Moncloa activa la vía legislativa para resistir a la tormenta judicial

Con la semana horribilis del PSOE a las puertas por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ala socialista del Ejecutivo buscará refugiarse en la actividad parlamentaria y centrar los focos en la carga legislativa para resistir a la tormenta judicial, que todavía no amaina. En concreto, los del puño y la rosa buscarán desfibrilar la legislatura con tres pulsos: la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, el proceso para llevar al Consejo de Ministros el nuevo modelo de financiación autonómica, y la reactivación de una de sus medidas estrella, la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de dieciséis años. Con todo, el objetivo más evidente es prolongar la legislatura, en un contexto marcado por la presión judicial y en la que los socialistas consideran vital que la política vuelva al centro del debate.

Sobre los Presupuestos, tras toda una legislatura sin avances en esta obligación, el Ejecutivo pretende ahora impulsar las cuentas públicas de 2027 durante los meses de junio y julio. Para ello, además de aprobar el cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros del próximo 23 de junio, tal y como anunció esta semana en el Congreso el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está previsto que a mediados de julio se presenten también el techo de gasto y la senda de déficit, según avanzaban recientemente fuentes monclovitas. El objetivo es mantener activa la agenda institucional hasta el paréntesis del verano y que ésta sirva para apaciguar un momento en el que los tribunales están marcando buena parte de los tiempos. En el Ejecutivo, a su vez, confían en ganar margen con la llegada del periodo vacacional, que supone también una ralentización de los procedimientos judiciales abiertos durante agosto al considerarse mes inhábil. De hecho, los planes de Moncloa contemplan que el último Consejo de Ministros antes del descanso se celebre el 28 de julio y que la actividad se reanude el 1 de septiembre, aprovechando casi al máximo los márgenes.

De los Presupuestos a la financiación autonómica

En segundo lugar, otra de las tareas pendientes del Ejecutivo es la de articular una financiación autonómica que contente a todos para que entre en vigor antes de 2027. La labor es ardua, pues la reforma del sistema actual, caducado desde 2014, lleva meses bloqueado. El impedimento principal está en que la mayoría de comunidades las gobierna el Partido Popular, cuya dirección nacional parece haber sentenciado el plan del Gobierno central antes incluso de que eche a andar.

El recientemente elegido sucesor de María Jesús Montero al frente de Hacienda, Arcadi España,ha retomado el trabajo de su antecesora, que presentó un plan inicial a las autonomías en enero. España anunció la pasada semana que resucitará la reforma de la financiación, e instó a las comunidades a concertar reuniones bilaterales "de manera inmediata". La fórmula elegida por el ministro es la de negociar con las autonomías una por una, como paso previo a que se reúna con todas a la vez en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que aseguró que convocará "próximamente". Sin embargo, al PP no le vale esta vía, a pesar de que el plan presentado por el Gobierno incluye 20.975 millones de euros más para las comunidades, la mayoría de las cuales gobiernan ellos. Según los datos de Moncloa, el total de la financiación homogénea ditribuida en 2027 ascenderá, si se llega a un acuerdo, a 224.507 millones de euros, lo que supondría unos 70 millones más que en 2023, último año liquidado.

Prohibición de las redes sociales a los menores de dieciséis años

Y en tercer lugar, paralelamente a las cuesitones económicas y financieras sobre la mesa, el Ejecutivo quiere revitalizar una de sus propuestas estrella, estancada desde hace meses: la iniciativa destinada a impedir que los menores de dieciséis años puedan acceder a las redes sociales.

Fuentes parlamentarias socialistas han señalado que la intención es reactivar la próxima semana la ponencia del proyecto de ley de protección digital de menores, tras meses paralizada en la Comisión de Justicia. Durante las últimas jornadas se han negociado cerca de una veintena de enmiendas con los aliados parlamentarios con el propósito de aprobar un paquete legislativo destinado a regular las plataformas digitales y limitar la influencia de los llamados "tecnoligarcas", contra los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido reparos en cargar durante los últimos meses.

Desde Moncloa también se ha pedido a los distintos ministerios que aceleren antes del verano varios proyectos pendientes para poder incorporarlos a alguna de las siete reuniones del Consejo de Ministros que quedan pendientes hasta el cierre del curso político. Así, Sánchez realizará su balance político el propio 28 de julio, coincidiendo con la última reunión del Ejecutivo, o el día anterior. Al final de esa semana mantendrá el tradicional encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent antes de iniciar oficialmente sus vacaciones.

Los Presupuestos, la verdadera prueba de fuego

Con todo, el PSOE intenta trasladar la imagen de que continúa centrado en la gestión y en desbloquear asuntos pendientes, alejándose del ruido mediático y judicial. No obstante, la prosperidad de las citadas iniciativas es clave para que la legislatura sobreviva. Si los Presupuestos no salieran adelante, la situación judicial y el bloqueo parlamentario levantarían muchas ampollas y el anticipo electoral comenzaría a ser un asunto manido en los pasillos de la Cámara Baja. No obstante, fuentes de Moncloa son optimistas ante tal escenario, considerando que el Gobierno habría presentado un programa político con su acción reciente en ese sentido. Además, según argumentan desde Podemos, la responsabilidad de una eventual convocatoria anticipada, y del posible acceso de PP y Vox a Moncloa, recaería sobre las formaciones que impidieran su aprobación.

En Moncloa las intenciones llevan siendo claras desde que todo empezó a agitarse: mantener los plazos habituales y agotar la legislatura, sin que haya adelanto electoral. En cuanto a los presupuestos, los planes del Ejecutivo pasan por que la tramitación siga con normalidad, lo que implicaría registrar el proyecto en el Congreso antes de finalizar septiembre. A partir de ese momento se abriría un periodo de entre dos y cuatro semanas para la presentación de enmiendas, hasta llegar a la votación de totalidad, considerada el principal examen político de la recta final de la legislatura polémicas y supervivencia aparte. Si una enmienda a la totalidad prosperara, el proyecto quedaría rechazado por la Cámara y habría que empezar a sacar la calculadora.