que caerían también el propio Junts y el PNV, además de los socios más cercanos ideológicamente al PSOE, como ERC, Bildu y Podemos. La larga tramitación de la ley de Vivienda, que se prolongó durante casi tres años, ya demostró lo complicado que es, en un Parlamento tan fragmentado y polarizado, sacar adelante iniciativas sensibles. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo consideran que existen posibilidades reales de entendimiento, ya que creen que es posible incorporar demandas de todos los actores implicados y, además, existe una fuerte presión social para actuar, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda constituye, según sondeos, la preocupación más acuciante de millones de ciudadanos españoles.

Mecanismos por desbloquear: amnistía y otras negociaciones

Mientras continúan las conversaciones, con el Consejo de Ministros en la lontananza, cabe todavía esperar un acontecimiento que será clave para el desarrollo de la política española: el próximo 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer su resolución sobre la ley de amnistía, una decisión que podría facilitar el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña en caso de fallo favorable. Alrededor de este asunto, cada formación política ha trasladado reivindicaciones diferentes que se han ido limando conforme le ha ido interesando a cada agente: el Partido Popular, otrora muy crítico con esta ley y con Junts per Catalunya, ha intentado, en los últimos meses, traer al redil a los neoconvergentes para reconducir las relaciones.

Volviendo a la vivienda, el Gobierno considera que existe margen para dar respuesta a la mayoría de las demandas de los partidos del Hemiciclo. Junts, por ejemplo, reclama deducciones vinculadas al pago de hipotecas y alquileres, así como incentivos fiscales destinados a fomentar la construcción y la rehabilitación de viviendas, cuestiones que el Ejecutivo considera susceptibles de negociación. En relación con los alquileres temporales, el Gobierno se está acercando a la posición defendida por el PNV. Para ello, tomará como referencia una ponencia parlamentaria que permanece en tramitación desde diciembre y que cuenta con el respaldo de los nacionalistas vascos. Entre las modificaciones planteadas figura la equiparación de los alquileres por habitaciones con los contratos de vivienda habitual, lo que implicaría una duración mínima de cinco o siete años, según el tipo de arrendador, además de la aplicación de límites de precio en zonas declaradas tensionadas.

A pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la proposición de ley sobre arrendamientos temporales y de las diferencias surgidas posteriormente entre los grupos parlamentarios en materia de vivienda, fuentes del departamento que dirige Rodríguez señalan que el texto mantiene su configuración inicial y que, adicionalmente, incorpora nuevas aportaciones del PNV, Bildu y Sumar y no está siendo objeto de revisión porque ya dispone del respaldo de una parte significativa del Parlamento. Así, el Ejecutivo pretende trasladar ese mismo nivel de consenso a otros aspectos más conflictivos que todavía no cuentan con un apoyo suficiente.

En concreto, uno de los puntos más delicados es la recuperación de la moratoria de los alquileres, que regresará al Congreso integrada en la nueva norma, aunque con una formulación distinta. El Gobierno confía en que los cambios introducidos permitan superar las reticencias de los neoconvergentes, y para posibilitar ese acercamiento, se estudia incorporar beneficios fiscales en el IRPF para aquellos propietarios que mantengan congeladas o reduzcan las rentas de alquiler, una demanda reiterada por la formación catalana.

Las medidas previstas, sin embargo, irán mucho más allá: cuando se anunció la elaboración del decreto, el Ejecutivo adelantó ya la intención de aplicar un IVA del 21% a las viviendas destinadas al alquiler turístico, y según fuentes gubernamentales, se están evaluando fórmulas que permitan agilizar los procedimientos administrativos y establecer incentivos fiscales orientados a incrementar la construcción de vivienda asequible. También se estudian instrumentos para facilitar la ampliación del parque residencial gestionado por Casa 47. Del mismo modo, se prevé reforzar uno de los principios que el Ministerio de Vivienda viene defendiendo de forma recurrente: garantizar de manera permanente la protección de la vivienda de protección oficial (VPO).

Dividido en dos bloques

Este futuro decreto, descrito por la ministra portavoz, Elma Saiz, como una iniciativa "amplia y transversal", constará de dos bloques principales. Por una parte, la regulación de los alquileres temporales y de las habitaciones constituirá uno de los ejes principales y es, además, uno de los aspectos más avanzados de la negociación. El propósito es evitar que estas modalidades se utilicen para eludir determinadas garantías recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos: tal y como señala la ponencia parlamentaria, numerosos propietarios recurren a estas fórmulas para sortear la regulación vigente de los alquileres. Mientras que la LAU obliga a mantener contratos de cinco años y limita las actualizaciones de renta a la evolución de la inflación, los contratos temporales permiten finalizar la relación contractual con mayor facilidad y aplicar incrementos periódicos en el precio, incluso de forma mensual.

Con el objetivo de frenar estas prácticas, el Gobierno plantea introducir algunas modificaciones, como la extensión a los alquileres por habitaciones de las mismas condiciones de protección aplicables a los contratos de vivienda completa. Este tipo de alojamiento ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, especialmente en aquellas zonas donde la oferta residencial se ha reducido de manera considerable, convirtiéndose para muchas personas en la única alternativa disponible para acceder a una vivienda. Por todo ello, el Ejecutivo considera que reforzar la protección de estos arrendamientos tendría un impacto directo sobre una parte importante del mercado del alquiler. Además de equiparar la duración de los contratos, la propuesta legislativa establece nuevos límites temporales para los alquileres de temporada, tanto de viviendas completas como de habitaciones individuales. Aunque las partes seguirán pudiendo acordar libremente la duración del contrato, esta no podrá ser inferior a 31 días ni superior a 12 meses.

Asimismo, si se formalizan sucesivos contratos entre las mismas partes y por idéntico periodo, la vivienda pasará a considerarse residencia habitual y quedará sometida a todas las garantías previstas por la LAU. Con el fin de restringir aún más el uso indebido de los alquileres no permanentes, la norma prevé que, en las viviendas arrendadas por habitaciones, la suma de todas las rentas abonadas no pueda superar el importe que correspondería al alquiler íntegro del inmueble. Cuando no exista una renta previa que sirva de referencia, se recurrirá al índice elaborado por el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler en aquellos casos en que la vivienda esté situada en una zona tensionada.