El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para facilitar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía sigue generando debate, especialmente por la incorporación del principio de "prioridad nacional" en el acceso a determinadas ayudas públicas. Sobre esta cuestión se pronunció este sábado el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, quien se mostró especialmente crítico con la fórmula pactada y cuestionó su encaje jurídico.
Durante su participación en LaSexta Xplica, el histórico dirigente popular analizó el contenido del documento suscrito entre ambas formaciones y puso el foco en el apartado relativo a las ayudas, subvenciones y prestaciones sociales. Según explicó, el texto vincula esa denominada "prioridad nacional" al concepto de "arraigo real, duradero y verificable", que se mediría mediante distintos criterios como el tiempo de empadronamiento, la cotización o la vinculación económica, laboral, familiar y social.
Tras leer el contenido del acuerdo, Margallo sostuvo que, si dos personas acreditan el mismo nivel de arraigo, no puede producirse un trato distinto únicamente por razón de su nacionalidad. A su juicio, cualquier interpretación en sentido contrario chocaría con el ordenamiento jurídico vigente.
El exministro fue más allá y aseguró que una discriminación basada exclusivamente en la nacionalidad sería incompatible tanto con la Constitución española como con el marco normativo de la Unión Europea. En su opinión, la legislación no permite utilizar ese criterio cuando dos solicitantes reúnen las mismas condiciones para acceder a una prestación pública.
Margallo también hizo referencia al apartado del acuerdo relativo a la vivienda protegida y al alquiler social. Según explicó, el pacto contempla reforzar los requisitos de empadronamiento para acceder a estos recursos, estableciendo un historial de diez años para la vivienda protegida y de cinco años para el alquiler social.
"La prioridad nacional es un concepto vacío"
Fue al abordar ese punto cuando el exresponsable de Exteriores lanzó la crítica más contundente al contenido del pacto entre PP y Vox. Según argumentó, una vez asumido que la nacionalidad no puede ser un criterio de discriminación cuando concurren las mismas condiciones de arraigo, el concepto de "prioridad nacional" pierde eficacia jurídica. "Es un concepto vacío", afirmó, antes de calificarlo también de "inconstitucional", "antieuropeo" e "ilegal".
Durante la entrevista, el presentador José Yélamo le preguntó si eso significaba que el PP había aceptado una medida impulsada por Vox que, en la práctica, carecería de recorrido legal. Margallo evitó entrar en valoraciones políticas sobre la negociación, pero insistió en las consecuencias jurídicas que tendría una eventual aplicación de ese principio.
En concreto, sostuvo que cualquier extranjero residente que acreditara las mismas condiciones de arraigo que un ciudadano español y fuera excluido de una ayuda pública únicamente por su nacionalidad tendría, a su juicio, muchas posibilidades de obtener una resolución favorable en los tribunales.
El exministro defendió además que la protección de los derechos no puede depender del origen de las personas y reivindicó que ese principio debe mantenerse con independencia de la nacionalidad de cada ciudadano.
Para ilustrar su argumento, recurrió al acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Según explicó, ese tratado contempla que determinadas ayudas a la vivienda estén reservadas exclusivamente a los ciudadanos gibraltareños y no puedan ser percibidas por trabajadores españoles, un supuesto que, a su juicio, sí constituye un caso de discriminación por razón de nacionalidad.
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