La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por un delito de prevaricación y malversación. La justicia cierra así la puerta a la imputación de la expolítica del Partido Popular por la eliminación de 135 ‘camas fantasma’ en el Hospital Puerta de Hierro que han costado a las arcas públicas 30 millones de euros. 

De este modo, la Audiencia Provincial de Madrid comparte el criterio de la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, que ya el pasado mes de noviembre rechazó la imputación de Esperanza Aguirre al considerar que no existían indicios suficientes para seguir adelante con este caso. 

El caso de las ‘camas fantasma’

Para entender el caso de las ‘camas fantasma’ hay que retrotraerse al día en que la la expresidenta regional descubrió que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda, estaba contemplado que las habitaciones fueran dobles. 

“No le gustó: las estancias debían ser individuales. Y así se hizo: se retiraron 135 camas. Ocurre que la Comunidad siguió pagando más de un millón de euros al año por ellas durante casi una década. Que cuando la presidenta regional Cristina Cifuentes, también del PP, llegó al poder, dejó de hacerlo, y actuó para recuperar parte de ese dinero. Finalmente, la justicia  dictaminó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del mismo partido, pagase casi 30 millones de euros a la empresa adjudicataria, que cobró con Aguirre por unas camas que nunca se han usado”, explica el periodista de ‘El País’ Juan José Mateo. 

La Fiscalía… y la Audiencia Provincial de Madrid 

Con la polémica decisión de la Audiencia Provincial de Madrid se pone fin a un caso que ha perseguido a Esperanza Aguirre desde hace 15 años. La Justicia echa por tierra la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que la exdirigente del Partido Popular fuese imputada por prevaricación y malversación. 

“Prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”, se afirmaba en el escrito de la Fiscalía. 

“Se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”. Durante casi una década, la Comunidad había seguido pagando, a razón de más de un millón al año, por unas camas que no se habían utilizado jamás. “La Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”, subrayaba la Fiscalía.