Junts sacará adelante su ley de multirreincidencia con el respaldo de PP, Vox y PSOE

La reforma penal impulsada por Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia afronta este martes su votación definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados en un escenario político especialmente significativo: la iniciativa cuenta con más apoyos en la oposición que entre los socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez. Todo apunta a que la proposición de ley será aprobada con los votos del PSOE, el Partido Popular y Vox, mientras que las fuerzas situadas a la izquierda se desmarcan del texto.

La iniciativa legislativa, registrada por el grupo de Carles Puigdemont en marzo de 2024, ha tensado durante meses las relaciones entre el PSOE y su socio de coalición, Sumar, así como con otras formaciones que sostienen habitualmente al Gobierno en el Congreso, como Esquerra Republicana, EH Bildu y Podemos. Estos partidos han expresado de forma reiterada su rechazo a la reforma, al considerar que responde a una estrategia política orientada a satisfacer las exigencias de Junts en materia penal.

El recorrido parlamentario de la propuesta ha sido irregular. Tras su admisión a trámite por el Pleno, el texto permaneció meses paralizado, sin avances significativos, hasta que en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la falta de consenso con los socios de izquierdas del Ejecutivo volvió a frenar su tramitación, dejando la reforma en un segundo plano dentro de la agenda legislativa.

La situación cambió de forma abrupta tras el anuncio de Junts de romper el diálogo político con el Gobierno. En ese contexto, el PSOE accedió a reactivar la proposición y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia dio luz verde al texto. Ahora, el Pleno del Congreso deberá debatirlo y votarlo en su conjunto antes de remitirlo al Senado para culminar el procedimiento parlamentario.

Distancia con Sumar y los socios de investidura

El paso de la reforma por la Comisión de Justicia ya evidenció la fractura existente entre el PSOE y el bloque de izquierdas que habitualmente acompaña al Ejecutivo. En aquella votación, Junts logró el respaldo del PSOE, el PP, Vox y el PNV, mientras que Sumar, Bildu y Podemos votaron en contra. ERC, por su parte, optó por la abstención. Todo indica que este reparto de posiciones se repetirá en el Pleno, certificando el aislamiento del Gobierno respecto a sus socios en esta materia concreta.

Desde las formaciones de izquierdas se ha insistido en que el endurecimiento de las penas no aborda las causas estructurales de la delincuencia y que la reforma introduce elementos que pueden derivar en un uso extensivo del Derecho penal. Estas críticas no han sido compartidas ni por el PSOE ni por Junts, que han defendido la necesidad de reforzar la respuesta legal frente a determinados delitos reiterados.

Los principales cambios de la reforma penal

El texto que llega al Pleno introduce modificaciones tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM). Entre los cambios más destacados figura el endurecimiento de las penas por hurto cuando concurra multirreincidencia. En los casos en los que el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, se impondrá una multa de uno a tres meses. No obstante, la pena podrá elevarse hasta entre uno y tres años de prisión si el autor ha sido condenado previamente por al menos tres delitos menos graves.

La reforma incorpora además un nuevo agravante en los casos de sustracción de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que contengan datos personales, excluyendo expresamente los hurtos de móviles nuevos en establecimientos comerciales.

A través de una enmienda pactada entre PP, PSOE y PNV, el endurecimiento penal por multirreincidencia se extiende también a determinados supuestos de estafa cometidos con ánimo de lucro, cuando exista engaño suficiente para inducir a error a la víctima. En estos casos, la pena se graduará atendiendo al importe defraudado, el daño económico causado, la relación entre las partes y los medios empleados para cometer el delito.

Otra de las modificaciones relevantes, acordada entre el PSOE y el PNV, permitirá a los jueces imponer medidas cautelares que restrinjan la movilidad del investigado, como la prohibición de acceder a determinados barrios, municipios o comunidades autónomas, así como órdenes de alejamiento o de prohibición de comunicación con personas concretas.

Finalmente, mediante una enmienda ‘in voce’ pactada por Junts, PP y PNV, se introduce una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado ‘petaqueo’, es decir, el apoyo logístico a las narcolanchas mediante el transporte o suministro de combustible de forma temeraria y en contra de la normativa vigente.