El Congreso de los Diputados, tal y como estaba previsto ante la negativa anunciada por el Partido Popular, Vox y Junts, ha hecho caer las medidas vertebradoras del escudo social del Gobierno central este martes. Las medidas del paquete ómnibus ya venían presentándose bajo una premisa que no les deparaba el resultado positivo para su aprobación y que, tras la votación en el Pleno de la Cámara Baja, ha terminado por ratificarse.
Los votos en contra de Vox, por un lado, estaban completamente descartados; los del PP de Alberto Núñez Feijóo venían por la misma vía al considerar que el Gobierno estaba impulsando un paquete “popurrí” de medidas y lo que quedaba en el aire hasta este martes por la mañana era la decisión de los independentistas neoconvergentes, quienes han ratificado su no por incluirse en el ómnibus la paralización de los desahucios.
Pero, para ser más exactos, ¿cuáles son las medidas que han decaído? Junts, formación que tiene gran peso en las votaciones para que salgan o no adelante, ha hecho quedar en papel mojado medidas de calado para el beneficio social. Cabe tener en cuenta que, en la misma votación parlamentaria, aunque fuera del decreto ómnibus, también se ha deliberado acerca de las ayudas al transporte público a partir del 1 de enero y para todo el 2026, punto sobre el cual se ha dado un cambio sorpresivo durante la votación, puesto que ha salido adelante por la abstención del PP y el voto favorable de Junts.
De las pensiones a los desahucios
Quizás la medida de mayor calado sea la subida de las pensiones, cuya revalorización se sitúa en un 2,7% con carácter general; también se incluye la subida del Ingreso Mínimo Vital (SMI), así como la prohibición a los cortes de luz, agua y gas a la población vulnerable y, en consecuencia, la prórroga del bono social eléctrico.
Entre otra cuestión de calado, radica la suspensión de los desahucios para personas vulnerables, punto en el que se ha desmarcado Junts para el conjunto de la votación del escudo social. Le siguen los incentivos fiscales para vehículos eléctricos y las medidas para la jubilación anticipada de colectivos de riesgo como últimos puntos del decreto ómnibus incluidos por el Gobierno en la sesión parlamentaria.
Desde el plano político, las críticas ante la decisión última de los de Miriam Nogueras en el Congreso se ha situado a la orden del día. “Con PP y Vox. Porque tienen diferentes banderas, pero mismos amos. Que se sepa que igual les da vergüenza y no lo hacen”, ha reprochado el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián.
La negativa del PP y Junts
El argumentario de ambas formaciones de derechas ha situado su foco más principal sobre el freno a los desahucios. Por un lado, los neoconvergentes se han defendido en los siguientes términos: “¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca”, ha esgrimido Nogueras.
Por otro lado, desde Génova, tal y como ha expuesto su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, consideran que la medida del Gobierno solo pretende “que se mantengan las okupaciones ilegales”, algo sobre lo que el PP se posiciona “totalmente en contra”: “Vamos a decir 'no' a ese chantaje. No vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país”, ha reiterado.
Ahora, con este resultado sobre la mesa, quedan anuladas las medidas que aprobó el Consejo de Ministros al finalizar el 2025. Por tanto, la subida de las pensiones prevista queda en suspenso y sin efecto, lo que dejaría, en principio, situándose la primera consecuencia en los pagos de finales de febrero a 9,4 millones de personas que reciben pensiones contributivas, además de los más de 734.000 perceptores de pensiones no contributivas y otros 785.000 del Ingreso Mínimo Vital (IMV).