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Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para investigar si se produjo un delito de lesiones durante el incidente con un spray de pimienta protagonizado por la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, en el Congreso de los Diputados. El magistrado ha admitido a trámite la denuncia presentada por tres personas afectadas por la exposición al producto y solicitará a los denunciantes que aporten los partes de asistencia médica que permitan acreditar las consecuencias del suceso.
Por el momento, el procedimiento se encuentra en una fase inicial y no se ha citado a ninguna persona a declarar. El siguiente paso será comprobar la documentación médica de los denunciantes para determinar el alcance de las supuestas lesiones y valorar cómo debe avanzar la investigación.
Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando Vázquez, diputada del PP por Ourense, miembro de la ejecutiva nacional de Alberto Núñez Feijóo y portavoz de la formación en la Comisión de Interior, mostró un bote de spray de pimienta durante una sesión de control al Gobierno. En su intervención, la parlamentaria defendió que las niñas de Ceuta debían llevar este tipo de dispositivo para protegerse frente a posibles agresiones sexuales. Poco después, varias personas tuvieron que recibir atención por síntomas compatibles con la exposición al producto. Entre los afectados se encontraban integrantes de una delegación de Mauritania que se encontraba en las dependencias parlamentarias.
El PP reconoció que un trabajador vació el bote
La polémica se intensificó después de que trascendiera que el spray no solo había sido exhibido durante la intervención parlamentaria, sino que también había sido vaciado en los baños del Congreso. Tras ofrecer distintas versiones sobre lo ocurrido, el PP terminó reconociendo que un trabajador de la formación había recibido el bote de manos de Vázquez y había acabado de vaciarlo en varios aseos del edificio.
El incidente abrió un debate sobre las posibles responsabilidades derivadas de la exposición al producto y sobre las consecuencias que podía afrontar la diputada en el ámbito parlamentario. Sin embargo, la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre impide que la Mesa del Congreso pueda votar una eventual sanción en este momento.
La investigación judicial sigue ahora su propio curso. La admisión de la denuncia no supone que se haya acreditado la existencia de un delito, sino que el juzgado examinará los hechos denunciados y la documentación que aporten los afectados antes de decidir los siguientes pasos del procedimiento.
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