La Xunta de Galicia regó con cientos de miles de euros a Equipo Económico, tal y como revelaba esta semana en exclusiva ElPlural.com. Más allá del fondo de la cuestión, llama la atención la forma de esta: ¿Cuál fue la hoja de ruta que siguió la administración gallega, por aquel entonces capitaneada por Alberto Núñez Feijóo?
Tal y como ha podido comprobar este periódico, que ha tenido acceso a todos los contratos -repartidos en un total de 13 conceptos- hubo patrones que se repitieron en el seno del reparto monetario al bufete del que formó parte uno de los miembros clave del equipo de Mariano Rajoy.
El montante total ascendió a los 172.838 euros y los acuerdos de formalizaron entre 2009 y 2011. Precisamente en lo que respecta al tiempo se sitúa uno de los puntos que se repite a lo largo de la más de una decena de acuerdos que en tres años se llevaron a cabo entre la administración pública y el despacho que reunió a nombres propios de la formación conservadora. En este sentido, cabe destacar que cada pocos meses -alrededor de dos o tres- la región gallega asignaba un nuevo contrato a Equipo Económico.
Otro de los aspectos que no pasa indiferente son los conceptos mismos de aquellos contratos, muy variopintos y alternos entre sí, pero siempre relacionados con las áreas de especialidad de la firma -esto es hacienda, fiscalidad, etc.-, siendo uno de los que más polémica despiertan el que versa sobre la creación de una agencia tributaria gallega.
Hay que hablar, por supuesto, de las cantidades, y es que más allá del total son en cierta medida similares en tanto en cuanto rara vez sobrepasaron con creces los 20.000 euros. En última instancia, el dinero siempre salía de las dos mismas secretarías: la de Presidencia y la de Hacienda.
Más de una decena de acuerdos con el bufete del exministro
Entre los contratos otorgados se encuentra uno; el primero, que tenía como objetivo conocer “medidas para atraer inversión a Galicia” y que se cerró por un valor de 15.080 euros, o el más alto, que se cerró por 21.240 euros para “un requerimiento previo y un recurso de entregas a cuenta en 2011 del sistema de financiación autonómica”.
A ellos los acompañaron otros once contratos. En total, se formalizaron cuatro en el primero de los años, seis en 2010 y tres en 2011. Todos ellos se pueden consultar de manera íntegra en este periódico.
Los últimos contratos
Los últimos contratos empiezan el 14 de febrero, cuando se encargó un “informe estudio ‘Análisis de propuesta para establecer un límite de gasto no financiero en las comunidades autónomas’” por 5.310 euros. Este se pagó el 25 de marzo.
Diez días después, el 24 de febrero, la misma secretaría encargó un informe “sobre la inversión y eficiencia de I+D+i en España” por 6.608 euros, efectuándose el pago también el 25 de marzo.
El último de los acuerdos que se cerró, atendiendo a la información de la que dispone este medio de comunicación, está fechado el 10 de junio de 2011 y su meta fue la realización de un informe “sobre las ventajas de aplicar un sistema de precios de mercado al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados fijados por orden autonómica” por 14.160 euros. Se pagó el 10 de agosto.
Equipo Económico, en el centro de la polémica
Equipo Económico se encuentra en el centro del bautizado como ‘Caso Montoro’, al tratarse el despacho que conectó a compañías privadas con decisiones ministeriales que resultan claves.
Fundada en el año 2006 por el exministro de Hacienda, éste conectó a empresas privadas y fueron financiados también por espacios públicos. El bufete operó con una apariencia de solvencia técnica que en la práctica no era tal y que le permitió facturar más de 70 millones de euros en menos de 20 años.
Bajo el paraguas del mencionado despacho se encuentran nombres tan reconocidos como el de Luis de Guindos o Rafael Catalá, quien después sería ministro de Justicia con Rajoy. El exministro se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, pero la verdad es que varias personas de su entorno ocuparon cargos en la entidad después, un hecho que favoreció que la firma actuara como consultora paralela con acceso privilegiado a la administración.
Los Mossos d’Esquadra revelaron la dimensión del bufete, cuya línea de operación abarcó reformas legislativas a favor de compañías privadas a cambio de pagos millonarios, sobre todo en sectores tan concretos como el gasístico o el del juego.
La actuación del despacho va más allá del tráfico de influencias, y es que la fiscal que lleva el caso acusó a la entidad utilizar sus contactos institucionales para modificar normativas a favor de sus clientes, como pasó con la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).