La “mansión ilegal” -como la define Miguel Delgado, el presidente de Pladesemapesga- de la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, llega al Congreso de los Diputados. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al chalet que la pareja del líder del PP tiene en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra) durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo.
El responsable de Moncloa ha afeado al jefe de la oposición estar demasiado “pendiente” de este chalet que se encuentra en la localidad de Pontevedra mientras desprecia la Ley de Vivienda. También ha tenido en este sentido unas palabras para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el ático del que disfruta junto a la política: “Solo están pendientes (al PP) de dos viviendas: un ático en Chamberí y un chalet en Moaña con acceso privativo a la playa”.
Previamente, ante el aplauso unánime de la bancada socialista, el secretario general de los socialistas ha recordado que el Gobierno “necesita el concurso de todas las administraciones”. “Desgraciadamente hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de Vivienda”.
Cronología de los últimos días de la vivienda de Eva Cárdenas
La polémica sobre la vivienda se empezó a desatar en mayor grado después de que Cárdenas pidiera la concesión del terreno de servidumbre de paso -que se corresponde con un muro de 210 metros cuadrados- del chalet, aunque ElPlural.com lleva mucho tiempo informando sobre un tema que ha traspasado la región gallega para alcanzar el plano nacional.
A las intenciones de la también responsable de Niebla Azul se suman las alegaciones presentadas hasta el momento -aunque el Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica- ha abierto un plazo para estas ‘réplicas’ que se extenderá hasta el próximo 11 de marzo.
El primero en llevar a cabo alegaciones fue Miguel Delgado, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo y Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) y uno de los mayores críticos del inmueble. En su caso, exigió que “con el fin de garantizar la transparencia, la legalidad del procedimiento y evitar posibles nulidades derivadas de la resolución de asuntos judiciales”, se suspendiera el expediente “hasta que las autoridades competentes emitan un pronunciamiento definitivo sobre los hechos mencionados”.
En concreto, Delgado se refirió a la “existencia de investigaciones y denuncias judiciales en curso” acerca de la causa. “Tal y como constan en el Decreto de Incoación, Archivo e Inhibición de la Fiscalía Autonómica de Galicia, de fecha 13 de enero de 2025, se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Galicia en la que se investigan posibles delitos e infracciones urbanísticas, administrativas y medioambientales relacionadas con la propiedad”, dice; y añade: “Dichas investigaciones podrían incluir directamente en la resolución del expediente administrativo en cuestión y que una vez finalizadas se pretende por esta parte personarse como acusación popular”.
Poco después, el PSOE de Galicia (PSdeG) dejó también claro que elevarían alegaciones contra el inmueble: “Nos preocupa que el chalet de Feijóo tenga acceso directo a la playa mientras los gallegos luchan por una sanidad accesible y una vivienda que puedan pagar (…) No permitiremos que el Partido Popular convierta la costa gallega en una extensión de los privilegios de sus dirigentes”.
Más tarde, siguiendo un orden cronológico, el PSOE a nivel nacional puso a disposición sus servicios jurídicos para establecer luz y taquígrafos respecto de la casa. “Hay suficientes irregularidades como para poder iniciar una acción judicial”, consideraron, apuntalando que la propietaria del chalet había “decidido litigar con el Estado para quedarse el acceso privado a una playa pública”.
A nivel autonómico, el punto de la “mansión ilegal” fue también uno de los que aterrizó en el Parlamento. Los socialistas señalaron que el Ejecutivo de Alfonso Rueda “está más preocupado por la residencia de verano de unos pocos privilegias que del acceso a la vivienda de las 16.000 familias adscritas para conseguir una vivienda protegida”: “No vamos a permitir que el PP mantenga el privilegio de unos pocos en detrimento del bien común”.
El responsable socialista, José Ramón Gómez Besteiro, recordó que la Xunta lleva 15 años sin pedir al Estado una sola transferencia y que ahora “le entran las prisas” para reclamara la relativa al litoral gallego. “Ahora entendemos su nerviosismo”, acentuó.
Versión de Eva Cárdenas
De acuerdo con lo solicitado por el representante legal de Eva Cárdenas, se recoge su versión y se parafrasea lo que piden que se publique como rectificación:
"Que la llamada (por su principal detractor) "mansión ilegal" no ha sido declarada así ni por sentencia judicial firme ni por resolución administrativa, ni consta incoado ningún procedimiento judicial al respecto; que su construcción es anterior a su adquisición por parte de Dña Eva Cárdenas Botas, cumple con la normativa que le es de aplicación, que el muro no ha sido edificado por Dña Eva Cárdenas, que se ha limitado a la conservación del mismo; que la dificultad del acceso a la playa no le es imputable a Dña Eva Cárdenas, sino a los dos tramos rocosos que hay a su lado y que no es una "playa privada" y que el cartel que prohíbe el paso y las boyas han sido instaladas por Costas por el mal estado del muro".