La batalla judicial entre Airbnb y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 da un nuevo giro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares presentada por la plataforma de alquiler turístico para suspender la multa de 64 millones de euros impuesta por el Gobierno en diciembre de 2025. La decisión obliga ahora a la compañía a hacer frente al pago de la sanción mientras continúa el procedimiento judicial.
Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, la resolución del TSJM rechaza paralizar el pago de la multa, una petición que Airbnb había formulado mientras se resolvía el fondo del recurso. Si bien, la empresa aún dispone de la opción de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
El origen de la sanción se remonta a las investigaciones realizadas por el Ministerio de Consumo, que detectó un total de 65.122 anuncios irregulares en la plataforma. Estos anuncios fueron finalmente retirados en julio de 2025 tras la intervención del Ejecutivo.
Las irregularidades identificadas apuntan a prácticas comerciales desleales hacia los consumidores. En concreto, Airbnb habría publicado anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, incumpliendo la normativa vigente en la mayoría de comunidades autónomas, que exige incluir el número de registro en la publicidad. Además, el Ministerio detectó casos en los que los números de licencia no se correspondían con los registros oficiales, así como anuncios que no informaban de forma veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
Estas conductas fueron calificadas como publicidad engañosa, lo que motivó la mayor parte de la sanción, que alcanzó los 63,98 millones de euros por una infracción grave. Esta cuantía equivale a seis veces el beneficio considerado ilícito obtenido por la empresa durante el periodo en el que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento del Ministerio.
A esta cifra se suman otras sanciones menores por diferentes incumplimientos, como los 10.000 euros por vulnerar obligaciones en contratos a distancia, otros 10.000 euros por obstrucción a la labor inspectora y 55.000 euros adicionales por incumplir medidas provisionales dictadas para proteger a los consumidores durante la tramitación del expediente.
Airbnb recurrió inicialmente la sanción, lo que permitió suspender temporalmente su pago. Sin embargo, el rechazo de las medidas cautelares supone un revés importante para la compañía, que deberá abonar la multa antes de que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso.
Consumo también debió actuar sobre anuncios en territorios ocupados por Israel en Palestina
La ofensiva del Ministerio de Consumo contra las malas prácticas en plataformas digitales no se limita al mercado nacional. El departamento de Pablo Bustinduy también ha intervenido recientemente en relación con la promoción de alojamientos turísticos situados en territorios ocupados por Israel en Palestina.
En este caso, Consumo instó a diversas plataformas online a retirar anuncios de viviendas ubicadas en asentamientos ilegales, al considerar que su comercialización podía vulnerar la normativa internacional y suponer una práctica engañosa para los consumidores. La medida se enmarca en la política del Ministerio de reforzar la transparencia y garantizar que la oferta turística cumpla tanto con la legalidad como con principios éticos.
Con estas actuaciones, el Ejecutivo refuerza su estrategia de control sobre el sector del alquiler turístico, un ámbito en plena expansión pero también marcado por controversias legales y sociales. La resolución del TSJM en el caso de Airbnb supone, en este contexto, un respaldo a la labor sancionadora de Consumo y un aviso a las plataformas digitales sobre la necesidad de cumplir estrictamente la normativa vigente.