El acceso a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes de los españoles, especialmente para las generaciones jóvenes, y las instituciones no están sabiendo estar a la altura para atajar la crisis habitacional. Entre las pugnas por el tipo de aplicación de la Ley de vivienda y su carácter autonómico, las discrepancias entre los socios del Gobierno y la oposición tanto del Ejecutivo como de la oposición a establecer cualquier tipo de medida estrictamente regulatoria, los precios tanto de la compra como del alquiler se siguen disparando, la especulación campa a sus anchas y los españoles tienen cada vez más complicado comenzar su propio proyecto de vida. En la otra cara de la moneda, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes uno de los proyectos urbanísticos y sociales más ambiciosos planteados en décadas en la ciudad: un programa integral para crear 200.000 nuevas viviendas asequibles y proteger otras 200.000 ya existentes durante los próximos diez años.
El plan ha sido bautizado como Block by Block (Bloque a Bloque) y pretende responder a una emergencia habitacional que se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales de la mayor metrópoli estadounidense, donde el precio de los alquileres y la escasez de vivienda accesible han expulsado progresivamente a miles de familias trabajadoras fuera del mercado residencial, de igual manera que está ocurriendo en España, pero a una escala incluso mayor. La iniciativa combina inversión pública masiva, reformas urbanísticas, alianzas con promotores privados y nuevos mecanismos de protección social para inquilinos, y tiene como objetivo intervenir simultáneamente sobre la construcción de nueva oferta residencial y sobre el deterioro del parque público ya existente.
"Para los edificios que han sufrido abandono crónico trabajaremos para transferir su propiedad a administradores como cooperativas y los propios inquilinos. Estamos construyendo 200.000 nuevas viviendas asequibles. Estamos tomando medidas duras contra los malos caseros. Estamos abriendo nuevos caminos hacia la propiedad de una vivienda. Estamos invirtiendo 5.600 millones de dólares en NYCHA, la mayor inversión de capital de la ciudad en la historia reciente", compartió el mandatario socialdemócrata en sus redes sociales.
Today we announced the most ambitious housing plan in our City's modern history: Block by Block.
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 26, 2026
We're building 200,000 new affordable homes. We're overhauling code enforcement. We're cracking down on bad landlords. We're creating tens of thousands of good-paying jobs. We're… pic.twitter.com/sea4liWEmg
Durante la presentación del proyecto, Mamdani recordó que la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad y precariedad urbana en Nueva York. El alcalde, que llegó al poder con un discurso centrado en la justicia social y el acceso universal a servicios básicos, defendió que la ciudad atraviesa una crisis “histórica” derivada de décadas de encarecimiento inmobiliario, especulación y desinversión pública. El presupuesto municipal contempla ya una dotación de 22.000 millones de dólares destinada a políticas de vivienda, la mayor inversión registrada en este ámbito en los últimos años.
España está a la cola europea de políticas de vivienda
El mensaje político que se manda desde el Ejecutivo es claro: que garantizar el acceso para todos es la prioridad, pero los datos no dejan de dibujar un escenario cada vez peor. Esta semana, Amnistía Internacional publicaba el informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda?', con información muy reveladora sobre la situación de España en comparación con el resto de integrantes europeos en esta cuestión.
El diagnóstico es preocupante. A pesar de las recientes medidas del Ministerio de Vivienda, la inversión sigue sin ser suficiente. Entre los motivos que avalan esta realidad, Amnistía sitúa la escasez del parque de vivienda social de alquiler, en el que España está muy por debajo de la media europea. Por un lado, en cantidad, pues las 318.000 viviendas de titularidad pública en nuestro país apenas suponen un 1,71% del parque total. En el caso del alquiler asequible, el área de Isabel Rodríguez lo sitúa en el 3,5% del total del parque en el mercado rentista. Estos datos están muy lejos de la media de la Unión Europea, del 9%. Bruselas pone en evidencia la falta de "un sistema público de vivienda de carácter estructural", que es lo que pide Amnistía, pero los datos de algunos países como Países Bajos, en la que el parque público supera el 30% del total, o Austria y Dinamarca, donde es más del 20%, sonrojan una falta que "evidencia el limitado nivel de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad".
Los datos también alarman si se echa un vistazo a la inversión. España dedica un 0,5% de su PIB a vivienda pública, frente a la media Europea del 1,2% y países como Italia en el que llega al 4,4%. Amnistía valora el "esfuerzo" del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que además de un desembolso sin precedentes a las comunidades autónomas y de blindar las viviendas protegidas de salir al mercado, aumenta la inversión un 308% con respecto a la anterior ley. Sin embargo, la organización advierte que este incremento no quita que la financiación del plan no alcanza el 0,1% del PIB.
Cisma en el Gobierno mientras para los españoles es la preocupación más acuciante
A su vez, el barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desgranaba, ya en 2025, que la problemática de la vivienda es la principal preocupación de los españoles, con hasta un 32,5% de los votos. Desde el Ejecutivo, una de las propuestas que han nacido al calor de este clamor ha sido el decreto para prorrogar los contratos de alquiler y congelar su precio. Sumar le rascaba este texto al PSOE en el Consejo de Ministros extraordinario, evitando que fuese integrado en el decreto anticrisis de la guerra en Irán, pero fue tumbado por el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Los progresistas, no obstante, no se rinden, y ya avisaron de que buscarán vías para poder sacar adelante el texto, incluso refiriéndose de nuevo al Consejo de Ministros. Los de Díaz se han abanderado de esta causa, ante un PSOE que rema a favor en este sentido, pero a otro ritmo y apostando por otras soluciones.
Los responsables ministeriales se reunían en cónclave para confeccionar el decreto para paliar los efectos de la guerra en Irán. En su contenido original se encontraba este decreto, pero Sumar se rasgó las vestiduras y plantó al PSOE para que se convirtieran en dos textos separados. ¿El motivo? Que las probabilidades de que el texto original prosperase incluyendo el apartado de vivienda eran menores que si se separaba, y darle la importancia correspondiente al asunto de los alquileres, no dejando que se pierda entre otras muchas iniciativas de carácter más generalista. Fue aprobado en el Consejo de Ministros y se debatió y votó esta semana en el Hemiciclo, con un resultado previsible: no. Tras esta primera derrota, los planes de Sumar vuelven a ser llevarlo al Consejo de Ministros y repetir la operación, pero desde el PSOE existen ciertas reticencias y piden, por ahora, prudencia. Así, mientras que los magentas abogan por redoblar la presión con la prórroga de alquileres y dar pasos orientados a traerla de nuevo al Congreso, el ala socialista del Ejecutivo no lo ve con malos ojos, pero recetan operar con más calma. Entre estos cismas y marchas a tiempos distintos, el problema sigue sin solucionarse y un decreto que aprueban con nota 7 de cada 10 españoles sigue en el cajón.
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