Las entradas que permitieron a Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana, disfrutar de la final del Mundial que dio a España la segunda estrella están siendo foco de críticas y denuncias. Y es que Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha enviado un burofax a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como requerimiento previo a la presentación de querellas penales contra el presidente de la federación, Miguel Louzán, y contra el jefe del Consell por asistir a ver el partido con una entrada de cortesía.
Tal como denuncia Galán en el escrito, se trata de “hechos que podrían revestir relevancia penal y disciplinaria”, hablando de cohecho activo y pasivo. Cabe recordar que Llorca se desplazó de manera privada a Nueva York, donde se disputaba el encuentro, y fuera de agenda. Galán también señala que la RFEF habría facilitado gratuitamente al president de la Generalitat “una entrada para final de la Copa Mundial de FIFA 2026, cuyo valor de mercado se situaría en una horquilla claramente incompatible con cualquier noción razonable de cortesía institucional o uso social”.
Así, señala el elevado valor de la localidad, que sitúa los precios entre 3.560 y 7.386 euros en el periodo inicial de venta. “Aun tomando como referencia la estimación más baja, la ventaja recibida excede por completo cualquier parámetro de cortesía institucional admisible”, indica, añadiendo que se trata “de un regalo de valor extraordinario, patrimonialmente relevante y jurídicamente incompatible con la idea de la simple atención social y protocolaria”.
En su escrito, Galán también hace referencia a los vínculos entre Pérez Llorca y Louzán, que presidió la Diputación de Pontevedra con el PP. Al respecto, señala que la coincidencia partidista “constituye un indicio cualificado de que la entrega de la entrada no respondió a criterio institucional objetivo alguno, sino a la condición de autoridad pública del beneficiario y a la relación de afinidad y amistad política existente”.
“Los hechos podrían integrar, al menos de forma indiciaria, un supuesto cohecho pasivo impropio del artículo 422 del Código Penal, precepto que castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función”, dice también.
Y, además, pone el foco en la directora de gabinete de la RFEF, Marisa González, que goza de una larga trayectoria en puestos de responsabilidad en el ámbito de la comunicación del Partido Popular e instituciones gobernadas por los populares en la Comunidad de Madrid -aunque no ha trabajado como asesora de Pérez Llorca-. Tanto que exige su cese inmediato: “Esta asociación exige formalmente el cese inmediato de Marisa González como directora de Gabinete de la Real Federación Española de Fútbol y cualquier cargo en la RFEF”.
En declaraciones a ElPlural.com, González asegura que “la RFEF gestiona de forma autónoma las entradas de cortesía facilitadas por la FIFA, que son gratuitas para la Federación” y “dada su naturaleza jurídica de entidad privada, el uso y asignación de estas invitaciones los determina esta institución”.
No obstante, en su escrito, Galán insiste en que “esa triple coincidencia partidista constituye un indicio cualificado de que la entrega de la entrada no respondió a criterio institucional objetivo alguno, sino a la condición de autoridad pública del beneficiario y a la relación de afinidad y amistad política existente entre quienes intervinieron en la decisión, todos ellos del mismo partido político”.
Con todo ello, Galán reclama una aclaración institucional y extrajudicial como paso previo a la acción penal, dando cinco días a la RFEF para que dé respuesta completa y documentada de si la Federación regaló, facilitó o sufragó total o parcialmente la entrada para final; la ubicación de dicha entrada y su valor real o estimado de mercado; la persona de la RFEF que decidió ofrecerla o entregarla, los criterios que aplica la RFEF para invitar a autoridades, y la lista del resto de autoridades que recibieron entradas o viajes para la final
Miguel Ángel Galán también denunció en su momento a Luis Rubiales, siendo el primero en hacerlo ante el CSD por su beso a Jenni Hermoso en 2023. También lo había hecho por organizar la Supercopa en Arabia Saudí sin autorización del CSD.
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