Siete jueces conformaron el tribunal que juzgó en el Supremo al fiscal general del Estado, cinco de ellos fueron los que concluyeron que se debía hallar culpable a Álvaro García Ortiz por un delito de "revelación de datos reservados". Una de las decisiones que más polémica ha generado en los últimos años en el ámbito judicial, no solo por el escaso tiempo que dedicaron los magistrados a tomar una decisión, sino porque la decisión se comunicara antes de haber redactado la sentencia firme, la condena que se efectuado en un caso que ha dejado escasas pruebas y las dudas dejadas mientras se espera la publicación de la sentencia en la que atender a los motivos por los que se dicta.
Un proceso que no solo está dejando interrogantes en torno a su final, sino que también viene provocando controversia por informaciones conocidas en horas recientes sobre algunos de los jueces participantes, como que el presidente del tribunal que ha juzgado a Álvaro García Ortiz fuera uno de los tres magistrados del Supremo que ha impartido un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que pedía cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, o que otro de los jueces que concluyó su culpabilidad fuera el codirector de la tesis doctoral del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
Concretamente, se trata de Antonio del Moral, quien junto a Alfredo Liñán Lafuente, profesor titular de Derecho Penal en la UNED, se encargaron de dirigir el trabajo de investigación de Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria, que presentó su tesits doctoral bajo el título de “Identidad fundamental de la actuación empresarial punible”. La defensa del proyecto la hizo en la Universidad Complutense de Madrid hace más o menos un año, el 15 de octubre de 2024, mismo día en que cinco magistrados acordaronó abrir una causa contra el fiscal general por revelación de secretos, siendo Antonio del Moral uno de los firmantes del auto.
La polémica aquí surge en torno al vínculo que, normalmente, suelen establecer aquellos que preparan una tesis doctoral y los directores de su proyecto. Una relación que suele volverse más o menos cercana fruto del tiempo compartido ante el largo tiempo que lleva proceder a investigaciones de este tipo en el que suele haber una colaboración constante doctorando y director. Una relación que, sin embargo, no fue encontrada como motivo para apartar a Antonio del Moral del juicio al fiscal general del Estado, pues entre las causas que figuran para que un juez se abstenga de un caso se indica desde ser familiar hasta que exista una amistad íntima o enemistad expresa entre el magistrado y alguna de las partes o los abogados. No obstante, una relación académica como esta no aparece en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria es representante en los juzgados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, como mínimo desde marzo de 2024, mes en el que firmó la denuncia que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó por revelación de secretos contra los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto. Además, este abogado también defiende a González Amador en la causa que le está procesando por presunto fraude fiscal, fraude que reconocía en un email enviado a la Fiscalía y que fue el origen del caso abierto contra Álvaro García Ortiz. Un correo electrónico que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quiso tergiversar esparciendo un bulo en el que afirmaba que fue la Fiscalía quien propuso un pacto a González Amador.