La jornada de huelga general del 11 de noviembre, convocada para exigir mejoras salariales y el acceso a una vivienda digna, ha dejado tras de sí un rastro de altercados y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. A falta de conocer el balance definitivo con los datos de las movilizaciones vespertinas, el Ministerio del Interior y las policías autonómicas habían elevado hasta las 17:00 horas el recuento a 52 personas detenidas y 919 incidencias registradas en todo el territorio nacional. Estas cifras provisionales ya evidencian los momentos de fuerte tensión que se han vivido, especialmente, durante la actuación de los piquetes informativos de madrugada.
A última hora de la tarde de este miércoles, la Policía ha cargado contra los manifestantes en Plaza de España en Madrid. Concretamente, han tirado gas pimienta mientras los furgones policiales recorrían la Gran Vía para dispersar a los manifestantes. Por su parte, los Mossos d'Esquadra han detenido a ocho personas en Barcelona por los incidentes registrados en el paseo de Gràcia de Barcelona, donde algunos grupos han roto escaparates, han quemado contenedores y han lanzado pirotecnia.
El recuento de arrestos dibuja un mapa de protestas con varios epicentros claros. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han efectuado un total de 38 detenciones, con Madrid a la cabeza al sumar 15 de los arrestados. El segundo gran foco de tensión se ha situado en el País Vasco, donde el balance facilitado por la Ertzaintza arroja 13 detenidos, tres personas investigadas y más de 150 identificadas.
Andalucía se sitúa como el tercer territorio con mayor número de incidentes graves, sumando once detenciones repartidas entre Málaga (4), Almería (4) y Granada (3). La lista de arrestos se completa con seis casos en la Comunidad Valenciana (cuatro en Valencia, uno en Castellón y otro en Alicante), dos en Zamora y detenciones individuales en Navarra, Valladolid, La Rioja, A Coruña y Barcelona, esta última efectuada por los Mossos d'Esquadra a un individuo acusado de quemar contenedores en la víspera de la movilización.
Gas pimienta, antidisturbios y cruce de acusaciones
Más allá de las frías cifras policiales, la jornada ha estado marcada por el choque frontal entre las directrices de seguridad y la contundencia de las protestas. Los sindicatos y varios partidos de izquierda han puesto el grito en el cielo ante lo que califican de "violencia policial" y "represión inaceptable". Las críticas se han centrado especialmente en las actuaciones de madrugada, denunciando el uso de gas pimienta por parte de los agentes contra los piquetes que intentaban bloquear el acceso a Mercamadrid y a las instalaciones del Metro en Granada. "Ha habido huelguistas agredidos, multados y detenidos de manera injustificada", han alertado desde las formaciones políticas afines a la convocatoria.
La tensión también se trasladó al corazón comercial de las grandes urbes. En la Gran Vía de Madrid, la presencia de manifestantes forzó el despliegue de los efectivos antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que llevó a varios comercios a bajar la persiana ante el temor a posibles destrozos. La protesta en este punto neurálgico de la capital se saldó con dos personas detenidas, acusadas de un delito de atentado a agente de la autoridad. Este mismo cargo penal se le imputa al único arrestado en La Rioja, mientras que las cuatro detenciones practicadas en Málaga respondieron a actos de vandalismo mediante pintadas y quema de mobiliario urbano.
El protocolo preventivo de Interior
El alto número de incidencias —rozando el millar en apenas diecinueve horas— no ha pillado desprevenido al Ministerio del Interior. Ante la envergadura de la convocatoria, la Secretaría de Estado de Seguridad había dictado una instrucción previa muy clara: garantizar el derecho a la protesta, pero asfixiando cualquier conato de vandalismo.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ordenó a las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil que diseñaran un dispositivo de blindaje centrado en las infraestructuras críticas del país. El mandato establecía la protección prioritaria de polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento y pequeños establecimientos comerciales, con la orden explícita de impedir la formación de barricadas o la actuación de "piquetes que utilicen la violencia". Un protocolo de choque que, a la vista de los 52 detenidos, ha marcado el compás de la huelga en las calles.
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