El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una iniciativa del PP que persigue que la Cámara Baja condene los presuntos casos de acoso sexual surgidos en el PSOE y en el seno de la Presidencia del Gobierno y exija "tolerancia cero" y responsabilidades al partido de Pedro Sánchez ante sus "intentos de ocultación y minimización" de los mismos, en un contexto en el que estas reivindicaciones están plenamente a la orden del día después que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido también denunciado por presunto acoso sexual y laboral.
La petición del PP se recoge en la moción consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigió en el último Pleno de 2025 al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, en relación con el caso concreto del exmilitante y exasesor socialista Paco Salazar, que dimitió de las siglas tras ser denunciado por acoso sexual. Salazar compareció este jueves en la comisión del Senado que investiga las distintas ramificaciones del 'caso Koldo', y frente a las denuncias por acoso en su contra, se defendió asegurando que "siempre" trató con respeto a sus compañeras como profesionales como mujeres y que si dimitió fue por proteger a su familia, no porque nadie del partido se lo pidiera.
En concreto, la moción de los 'populares' urge al Gobierno a asumir responsabilidades políticas por esos casos, que condene cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres y que garantice una política de "tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres". El PP, a su vez, vincula el texto de su moción a Salazar y a la polémica gestión del caso por parte del PSOE para denunciar la existencia de "maniobras internas destinadas a silenciar a las víctimas, minimizar los hechos y evitar cualquier responsabilidad política". No obstante, se conocía la pasada semana que el PP de Madrid disuadió a la denunciante de Bautista y comenzó a ignorarla progresivamente. Durante la comparecencia de Salazar en el Senado, el propio PSOE admitió haber fallado en la gestión de este asunto.
En su momento, Feijóo señalaba al PSOE como "un partido peligroso para las mujeres", criticando la "doble moral y la hipocresía" de los socialistas con el caso de Salazar. "Toda la política feminista del PSOE se ha desmoronado. Me avergüenza que el PSOE haya intentado dar carpetazo y mirar para otro lado a las denuncias de militantes socialistas sobre Salazar. Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo", argumentaba entonces Feijóo, aprovechando el tirón del caso y manteniendo ahora una actitud similar a la que él mismo criticaba. Pese a mantener entonces una actitud muy dura con cómo los socialistas llevaron el caso de Salazar, ahora el líder nacional de los populares ha respaldado tanto a la dirección autonómica del PP madrileño como al alcalde de Móstoles: en declaraciones a los medios durante un acto en Teruel, el gallego argumentaba que el partido sí investigó los hechos y que el asunto no es nuevo, sino que lleva "dos años ventilándose", restándole así relevancia mediática y comparándolo con otros casos recientes de mayor gravedad política.
Aprovechar la coyuntura para sacar otros casos
Por otro lado, la iniciativa de los de Alberto Núñez Feijóo también aprovecha para sacar a relucir los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno, entre los que citan el caso Koldo, el de Leire Díez y las investigaciones judiciales a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.
El PP denuncia que estos casos configuran "un patrón continuado de hechos que debilitan la democracia, con impacto directo en la reputación internacional de España, la seguridad jurídica, la calidad del debate público y la credibilidad de las instituciones", al tiempo que critican que, además, el Gobierno haya respondido mediante "ataques a jueces, medios de comunicación, funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugar de reforzar la transparencia y la colaboración institucional".
Frente a esta situación, el PP insta en su iniciativa al Gobierno a respetar la sentencia condenatoria dictada contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar "la plena independencia del Ministerio Fiscal, su autonomía operativa y su neutralidad, en línea con los estándares europeos de integridad y separación de poderes". Desde su publicación, no obstante, el PSOE ha manifestado su aceptación y respeto ante el fallo judicial, pese a discrepar con el mismo. El PP también reclama garantizar los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, "especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", con el fin de preservar "su plena autonomía frente a cualquier injerencia política".
Proteger a los denunciantes
Asimismo, el PP pide al Ejecutivo cumplir de manera "íntegra y verificable" las recomendaciones pendientes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en materia de prevención de la corrupción, conflictos de intereses y control del Poder Ejecutivo. La iniciativa incluye igualmente el refuerzo de la protección efectiva de los denunciantes de corrupción, garantizando el ejercicio de las competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, "su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del propio Gobierno en la protección de los denunciantes".
Por último, el PP emplaza al Ejecutivo a respetar "escrupulosamente la separación de poderes", cesando de inmediato cualquier actuación o manifestación dirigida a desacreditar a jueces, fiscales, Fuerzas de Seguridad o medios de comunicación.