[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"30700","attributes":{"class":"media-image size-full wp-image-167125","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"640","height":"318","alt":"El presidente de la patronal madrile\u00f1a, Arturo Fern\u00e1ndez, junto al presidente de la CEOE, Joan Rosell, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz\u00e1lez. EFE\/Archivo"}}]] El presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, junto al presidente de la CEOE, Joan Rosell, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. EFE/Archivo
Cómo será la situación entre los trabajadores del Grupo Cantoblanco para que sean ellos mismos los que pidan a la Asamblea de Madrid que no renueve el contrato con la empresa. Los 16 empleados de la cafetería del parlamento madrileño han denunciado que la empresa, propiedad del presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, todavía no les ha pagado la nómina de junio.
Lo han hecho en un escrito dirigido a la Secretaría General de la Asamblea de Madrid en el que denuncian los impagos y piden que el contrato, que vence este 8 de agosto, no sea renovado.
“Preocupación e incertidumbre”
Los empleados están inmersos en la incertidumbre ya que la empresa de Arturo Fernández está en situación de preconcurso de acreedores. Lo que sumado a los retrasos en las nóminas de los trabajadores les produce “preocupación e incertidumbre por nuestros ingresos mensuales y por nuestro puesto de trabajo”, según aseguran en su carta.
Contratos públicos
El grupo de Arturo Fernández, empresario muy íntimo de Esperanza Aguirre e Ignacio González, se ha beneficiado en buena parte de las adjudicaciones del sector público, pese a su abierto discurso liberal. Así, gestiona cafeterías en varios hospitales, universidades y tanatorios. Además, hasta este año estuvo dos décadas al cargo de la restauración en el Congreso de los Diputados.
Pagos en negro
La pérdida del Parlamento vino después del daño que sufrió su imagen al desvelar la Cadena SER que la empresa pagaba con dinero negro las horas extras de sus empleados. Lo que le valió una inspección de la Seguridad Social que le obligó a pagar 83.387 euros. A esto hay que sumar los 3,6 millones de euros que debía a Hacienda a finales de 2012.