El mandato del Supremo de suspensión del voto de descendientes de exiliados fragmenta y resigna a la Junta Electoral Central

El Tribunal Supremo, atendiendo las reclamaciones de Vox e Iustitia Europa, se ha salido con la suya. La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido acatar el mandato del Alto Tribunal, pese a que lo considera un error, y la conocida como ley de nietos, un precepto de la ley de Memoria Democrática que otorga la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles que huyeron de la tiranía franquista, mantendrá suspendidos sus efectos de cara a las próximas elecciones, como solicitaban las formaciones ultraderechistas.

El máximo órgano electoral se daba cita este lunes para decidir si interponía un recurso al auto del Supremo que imponía medidas cautelares, pese a que las últimas citas electorales se han celebrado bajo el paraguas de la ley de nietos y el partido más beneficiado por el voto CERA fue el Partido Popular (PP). Sin embargo, varios años después de ser aprobada la norma, el Supremo ha decidido comprar las tesis reaccionarias que apuntan a un posible amaño electoral y ha suspendido el derecho a voto de miles de españoles.

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha ordenado a la JEC que requiriese a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares la “certificación acreditativa” de la vinculación de las personas que hubiesen obtenido la nacionalidad gracias a este trámite y ha suspendido cautelarmente el derecho a sufragio de estas personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La Junta transige, pues considera que recurrir no alterará la situación, aunque su malestar ha quedado patente en la votación.

El resultado ha sido tan apretado, siete voto a seis en contra de presentar recurso, que el voto del presidente del organismo, que aspira a presidir la Sala Tercera del Supremo, ha sido clave. La JEC también ha decidido, por ocho votos a cinco, no dar indicaciones a otras instancias sobre cómo ejecutar las instrucciones del Supremo. Los miembros progresistas votaron a favor de recurrir la decisión del Alto Tribunal, pero finalmente, y gracias al posicionamiento de Eduardo Calvo, esto no se producirá y se evita el conflicto entre organismos.

Más allá del pronunciamiento público, múltiples fuentes coinciden en señalar que los integrantes de la JEC consideran que el Supremo se ha pasado de frenada al cercenar un derecho como el voto. No obstante, han querido evitar lo que habría constituido un choque sin precedentes entre los dos órganos. Decisión que no ha gustado en el seno del Gobierno de coalición, desde donde esperaban que la Junta se plantase frente a lo que consideran una decisión totalmente política del Alto Tribunal.

Consecuencias y precedentes

El resultado de esta actuación del Supremo supondrá que todo aquel español que haya obtenido la nacionalidad a través de la ley de nietos y quiera ejercer su derecho a voto deberá atravesar un tedioso proceso burocrático, lo que a todas luces dificulta su participación. El mandato llega meses después de que miembros de la propia JEC emitiesen votos particulares contra la norma y cuyos argumentos aparecieron posteriormente en los recursos de Vox e Iustitia Europa, replicándose posteriormente en el auto del Tribunal.

Este pronunciamiento de los conservadores se produjo el pasado julio, cuando la JEC ya tuvo que pronunciarse por esta vía de nacionalización ante distintas peticiones relativas a la legalidad de una instrucción posterior dictada en 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que rebajó la exigencia de documentación necesaria para acogerse a la ley de nietos. El organismo arbitral acordó entonces solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción concreta al respecto.

Asimismo, advirtió de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de la norma debía estar "suficientemente motivada" si no se corresponde con su último domicilio en España. Sin embargo, la JEC rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA que habían solicitado entre otros Vox, ya que no se consideraba competente para pronunciarse sobre las leyes y las disposiciones reglamentarias de su desarrollo.