La Justicia e, incluso, más concretamente, la judicatura, viene siendo protagonista en el debate político en los últimos años, tanto por las polémicas surgidas en torno a distintas sentencias o movimientos llevados a cabo en los juzgados, como por haberse convertido en un arma arrojadiza en el argumentario de las formaciones políticas del país. Llega un nuevo año judicial y, con él, volverán a aflorar tensiones adormecidas durante el verano, al igual que comenzarán a disponer de mayor presencia otras relativas a procesos judiciales que aceleran su paso. Algunas de ellas, que vienen resultando controvertidas o que apuntan a que vayan a serlo de forma especial, son la ley de nietos, la investigación abierta por la Audiencia Nacional en torno a la crisis migratoria de Ceuta o el juicio que, parece, terminará por tener que afrontar la mujer del presidente del Gobierno.
En función de la causa que se abre en cada juzgado, aquel al que se investiga, cómo avanza el proceso y la sentencia final que se dicta, cada procedimiento judicial provoca reacciones distintas en las formaciones políticas. Unas veces se acusa de influencia del Gobierno y magistrados que se dejan aconsejar, otras se defiende la más que respetable labor que hacen los jueces y su libertad basada en el respeto a ley y los hechos. Una veces se apunta a un lawfare extendido por todo el país y una intención política ejecutada desde los tribunales, otras se habla del enorme valor de la Justicia así como se ensalza la labor de sus profesionales.
Bandos enfrentados en todos y cada uno de los asuntos que afectan a la sociedad y que trasladan la polarización a todos los ámbitos, generando enfrentamientos, choques y fricciones, incluso, donde antes parecía no haberlas. La Justicia viene siendo uno de los temas que mayor tensión provocan, volviendo en el mes de septiembre a copar numerosos titulares ante la apertura del año judicial y las diferentes causas que se irán abordando en los tribunales.
La ley de nietos y las acusaciones al Gobierno de querer influir en las urnas
El acto inaugural del curso tendrá lugar en este jueves, cita que se producirá después de algunas decisiones que están generando debate y polémica. La primera de las que se pueden mencionar, por ejemplo, se producía este martes, cuando el Tribunal Supremo comunicaba su decisión de paralizar la inscripción en el censo electoral de aquellos que obtengan la nacionalidad española a través de la ley de nietos. No se trata de un freno total a su posibilidad de ejercer su derecho a voto en unas elecciones españolas, pero sí que para depositar una papeletas en las urnas deberán, primero, dejar acreditada su ascendencia demostrando su condición de hijo o nieto de exiliado.
No afectará solo a aquellos que soliciten ahora ampararse a la ley de nietos para obtener la nacionalidad, sino que, bajo esta resolución, también se suspende la inscripción de estos votantes en caso de estar inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero, conocido como voto CERA, para los próximos comicios que puedan darse en el horizonte cercano.
Esta novedad que se conocía el martes suponía que el Alto Tribunal aceptaba, de manera parcial, la petición que habían realizado tanto Vox como Iustitia Europea, formaciones que habían solicitado la suspensión de la participación de estas personas en las elecciones españolas.
Ahora bien, la decisión del Tribunal Supremo no ha sido recibida de la misma forma en el Gobierno de España que en los partidos de derecha. El Partido Popular y Vox han aplaudido esta paralización de la posibilidad de ejercer el derecho a voto para aquellos nacionalizados a través de la ley de nietos, pues consideraban que había una intención de influir en las urnas por parte de Pedro Sánchez, mientras que el Ejecutivo nacional se ha posicionado en contra al considerar que crea ciudadanos de primera y de segunda.
Ceuta, Marruecos, los informes sobre la crisis migratoria y la investigación en la Audiencia Nacional
El verano ha sido especialmente convulso en lo que al ámbito migratorio se refiere. La avalancha de inmigrantes irregulares que llegaron a Ceuta entre el 30 y 31 de julio no solo desestabilizó por completo a la ciudad autónoma, sino que ha generado una importante crisis política por la cual el Gobierno de España está siendo especialmente cuestionado.
En estas últimas semanas, la Audiencia Nacional ha asumido la investigación sobre esta entrada masiva de migrantes, al considerar que podría existir una conducta delictiva iniciada en el extranjero y dirigida contra la integridad territorial de España. La jueza María Tardón investiga posibles delitos contra la seguridad del Estado, organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio imprudente y lesiones.
Uno de los principales elementos de la causa es la posible participación de Marruecos. La investigación judicial apunta a una actuación "favorecedora" desde territorio marroquí, aunque todavía no existe una prueba judicial definitiva que atribuya la operación al Gobierno de Marruecos, que también rechaza esa acusación. El Ejecutivo español, por su parte, ha anunciado que se personará en el procedimiento. La Ciudad de Ceuta ya ha sido admitida como acusación particular, al ser considerada perjudicada directa. La investigación se encuentra todavía en una fase inicial y deberá determinar tanto qué ocurrió durante la entrada masiva como si existió una organización previa y quién pudo estar detrás de ella.
Esta es una causa que ha provocado controversia estos días, por un informe del CENIF, que había solicitado por la magistrada encargada del caso, en el que se señalaba que agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, habrían guiado a grupos de migrantes hacia determinados puntos de la frontera. La existencia de este informe, según aseguraron, era desconocida por parte del Ejecutivo nacional debido a que la magistrada había ordenado a los investigadores que no comunicaran su contenido a sus superiores, por lo que el documento llegó directamente al juzgado sin seguir la cadena habitual de mando policial.
La investigación abierta en la Audiencia Nacional se ha tornado otro punto especialmente delicado en el diálogo que se abre en torno al ámbito judicial. Por su parte, el Partido Popular está respaldando la investigación y ha puesto el acento en la posible existencia de avisos previos que el Ejecutivo no habría atendido. Los populares acusan directamente a Fernando Grande-Marlaska de "denegación de auxilio y dejación de funciones" y sostienen que el Gobierno recibió información que debía haber permitido anticipar la gravedad de lo ocurrido.
Desde el Gobierno de España, aunque no cuestionan formalmente que se esté llevando a cabo esta investigación judicial, si que se han mostrado críticos con la jueza encargada del caso, principalmente porque fue concejala del PP en Madrid antes de incorporarse a la carrera judicial. Tanto desde el Ejecutivo como desde otras formaciones de izquierda se está utilizando ese pasado político para cuestionar su imparcialidad, especialmente después de que la magistrada ordenara que el informe policial no fuera comunicado a los superiores de los investigadores. "Todo esto huele a chamusquina", llegaba a decir Óscar Puente, ministro de Transportes, en una entrevista.
Begoña Gómez y el juez Peinado, la fase de Instrucción llega a su fin tras eternizarse y corregir las instancias superiores al magistrado en múltiples ocasiones
La investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, encara su recta final después de dos años y medio de instrucción bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado, que cierra su carrera judicial con una proceso que ha resultado más que controvertido y que ha sido muy protagonista en el ámbito político. La causa nació en 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias y se centró inicialmente en la relación de Gómez con empresarios y en su actividad al frente de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Con el tiempo, Peinado amplió la investigación y llegó a plantear hasta cuatro delitos, señalando posibles infracciones de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
La instrucción ha estado marcada por sucesivas correcciones de instancias superiores así como advertencias a su manera de abordar la causa. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en febrero una primera decisión sobre el procedimiento con jurado por falta de fundamentación suficiente y, posteriormente, volvió a intervenir para limitar la acusación a dos delitos, tráfico de influencias y malversación, y dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas a Gómez, incluida la retirada del pasaporte.
En abril, Peinado dio por cerrada la investigación y volvió a encaminar el caso hacia el juicio. Tras las resoluciones de la Audiencia, las partes tuvieron que rehacer sus escritos y el juez convocó finalmente una audiencia preliminar celebrada este martes. Fiscalía y defensa pidieron el archivo, mientras la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, reclamó la apertura de juicio y 13 años de prisión. Ahora Peinado debe decidir si abre formalmente el juicio oral, que se celebraría ante un jurado popular. El magistrado prevé hacerlo antes de su jubilación, que llegará a finales de septiembre.
El acto de apertura del año judicial, una fecha compleja en los últimos años
La cita ya despertó polémica el pasado año, cuando Alberto Núñez Feijóo anunció su decisión de no asistir al acto inaugural del curso. A lo largo del 2025, el líder de los populares mantuvo una postura basada en negarse a participar en diversos actos institucionales que, tradicionalmente, han contado con la presencia de distintas figuras políticas, incluida la oposición, y representantes de organismos públicos. Una estrategia que mantenía con intención en mostrar un rechazo profundo a compartir espacio con Pedro Sánchez y su Ejecutivo.
Un gesto que, desde Génova, han venido pretendiendo que sirva como protesta y crítica al Gobierno de España, tanto por las causas judiciales que han surgido en el entorno del presidente del Gobierno como por la que consideran como una actitud ofensiva constante por parte del equipo de Pedro Sánchez hacia el sector de la judicatura, al que acusaban de lawfare. No solo por ello, sino también porque al acto asistiera el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien participó en la cita mientras estaba siendo juzgado en un proceso judicial que provocó especial debate tanto en el ámbito político como entre los profesionales de la Justicia.
Este año, desde Génova ya han comunicado que Feijóo sí estará presente en la apertura del año judicial para apoyar a la judicatura española en un momento en el que, tal y como apuntan desde el PP, el Gobierno de España ataca de manera continuada a los jueces. Un planteamiento que vuelve a poner sobre la mesa fricciones en torno al sector judicial y que vuelven a situarlo como uno de los ámbitos en torno a los que gira, principalmente, el debate político a día de hoy.
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