La posibilidad de que un ministro español participe en reuniones del Ejecutivo francés o que un miembro del Gobierno de París asista periódicamente a encuentros institucionales en Madrid está más cerca de convertirse en realidad. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados dio este miércoles un paso decisivo para ratificar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, un acuerdo que contempla un mecanismo de intercambio ministerial sin precedentes entre ambos países.
La iniciativa, impulsada por los gobiernos de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron tras la firma del tratado bilateral en la cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona en 2023, prevé que representantes de ambos Ejecutivos sean invitados, de forma rotatoria y con carácter periódico, a participar en las reuniones gubernamentales del país vecino.
El texto establece que “un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”, una fórmula que busca reforzar la coordinación política, económica y estratégica entre dos de los principales socios de la Unión Europea.
Un acuerdo que ya fue rechazado
La tramitación del tratado ha estado marcada por una intensa controversia política y jurídica. De hecho, el acuerdo ya fue rechazado por el Congreso en 2025, convirtiéndose en el primer tratado de amistad internacional que no logró superar el trámite parlamentario en la Cámara Baja.
El principal foco de debate fue precisamente la participación de miembros de un Gobierno extranjero en reuniones del Ejecutivo español, una medida que la oposición interpretó como una posible injerencia en las competencias exclusivas del Estado.
Sin embargo, el escenario político ha cambiado significativamente desde entonces. Formaciones que en la anterior votación se opusieron al texto, como Junts per Catalunya y Podemos, han optado ahora por la abstención, desbloqueando una mayoría suficiente para permitir que la iniciativa continúe su recorrido parlamentario.
Con este nuevo equilibrio de fuerzas, únicamente Partido Popular y Vox mantuvieron su rechazo durante la votación en comisión, lo que deja prácticamente encarrilada su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso previsto para la próxima semana.
El Gobierno matiza el alcance de la participación
Ante las dudas surgidas sobre el contenido del acuerdo, el diputado socialista Pepe Mercadal defendió que el mecanismo previsto no supone una integración efectiva de ministros extranjeros en los órganos de decisión del Estado.
Mercadal recordó que el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, alcanzaron el pasado mes de abril un entendimiento para delimitar el alcance de estas invitaciones institucionales.
Según explicó, cuando se produzcan estas participaciones, los ministros invitados asistirán únicamente “en los márgenes” de las reuniones del Consejo de Ministros y mantendrán encuentros específicos separados de las deliberaciones formales del Ejecutivo.
El objetivo, según los defensores del tratado, es fortalecer la interlocución política entre ambos países sin alterar las competencias soberanas de cada Gobierno ni permitir la participación de representantes extranjeros en la toma de decisiones nacionales.
Las dudas constitucionales siguen presentes
A pesar de las aclaraciones introducidas por el Ejecutivo, el Partido Popular mantiene sus reservas sobre la compatibilidad constitucional de la medida.
El diputado popular Ricardo Tarno sostuvo durante el debate que el texto sometido a votación es esencialmente el mismo que fue rechazado hace un año y cuestionó que no se hayan incorporado modificaciones sustanciales que disipen las dudas jurídicas planteadas entonces.
“El tratado es el mismo. No hay ni una coma cambiada”, defendió el parlamentario, quien reprochó al Gobierno haber recuperado una iniciativa que ya había sido descartada por la Cámara.
Desde el PP consideran que la presencia de ministros extranjeros en el entorno del Consejo de Ministros podría entrar en conflicto con los límites establecidos por la Constitución respecto a la participación de ciudadanos no españoles en asuntos vinculados al ejercicio de la gobernanza nacional.
Los populares sostienen además que la disposición podría afectar al espíritu del artículo 98 de la Carta Magna, que regula la composición y funcionamiento del Gobierno de España.
El precedente del Tribunal Constitucional
Las discrepancias sobre la legalidad del tratado llegaron incluso a las instituciones. En febrero de 2025, el Senado —donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta— impulsó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que analizara la adecuación del acuerdo al marco constitucional español.
Aquel movimiento quedó posteriormente sin recorrido tras el rechazo parlamentario del tratado, que dejó sin efecto el debate jurídico planteado.
Sin embargo, la reactivación de la iniciativa podría devolver la cuestión al primer plano político e institucional si finalmente prosperan nuevos recursos o impugnaciones por parte de la oposición.
Hacia una integración política más estrecha
Más allá de la controversia, el acuerdo refleja la voluntad de Madrid y París de profundizar en una relación estratégica que ya se extiende a ámbitos como la defensa, la energía, las infraestructuras o la gestión migratoria.
Inspirado en modelos de cooperación bilateral existentes entre otros países europeos, el sistema ha sido descrito por algunos observadores como una suerte de “Erasmus político”, diseñado para favorecer el conocimiento mutuo de las estructuras gubernamentales y mejorar la coordinación entre administraciones.
Si el Pleno del Congreso confirma la próxima semana el respaldo expresado en comisión, España y Francia podrían iniciar en los próximos meses una experiencia inédita en la política europea contemporánea: la participación periódica de ministros de ambos países en encuentros institucionales de sus respectivos gobiernos, un paso más en la construcción de una relación bilateral que aspira a situarse entre las más estrechas del continente.
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