El Gobierno llega al último Consejo de Ministros de septiembre con dos frentes abiertos que concentran buena parte de su agenda económica y social. El Ejecutivo aprobará este martes, 29 de septiembre, un nuevo decreto anticrisis para amortiguar el impacto de la escalada energética provocada por la guerra en Irán, justo antes de que caduquen algunas de las medidas activadas durante los últimos meses. Al mismo tiempo, Moncloa apura las negociaciones para intentar llevar también a la mesa el decreto de vivienda, todavía pendiente de cerrar dentro de la coalición y con los grupos parlamentarios.
El nuevo paquete económico llega con la inflación otra vez al alza y con parte del escudo aprobado desde marzo a punto de cambiar o desaparecer. El Gobierno todavía no ha detallado el contenido completo de la norma, pero sí ha avanzado que quiere prorrogar las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por el sobrecoste del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre. También mantiene como objetivo reducir la dependencia energética e impulsar la electrificación y la descarbonización.
Hasta ahora, las medidas aprobadas desde el inicio de la crisis suman, según Europa Press, unos 10.000 millones de euros entre los distintos decretos y actuaciones estructurales. El primer plan, aprobado en marzo, movilizó 5.000 millones y puso en marcha 80 medidas que el Gobierno calculó que alcanzarían a 20 millones de hogares y tres millones de empresas.
La energía vuelve a apretar antes del otoño
La urgencia del nuevo decreto se entiende mejor al mirar el calendario. Hasta el 30 de septiembre siguen vigentes varias de las medidas ya aprobadas. La rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó en septiembre hasta los 20 céntimos por litro, mientras que la gasolina mantiene una reducción de cinco céntimos. Otras medidas, como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, continuarán durante el resto del año.
El problema es que la presión de los precios se ha intensificado. El IPC general alcanzó en agosto el 4,3%, siete décimas más que en julio y su nivel más alto desde febrero de 2023, según Funcas. El centro de análisis atribuye buena parte del repunte al encarecimiento de la energía, cuya tasa interanual escaló hasta el 16,9%.
En su escenario central, Funcas estima que la inflación podría subir al 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% durante los meses siguientes. Para el conjunto de 2026 calcula una media del 3,6% y del 2,9% en 2027, aunque advierte de que la evolución dependerá en buena medida del precio del petróleo y de la duración del conflicto.
El Gobierno ha mantenido reuniones con patronal, sindicatos y representantes de los sectores agroalimentario, industrial, energético, de distribución y transporte antes de cerrar el nuevo paquete. En paralelo, Sumar y los sindicatos han reclamado recuperar la llamada excepción ibérica, mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido además estudiar medidas como gravar el refino o limitar los alquileres. El sector eléctrico ha mostrado su rechazo a recuperar aquel mecanismo.
El gas añade otra presión inmediata
A las previsiones de inflación se suma otro aviso de corto plazo. La OCU calcula que la Tarifa de Último Recurso del gas podría encarecerse alrededor de un 54% a partir del 1 de octubre si no se introducen medidas adicionales antes de la revisión. Para un hogar con calefacción y un consumo anual de 9.000 kWh, la organización estima que la factura pasaría de unos 600 a alrededor de 910 euros al año, unos 310 euros más.
Ese cálculo no equivale a una subida ya confirmada. Se trata de una estimación de la organización de consumidores a partir del mecanismo de revisión de la TUR y de la evolución del mercado. La tarifa definitiva dependerá de la actualización correspondiente y de las decisiones que pueda incorporar el Gobierno al nuevo decreto.
La vivienda, todavía en negociación
El otro gran frente del martes sigue abierto. Moncloa mantiene su intención de aprobar también el decreto de vivienda, aunque las negociaciones continúan. Fuentes del Gobierno han trasladado que ven probable alcanzar un acuerdo suficiente para llevarlo al Consejo de Ministros y garantizar después su convalidación en el Congreso.
El desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina madrileña de 87 años, ha elevado la presión sobre esas conversaciones. Sumar reclama reforzar las medidas de protección, mientras Junts negocia con el PSOE cambios dirigidos, entre otros puntos, a ofrecer mayores garantías e incentivos a los pequeños propietarios.
La diferencia entre ambos textos es clara a estas alturas: el escudo anticrisis está anunciado y llegará al Consejo de Ministros; el decreto de vivienda todavía debe superar sus últimas negociaciones. Ese contraste es el que convierte el martes en una jornada especialmente sensible para Moncloa, con la inflación ya de nuevo por encima del 4% y la vivienda en plena disputa política.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.