El acuerdo se resistió en el Congreso pese al intercambio de ultimátum a modo de oferta del viernes. Sí, en cambio, cristalizó en el Senado de la mano del PSOE y los principales partidos del Frente Amplio. Sendas partes cerraron sobre la bocina un pacto para concurrir juntos a la Cámara Alta en las elecciones generales del 29 de noviembre. La candidatura, bautizada como Senado de Progreso, pretende disputar al Partido Popular la mayoría absoluta obtenida en 2023 y que ha permitido a los de Alberto Núñez Feijóo controlar una de las dos cámaras legislativas durante la última legislatura, llevando a los límites un choque institucional prácticamente inédito en la historia de la democracia.
La operación cristalizó poco después de constatarse el enésimo fracaso de las negociaciones entre Podemos y el Frente Amplio para presentar una candidatura común al Congreso. Mientras las diferencias entre ambas formaciones han frustrado la reunificación del espacio a la izquierda del PSOE, los socialistas movieron ficha para, al menos, asegurarse una alianza en una de las dos Cámaras junto con Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre. El pacto contempla fórmulas específicas en Baleares y La Gomera, impactando en torno a 40 provincias, con Cataluña y Canarias fuera del acuerdo estatal general.
Una unidad que no llega al Congreso
El pacto PSOE – Frente Amplio deja al descubierto las dificultades que atraviesa el espacio político situado a la izquierda del PSOE. Las conversaciones entre Podemos y lo que antes se articulaba bajo las siglas de Sumar terminaron sin acuerdo tras varios días de propuestas y contrapropuestas sobre candidaturas, territorios y puestos de salida. Las diferencias fueron especialmente sensibles en Madrid y Cataluña, donde sendos proyectos mantienen estrategias difíciles de conciliar.
Podemos y el Frente Amplio concurrirán por separado en buena parte del país. Sólo en Canarias y la Comunitat Valenciana han sorteado las diferencias ya históricas entre las dos fuerzas progresistas. El choque constata una fragmentación que puede afectar al reparto de diputados, especialmente en circunscripciones más pequeñas, donde las candidaturas necesitan concentrar suficientes apoyos para conseguir representación.
Por tanto, la izquierda llegará dividida al 29N al Congreso, pero no así al Senado, donde sí han encontrado un aliciente para aparcar sus diferencias. Con actores diferentes, todo hay que decirlo. Frente Amplio y PSOE ensancharon miras por un sistema electoral que recompensa especialmente a las candidaturas más votadas en cada provincia. De esta manera, la alianza, podrá modificar de manera considerable el reparto de escaños sin necesidad de grandes desplazamientos del electorado.
El contraste entre los frentes progresistas de sendas cámaras es significativo. Las posibilidades de modificar el reparto de representantes a través de candidaturas conjuntas han facilitado un entendimiento imposible de trasladar al Congreso. No obstante, ahora el acuerdo debe sortear una nueva negociación, pero esta ya destinada a la distribución de los puestos entre los partidos que integran la alianza de izquierdas.
Según publicó El País, el PSOE pretendía reservarse dos de los tres primeros lugares en las provincias donde las candidaturas conjuntas pudieran aspirar a la victoria. Tal planteamiento permitiría a los socialistas mantener un peso predominante en la coalición y ofrecería a sus socios oportunidades de representación a las que no podría aspirar concurriendo bajo sus siglas. El siguiente paso será ahora la confección de las listas, que deberán concretarse entre el 21 y el 26 de octubre, por lo que aún quedan acuerdos territoriales pendientes. Distribución que pondrá a prueba los límites del entendimiento entre las dos fuerzas. Una candidatura conjunta puede reducir la dispersión del voto, pero también deberá convencer a electorados acostumbrados a respaldar papeletas distintas y acomodar los intereses de partidos que mantienen sus diferencias en otras instituciones.
La mayoría del PP se juega provincia a provincia
El entendimiento entre progresistas cobra especial relevancia al atender a las particularidades del sistema electoral del Senado. En las provincias peninsulares se eligen cuatro representantes y cada elector puede votar hasta a tres candidatos. Habitualmente, la fuerza más votada cuenta con tres senadores, mientras que la segunda se lleva el último en liza. Así las cosas, penaliza la fragmentación y permite que pequeñas diferencias de votos se traduzcan en mayorías mucho más amplias.
En 2023, el PP consiguió 120 de los 208 senadores elegidos directamente, frente a los 72 del PSOE. Sumar no obtuvo representación bajo sus propias siglas. El nuevo pacto pretende reducir esa desventaja mediante candidaturas conjuntas capaces de disputar a los populares el tercer escaño en provincias donde la izquierda concurrió dividida.
Madrid es paradigma de la operación. En 2023, el socialista José Manuel Franco obtuvo 1.030.269 votos, mientras que Carolina Cordero, de Sumar, cosechó 546.839. La tercera candidata del Partido Popular, Paloma Martín, concentró 1.399.006 sufragios. La diferencia entre Franco y Martín fue de 368.737 votos, inferior al apoyo obtenido por Cordero. La tesis es que una candidatura conjunta podría disputar ese escaño, aunque sumar ambos electorados no siempre es garantía de que sus votos se transfieran automáticamente.
La importancia del acuerdo trasciende el reparto electoral. La mayoría absoluta del PP le ha permitido controlar la actividad del Senado y ejercer su capacidad de veto y enmienda sobre las leyes procedentes del Congreso. La Cámara Alta también interviene en designaciones institucionales, como la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que exige una mayoría de tres quintos. Arrebatársela a los conservadores modificaría el equilibrio parlamentario, aunque no garantizaría por sí solo una mayoría progresista. El resultado dependerá de las provincias donde las candidaturas conjuntas consigan alterar el reparto y del peso de los senadores designados por las comunidades autónomas.
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