La posibilidad de que las próximas elecciones generales dejen un Senado todavía más inclinado hacia la derecha ha comenzado a activar conversaciones en sectores de la izquierda política, mediática, social e intelectual.
La propuesta, rubricada por Joaquín Estefanía en una columna de opinión en el diario El País, que empieza a tomar forma pasa por explorar candidaturas conjuntas de las fuerzas progresistas —desde el PSOE hasta las formaciones situadas a su izquierda y, en determinados territorios, otros partidos del actual bloque de investidura— con un objetivo esencialmente electoral: impedir que la fragmentación vuelva a traducirse en una mayoría sobredimensionada del Partido Popular en la Cámara Alta.
De ahí que quienes impulsan ahora el debate consideren que una candidatura progresista coordinada podría tener un efecto muy distinto al de varias listas compitiendo entre sí por los mismos votos.
Una mayoría que el PP ya convirtió en poder efectivo
El precedente inmediato explica buena parte de la inquietud. En las elecciones generales de julio de 2023, el PP obtuvo 120 senadores elegidos directamente y alcanzó, una vez incorporados los representantes de designación autonómica, una mayoría absoluta incuestionable.
En la constitución de la XV Legislatura, Pedro Rollán fue elegido presidente del Senado en primera votación con 142 votos, una votación que evidenció la capacidad del PP para imponer su mayoría en la organización de la Cámara.
Las encuestas miden tendencias, no escaños definitivos, y el comportamiento del electorado ante unas elecciones generales —a diez meses vista— puede cambiar sustancialmente antes de la votación. Pero diversos estudios demoscópicos publicados durante este ciclo político apuntan a una ventaja del bloque de derechas en intención de voto.
El Senado, un sistema especialmente sensible a la fragmentación
La peculiaridad de la Cámara Alta reside en que su sistema de elección no funciona como el del Congreso de los Diputados. En las provincias peninsulares, cuatro senadores son elegidos directamente y los votantes pueden seleccionar hasta tres candidatos. Resultan elegidos los más votados individualmente.
El sistema hace posible que una candidatura que obtiene una mayoría relativa pueda hacerse con una parte muy elevada de los escaños disponibles, mientras las formaciones que quedan por detrás pueden obtener una representación considerablemente menor a la que sugeriría su porcentaje de voto.
Por eso, una alianza electoral no tendría que implicar necesariamente una coalición política permanente. Podría consistir, en términos estrictamente electorales, en acordar candidatos comunes en cada circunscripción y distribuir los puestos de acuerdo con la realidad política de cada territorio.
Los defensores de la fórmula plantean precisamente una negociación descentralizada. Las candidaturas podrían diseñarse provincia a provincia, comunidad a comunidad y ciudad autónoma a ciudad autónoma, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio y la implantación de las distintas fuerzas.
La estrategia también pretende evitar uno de los problemas históricos de la izquierda: que la división entre organizaciones con electorados parcialmente coincidentes termine beneficiando a la candidatura conservadora más votada.
Más que desalojar al PP: impedir un Senado de tres quintos
El alcance de la discusión va más allá de la mayoría absoluta. El verdadero temor que alimenta los contactos es que PP y Vox puedan construir una mayoría todavía más amplia en la Cámara Alta y aproximarse a una capacidad reforzada de decisión en cuestiones que requieren mayorías cualificadas.
La diferencia es políticamente relevante. La Constitución establece que cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional son propuestos por el Senado y que su elección requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara.
El Senado es, además, una pieza de la arquitectura territorial del Estado: así lo define expresamente el artículo 69 de la Ley de leyes. Su composición combina los senadores elegidos directamente con los designados por las comunidades autónomas, lo que introduce una dimensión territorial que no existe de la misma manera en el Congreso.
De ahí que la discusión planteada por los promotores de las listas conjuntas no se limite a quién controla la Mesa o a qué grupo dispone de mayoría para impulsar determinadas iniciativas. Lo que está en juego, según su planteamiento, es el peso que la Cámara Alta pueda adquirir en decisiones institucionales de largo recorrido.
La renovación institucional eleva el valor de las urnas
La composición futura del Senado tendrá especial importancia en cualquier escenario de renovación de órganos constitucionales que requiera la participación de la Cámara. El artículo 159 de la Constitución atribuye al Senado la propuesta de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que deben ser elegidos por una mayoría de tres quintos.
Precisamente por ello, quienes promueven la coordinación electoral consideran que las próximas elecciones no deberían analizarse únicamente desde la perspectiva del Congreso. Una estrategia concebida para maximizar la representación progresista y periférica en la Cámara Baja puede no producir el mismo efecto en el Senado, donde el voto individual a candidatos y la distribución territorial de los escaños alteran sustancialmente la relación entre sufragios y representación.
El reto: superar el cainismo sin borrar las diferencias
La principal dificultad de la operación no es matemática, sino política. El espacio que se pretende coordinar reúne partidos con siglas, estrategias, electorados, culturas políticas y prioridades territoriales diferentes. Una candidatura común entre socialistas, izquierda alternativa y fuerzas nacionalistas o soberanistas exigiría acuerdos sobre nombres, ordenación jurídica de las candidaturas y reparto territorial.
Precisamente, el Senado ofrece un terreno particularmente apropiado para ese entendimiento porque la competición se produce entre candidatos concretos. El elector dispone de varios votos y puede optar por personas de una misma candidatura o combinarlas con aspirantes de otras formaciones.
La cuestión será determinar hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos. La experiencia demuestra, además, que los pactos electorales no garantizan automáticamente un resultado favorable. La movilización, la participación, la implantación territorial de los candidatos y la capacidad para explicar al electorado el funcionamiento del voto al Senado serán factores decisivos.
Una operación preventiva ante un escenario todavía abierto
El planteamiento no parte necesariamente de que el PP vaya a perder su posición dominante. De hecho, el antecedente de 2023 explica la preocupación. El PP consiguió entonces 143 escaños en la Cámara Alta según el resultado consolidado con los senadores de designación autonómica contabilizados, frente a los 92 del PSOE, y recuperó el control de una institución que los socialistas habían dominado durante la legislatura anterior.
Los primeros contactos descritos por los impulsores de la propuesta sugieren que la idea ha comenzado a abandonar el terreno de la reflexión intelectual para entrar en el de la conversación política. Pero todavía queda por demostrar si puede convertirse en un acuerdo operativo.
La dificultad será doble. Por un lado, convencer a partidos con intereses electorales diferentes de que renuncien parcialmente a competir entre ellos. Por otro, explicar al electorado por qué una candidatura común al Senado no implica necesariamente borrar las identidades políticas de cada organización.
El calendario también juega a favor de quienes pretenden anticiparse. Cuanto más cerca estén las elecciones, más difícil será negociar candidatos, circunscripciones y reglas comunes. Si el acuerdo llega a producirse, necesitará además una estructura territorial capaz de traducirlo en candidaturas concretas y reconocibles.
La cuestión de fondo es, en último término, institucional. La Carta Magna define el Senado como Cámara de representación territorial; su sistema electoral, sin embargo, genera fuertes incentivos a la concentración del voto en cada circunscripción.
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