Junts lanza el primer aviso al Gobierno aprobando una reforma del PP que afecta a la Fiscalía

Tras anunciar Junts el pasado lunes que rompía relaciones con el PSOE, este martes ha lanzado su primer aviso permitiendo con su abstención la aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley del PP para modificar la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Con la abstención de los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont, se ha superado la toma en consideración de la proposición.

Esta aprobación en el Congreso llega el mismo día en el que el Gobierno ha aprobado la reforma judicial para que la instrucción de las causas penales recaiga en los fiscales y no en los jueces.

La propuesta del PP tiene como objetivo que el fiscal general del Estado no elija al responsable de proteger los datos personales que maneja la institución. En concreto, propone que el titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos sea elegido entre juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio profesional y conocimientos acreditados en materia de protección de datos. Su mandato sería de cinco años no renovable y su cese solo podría producirse por incapacidad o incumplimiento grave, apreciados por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal.

Esta proposición de ley recupera así la fórmula anterior a la reforma que, según el Grupo Popular, "garantizaba la independencia y neutralidad" de la autoridad encargada del control de datos en el Ministerio Fiscal.

Para el PP, la actual redacción del artículo 12.n del Estatuto "se aleja de los criterios de independencia y transparencia exigidos por la normativa europea" y que "no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función".

En paralelo con la aprobación de la reforma judicial del Gobierno

Esta jugada de PP y Junts llega después de que este martes en Consejo de Ministros se haya aprobado la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), en manos del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños, en la que se suscribe la forma en la que se dirigen las investigaciones penales, actualmente a cargo de los jueces de instrucción para trasladar dicha responsabilidad a los fiscales. 

La norma del Gobierno también permitirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno y limitará la figura de las acusaciones populares para dejar fuera a los partidos políticos. Un proyecto de ley que viene con la razón de ser de modernizar el proceso penal a los tiempos que corren. 

"Quiero decirles que en demasiadas ocasiones se utiliza el término histórico. Permítanme, en esta mesa, que después de 143 años utilicemos el término histórico. (…) Han tenido que pasar más de 80 reformas”, ha ahondado Bolaños en rueda de prensa desde Moncloa, aduciendo así a un proceso largo por el que ha emanado la normativa que, ahora, deberá pasar por el examen parlamentario.