El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, recurrió al que podría llamarse 'método Camps' con las víctimas de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del Covid-19, respondiendo con mentiras y despojándose de responsabilidad al responder a personas vulnerables tras una tragedia. En Madrid fueron las residencias, y en Valencia, el accidente de Metro. En ambas situaciones, los dirigentes 'populares' recurrieron a métodos poco ortodoxos, basados en la presión y en las falsedades, para lidiar con el dolor de las familias. Casos concretos, con nombre y apellidos, sirven para darse cuenta de la dureza de la situación: los de Esther y María son especialmente flagrantes, tratados en el programa de Jordi Évole sobre el caso.
La primera tuvo que afrontar medio año de pagos por unos servicios que su padre no estaba percibiendo, ya que había cambiado de Programa Individual de Atención (PIA) para abandonar los geriátricos por el centro de día y la atención a domicilio, tal y como contaba esta semana a ElPlural.com. En febrero de 2021, la Comunidad contactó con ella para exigirle una supuesta deuda de su progenitor que, según la información de la que disponían, había fallecido. Nada más lejos de la realidad: nadie del equipo de la presidenta se puso en contacto con ella salvo el asesor técnico responsable de estos espacios, Edmundo Ahijón, con quien sí hablaba "casi semanalmente", aunque nunca llegaron a un acuerdo, ya que él siempre decía que la salida de su padre de la residencia había sido "voluntaria" -de ahí que mantuvieran los cobros-, mientras que ella aseveraba "incumplimiento de contrato", dado que su padre no estaba recibiendo el tratamiento que debería. Ahijón también justificó esta ausencia por "causa de fuerza mayor”. La segunda, María, ganaba un pulso similar a la Comunidad de Madrid, obligada a devolverle los cobros que emitía la región por su padre fallecido.
"No acepto sus excusas. Está donde está para comprobar que lo que va a decir es verdad antes de abrir la boca, especialmente en temas como este, que ponen en juego, no solo la dignidad y credibilidad de las personas mencionadas, sino una herida inmensa de la que ustedes tienen una responsabilidad directa y sobre la que deberían cuidarse muy mucho de ahondar", opinó una damnificada. "Solo alguien que capaz de hacer algo así puede pensar que una persona puede mentir sobre un tema como este", añadía.
El jefe de prensa de Ayuso respondió por carta a las afectadas, pero lo hizo de tal forma que elevó la responsabilidad al Gobierno central y le acusó de mentir y hacer negocio con material sanitario durante la pandemia. "No quiero extenderme con su pormenorizada relación, aunque sí me gustaría subrayar que, ante la pasividad del Gobierno de España, Madrid fue la primera comunidad autónoma en tomar decisiones y aprobar medidas para proteger a la población y, muy especialmente, a los más vulnerables, incluidos nuestros mayores", escribía, en una respuesta en la que se refiere directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien adjudica la "máxima responsabilidad" de la gestión de la pandemia.
"Eran suyas las competencias para minimizar la entrada del coronavirus. Algo que hizo tarde y mal. Por no hablar de las supuestas decisiones del comité de expertos que nunca existió o de la trama corrupta de material sanitario que ya está en los juzgados y en la que tantos altos cargos y afines a Sánchez están involucrados", llega a decir, obviando las comisiones que se llevó el hermano de la presidenta, precisamente, por la compra de material sanitario en pandemia y que terminó con la carrera política de Pablo Casado, el único que se atrevió a denunciarle. Cabe matizar que la aplicación de los triajes que costaron más de 7.000 vidas fue de responsabilidad autonómica.
Paralelismos con Camps y Cotino
En 2006, un accidente en la línea 1 del metro de Valencia se cobró la vida de 43 personas y dejó 47 heridos. Juan Cotino, actual presidente de las Cortes y consejero de Agricultura entonces, optó por la vía de la prestación de favores para evitar los problemas legales que el trágico suceso podía traer consigo, ofreciendo trabajo a familiares de las víctimas y presionando para que no optaran por la vía judicial para exigir responsabilidades.
Paco Manzano, familiar de una de las víctimas, explica en un reportaje sobre el caso que Cotino se acercó a darles el pésame en el tanatorio y que más tarde acudió a su casa. "Nos ofreció un puesto de trabajo y nos preguntó si nos íbamos a personar en el proceso judicial. No sé como catalogar esa manera de mostrar apoyo a la gente", lamentaba Manzano, que explicaba que, más tarde, Cotino le llamó de nuevo para ver si había "recapacitado". "Le dije que no me volviera a llamar", sentencia, exponiendo un método de coacción sobre los afectados.
En el documental, además, se recuperan intervenciones de Camps sobre el accidente con alegatos sobre el compromiso con las víctimas y se recuerda que nunca recibió a la asociación de víctimas, que pedían responsabilidades políticas por lo ocurrido. Enric Chulio, que fue presidente de la asociación de víctimas, cuenta en las páginas de El País que fue citado en un momento dado por el vicepresidente del Consell Víctor Campos y a la reunión se presentó el propio Camps, que respondió con un vago "lo iremos viendo" a la pregunta de si se reuniría con la asociación de víctimas. Más tarde, la respuesta fue un no directo.
Al llegar a la presidencia, Alberto Fabra sí se reunió con la asociación de víctimas, pero se supo paralelamente que Ferrocarrils de la Generalitat contrató a una empresa consultora para aleccionar a los técnicos que debían comparecer en la comisión de investigación parlamentaria sobre el suceso.
Por todo ello, Paco Manzano acusó ante la cámara a Camps de ser un cobarde. "Ese señor no ha dado la cara. Lo que ha hecho es ser un cobarde", afirmaba, en la misma línea que lo hizo este jueves la diputada de EUPV Marina Albiol con Juan Cotino, porque "ante acusaciones meridianamente claras como las que han denunciado los familiares de las víctimas, ha callado despreciando el dolor de los familiares y la memoria de las 43 víctimas". "Si Cotino tuviera un mínimo de dignidad, pediría públicamente perdón", añadía la parlamentaria, que afeaba también que un miembro de la asociación de víctimas del accidente de metro más grave de Europa "tuviera miedo después de hablar por teléfono con Francisco Camps". Tanto en Madrid como en Valencia se aprecian rasgos comunes en la gestión de la crisis: la elusión de responsabilidades, evitar a toda costa escuchar a las víctimas y mentirles y chantajearles por el propio beneficio político.