La investigación judicial sobre el colapso de la pasarela de El Bocal, en Santander, que causó la muerte de seis jóvenes el pasado 3 de marzo, ha dado un giro relevante al situar la responsabilidad del mantenimiento en la Demarcación de Costas en Cantabria, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
La magistrada encargada del caso concluye que esta entidad era la única obligada a garantizar la conservación de la infraestructura, al tratarse de una obra que nunca fue finalizada ni oficialmente entregada al Ayuntamiento. Este elemento resulta clave en la causa, ya que, según el auto judicial, la administración local no llegó a asumir competencias sobre su mantenimiento al no haberse completado el proyecto de la senda costera en la que se integraba la pasarela.
A partir de esta premisa, la jueza ha decidido dirigir acciones penales contra dos responsables técnicos de Costas, siendo, concretamente, el jefe de servicio de proyectos y obras y el director de obras vinculado al proyecto. Ambos ocupaban cargos directamente relacionados con la supervisión y conservación de la infraestructura.
El análisis de la documentación y de los informes periciales apunta, además, a posibles deficiencias graves en el mantenimiento. En particular, la investigación subraya que la última intervención realizada en la pasarela, en el verano de 2024, se centró exclusivamente en la reparación de elementos de madera, sin abordar el deterioro de las partes metálicas, que presentaban un avanzado estado de oxidación. Este desequilibrio en las actuaciones de conservación es considerado por la magistrada como un indicio relevante de negligencia.
Asimismo, el auto recoge que la estructura llevaba años abierta al público sin restricciones, pese a no haber sido concluida formalmente. Esta circunstancia refuerza la obligación de la administración responsable de garantizar su seguridad, al tiempo que abre interrogantes sobre la gestión preventiva de los riesgos asociados al deterioro visible de la pasarela.
Aunque la responsabilidad principal recae sobre Costas, la resolución judicial también apunta al papel del Ayuntamiento de Santander en materia de seguridad. En este sentido, recuerda que la administración local debía actuar en caso de detectar riesgos evidentes, mediante medidas como el cierre o señalización del acceso a la zona afectada.
La jueza ha solicitado nuevos informes periciales para profundizar en las causas del derrumbe y determinar si las actuaciones realizadas fueron suficientes. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer responsabilidades en una tragedia que ha generado una fuerte conmoción social y ha reavivado el debate sobre la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras públicas.